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Semáforo Anticorrupción: ¿cómo van los estados?  

Max Kaiser y Fernando Alcázar | 01.06.2017
Semáforo Anticorrupción: ¿cómo van los estados?  

La democracia mexicana ya no está sólo en manos de los partidos políticos. El monopolio que éstos tenían sobre el futuro del Estado mexicano ha desaparecido. Para diseñar leyes y plantear alternativas de política pública ya no es indispensable tener un cargo público. Hoy, desde la sociedad civil organizada es posible crear e influir directamente en la política nacional. Un vivo ejemplo de esto es el nacimiento del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Surgió del más intenso esfuerzo de cocreación legislativa de la historia del país. Gobierno, Congreso y sociedad civil organizada trabajaron de la mano para crear el marco jurídico que lo sostiene. Y precisamente por eso, ahora le toca a los mismos tres actores cuidar su debida implementación.

El 18 de julio de este año es una fecha importante. Ese día, las constituciones y las legislaciones estatales deberán estar listas para incorporarse al SNA. No es un reto menor. En el pasado, los intentos por crear sistemas nacionales, de leyes armónicas y complementarias, han sido poco exitosos.

Esto es entendible en un sistema federal. Las dinámicas políticas de un Congreso nacional bicameral y 32 congresos locales suelen ser completamente distintas entre sí. Además de las composiciones partidistas diversas, cada estado tiene sus propios conflictos sociales, a los que su clase política reacciona de manera diferente. Así, los procesos legislativos de cada localidad tienen su propia explicación y dirección.

Esto suele considerarse como un beneficio del sistema federado: cada estado atiende sus propias necesidades, con sus propios recursos políticos.

Pero existen algunos temas en los que la homogeneidad de principios —reglas, órganos y procesos— es imprescindible. El combate a la corrupción es uno de esos temas.

La eficacia del SNA debe ser la misma en Oaxaca que en Nuevo León, en Campeche que en Sonora. Un corrupto debe ser juzgado de la misma manera, a través del mismo tipo de órgano, y con los mismos procesos y criterios, a nivel federal y en cualquier entidad de la República.

Para esto, el Constituyente permanente le dio facultades al Congreso para crear una Ley General que distribuyera competencias, estableciera funciones y generara criterios homogéneos en todo el país.

La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción establece que los sistemas locales anticorrupción (SLA) deben contar con estructuras y facultades equivalentes a las que tiene el órgano nacional. Los elementos esenciales del SNA deben quedar reflejados en las constituciones y legislaciones locales, y son precisamente estos dos elementos los que se analizan en el Semáforo Anticorrupción que hicimos el IMCO, Transparencia Mexicana y la Coparmex.

El Semáforo Anticorrupción es un parámetro objetivo de evaluación de las reformas constitucionales y leyes para los SLA. Documenta y estudia la calidad legislativa de las constituciones y leyes locales, como marco jurídico de éstos. Lo hacemos con base en diez criterios constitucionales y 30 criterios para la ley que crea el Sistema Local.

 

Los diez criterios para una reforma constitucional adecuada son:

1. Establecer el SLA del estado como una instancia en la entidad.

2. Un Comité Coordinador con siete miembros.

3. Un Comité de Participación Ciudadana con cinco miembros, uno de los cuales preside el SLA.

4. Redefinición de las atribuciones y facultades del Órgano de Fiscalización Superior del Estado: fortalecer sus atribuciones fiscalizadoras y garantizar su autonomía técnica y de gestión.

5. Otorgar facultades al Órgano de Fiscalización Superior del Estado, la Contraloría General y a los Órganos Internos de Control, según corresponda, para conocer, investigar y sustanciar faltas administrativas graves y no graves. Adicionalmente, sancionar las no graves.

6. Introducir las modificaciones relevantes en cuanto a las responsabilidades de servidores públicos y particulares vinculados con faltas administrativas graves o hechos de corrupción.

7. Hacer obligatoria la presentación de la declaración de intereses, patrimonial y fiscal (“3 de 3”) para todos los servidores públicos.

8. Definir el régimen de la Procuraduría de Justicia del estado, inclinándose por una autonomía real del Ejecutivo.

9. Crear una Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción.

10. Para los estados que no cuentan con un Tribunal de Justicia Administrativa, establecer la creación de este órgano jurisdiccional. Una vez creado, y para los ya existentes, determinar responsable de la sanción de las faltas administrativas graves al Tribunal Administrativo. 

 

Los 30 criterios para la Ley del SLA son:

1. Sistema en general

a. Principios que rigen el servicio público

b. Objeto del SLA

c. Integración del Sistema

2. Comité Coordinador

a. Comité Coordinador Local

b. Presidencia Ciudadana

c. Facultades del Comité Coordinador

d. Integrantes del Comité Coordinador

3. Comité de Participación Ciudadana

a. Comité de Participación Ciudadana (cpc) local

b. Procedimiento de nombramiento del cpc

c. Esquema de rotación

d. Atribuciones del cpc

e. Presidente representante

4. Secretaría Ejecutiva (SE)

a. Establecimiento de la SE

b. Auditorías a la SE

5. Órgano de Gobierno

6. Comisión Ejecutiva (CE)

a. Cargos de la CE

7. Secretario Técnico (ST)

a. Nombramiento del ST

b. Remoción del ST

c. Requisitos del ST

d. Funciones del ST

8. Sistema Nacional de Fiscalización (SNF)

a. Obligaciones Entidades Estatales de Fiscalización (EEF) y Secretarías de Control Interno

b. Directrices a EEF y Secretarías de Control Interno

c. Caso de ser miembros del SNF

9. Sistema Local de Información

10. Esquema de Recomendaciones

a. Recomendaciones del Comité Coordinador

b. Recomendaciones no vinculantes y respuesta fundada

 

El seguimiento se divide en dos semáforos: uno que evalúa las reformas constitucionales o iniciativas de reforma constitucional, y otro que evalúa las leyes o iniciativas de ley para el SLA. Así, se revisa primero si el estado cuenta con una reforma ya hecha o una iniciativa, y después si éstas son adecuadas. A partir de esta revisión, se otorgan puntajes de 0, 50 y 100, atendiendo a qué tanto se cumple con el criterio.

 

El resultado final, como puntaje, coloca tanto a las reformas como a las iniciativas y a las nuevas leyes como satisfactorias (85%-100%), regulares (70%-85%), o deficientes (0%-70%).

La primera vez que publicamos el Semáforo Anticorrupción, con fecha de cierre al 28 de febrero, solamente dos estados contaban con una reforma y ley del SLA satisfactoria, diez contaban una reforma constitucional satisfactoria, y tres presentaban problemas serios con sus reformas. Los demás contaban con una reforma constitucional e iniciativa de ley; con reforma, pero sin iniciativa de ley; o con iniciativa de reforma constitucional. Se reportaron un total de nueve estados que no contaban con ningún tipo de trabajo.

Para la segunda publicación, con fecha de cierre al 31 de marzo, tres estados ya cuentan con una reforma y ley del SLA satisfactoria, y 16 ya cuentan con, por lo menos, una reforma e iniciativa de ley. De dichas iniciativas, diez cumplen con, por lo menos, el 70% de los criterios establecidos por nuestra Ley modelo. Solamente cuatro entidades estuvieron reportadas como estados que no contaban con ningún tipo de trabajo.

Para la tercera publicación, con fecha de cierre al 18 de Mayo, cuatro estados más pasaron a tener una reforma constitucional satisfactoria. En total, 22 entidades ya cuentan con una reforma constitucional (14 satisfactoria y ocho regular). Morelos, uno de los tres estados que habíamos identificado como gravemente problemático, pasó de tener una reforma constitucional deficiente a satisfactoria, ya que emprendió cambios legislativos para modificar su constitución y armonizarla con los criterios de la metodología

Respecto a las leyes para los SLA, ocho estados se sumaron con una ley del SLA (seis satisfactoria y dos regular) a los tres previamente reportados. Es decir, contamos ya con 11 estados que pueden emprender todos los procesos adicionales para la implementación de sus SLA. Pareciera que la presión a la que fueron sometidos a partir de la publicación fue efectiva (ver gráficas 1 y 2).

 

 

 

El primer reporte generó preocupación. Parecían demasiadas las entidades que aún no iniciaban con ninguno de los dos procesos. En tan sólo un mes se aprecia un buen avance, pero sobre todo una tendencia.

Con el Semáforo Anticorrupción, las organizaciones de la sociedad civil tenían una herramienta concreta para ejercer presión y elementos objetivos para participar en la discusión. Y los utilizaron.

Un instrumento de seguimiento y monitoreo se ha convertido a la vez en una eficaz herramienta de presión y participación política de la sociedad.

El movimiento social que provocó la creación del SNA también creó una nueva forma de participación en la política: la de la creación compartida de leyes. Sociedad, gobiernos y congresos pueden sentarse en la misma mesa para crear una nueva realidad. La corresponsabilidad es el nuevo elemento creativo de la democracia mexicana. EstePaís

 

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Max Kaiser es director Anticorrupción del IMCO  <@MaxKaiser75>. Fernando Alcázar es investigador del IMCO <@FerAlc23>.

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