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Sociedad civil y gobierno. Los consejos económicos y sociales

 Julio Faesler Carlisle | 01.06.2017
Sociedad civil y gobierno. Los consejos económicos y sociales

Por fin hemos despertado a la realidad de que hay que labrar el desarrollo integral de México sin más fuerzas que las nuestras.

Determinar el aprovechamiento de nuestros recursos humanos y materiales debe hacerse en casa. Terminó la etapa en que dependíamos de la buena voluntad, de los recursos económicos y técnicos, y hasta de las decisiones fraguadas en el exterior para progresar. Esto quiere decir que el gobierno y los actores económicos mexicanos, y no los de fuera, son los que tenemos que identificar como nuestros potenciales y decidir qué fórmulas aplicar para su explotación. Hasta ahora esto no ha sucedido. Una obsesión por lo extranjero todo lo percude.

Al igual que sucede en muchos otros países, en México el agotamiento de los clásicos paradigmas nos está obligando a revisar el rumbo que lleva la sociedad, el patrón económico que hemos adoptado y las verdaderas dimensiones de los huecos sociales que heredamos y que esperan atención. Nuestras relaciones con los vecinos y las alianzas regionales han de revisarse. Hasta posibles modelos de ejercicio del poder podrían estar bajo la lupa. Tanto en los países económicamente más importantes del mundo, como los más necesitados, hoy se estudian ajustes políticos que dieran la clave para resolver tercos retos sociales.

Algunos cambios que aquí tenemos que operar en lo interno coinciden con los que están en proceso en varios países europeos, latinoamericanos y asiáticos, y esto puede ser ocasión para ensamblar mejor nuestras relaciones económicas con ellos.

Aunque algunos estiman que el clima de aislamiento y proteccionismo que despunta en el mundo no favorece que en estos momentos busquemos nuevas opciones económicas en centros internacionales de decisión, tan pendientes de certificadoras profesionales poco confiables. Pero también es un hecho que, por encima de todo, algunas empresas internacionales de importancia, con visión de futuro, muestran interés en las oportunidades que México ofrece. Inversionistas estadounidenses, europeos y asiáticos han reaccionado en favor de nuestro país, al que perciben moderno y competitivo.

 

Estados Unidos y México

La innegable presencia de Estados Unidos en el panorama mexicano hace necesaria una referencia a este país en el contexto de la sociedad civil.

 Durante todo el siglo pasado y lo que va del actual, nuestro vecino al norte ha brindado apoyo a los gobiernos mexicanos. Salvo en el muy peculiar caso de Cuba en cuanto a su pertenencia a la oea, la política internacional de México en mucho ha coincidido con los principios que guían a los Estados Unidos. Transitar así, en sintonía, hizo que se afirmara esta asociación que sólo habría faltado sellar con un acuerdo formal esa comunidad de propósitos.

Con la entrada de Donald Trump a la presidencia, en enero de 2017, el escenario estadounidense se volvió imprevisible. Los posibles virajes en las relaciones bilaterales pueden afectar seriamente el flujo de nuestros intercambios comerciales y de inversiones, y muy especialmente el tono y trato a la migración recíproca que nos enlaza.

La alarma que provocó en México el solo anuncio de una revisión del TLCAN propuesta por la administración estadounidense, que vendría a desajustar los innúmeros enlaces económicos con la agricultura y la industria mexicanas, indica lo frágil que se ha convertido lo que veíamos inserto en un marco conocido y confiable. Hoy día la suerte de dichas relaciones pende de las propuestas que habrán de llegarnos desde Washington, incluso la cancelación del TLCAN, y que hay que conocer en detalle antes de anticipar reacciones.

Hay que blindarnos de las repercusiones de eventos perjudiciales que afecten nuestro desarrollo descubriendo nuevas opciones para nuestro comercio exterior. Lo anterior significa que ya no es aceptable que la aportación del empresariado en las decisiones al más alto nivel se siga limitando a expresar sus pareceres y exigencias. Es muy urgente que contribuya con su creatividad, firmeza y sus vastos recursos al diseño y la realización de común acuerdo con el gobierno a una estrategia de comercio internacional plenamente integrada al desarrollo social del país.

Ha terminado la cómoda conformidad en que desde hace décadas el sector privado vive contento y tranquilo sin más preocupación que el vender y comprar artículos y servicios en el mercado del TLCAN y obtener del gobierno las facilidades del caso.

 

La sociedad civil

En la coyuntura que vivimos, la contribución de la sociedad civil mexicana es más trascendental que nunca.

Son muchas y muy diferentes las organizaciones comprendidas en la sociedad civil. Algunas son de asistencia, otras son cooperativas o fundaciones de gran relieve en materia médica, científica, cultural, docente o asistencial. Algunas se limitan a trabajar con sus propios miembros gremiales, otras se vinculan con otras similares.

La vida en México sería mucho más difícil a no ser por la entregada actividad de la sociedad civil en cuestiones de salud, atención a los sin hogar, educación, y apoyo alimentario a las clases desposeídas. Las organizaciones sociales también han contribuido en forma definitiva a la maduración de nuestro sistema político. Hay sociedades políticas y otras con simples miras económicas, es decir empresariales.

En el primer caso, hace pocos años la sociedad civil organizada trabajó con un gobierno reacio a cambiar moldes obsoletos de la vida política electoral.

Es, por otra parte, a esa misma sociedad, que incluye una definida e influyente comunidad empresarial, a la que compete trabajar de pareja con el gobierno que no puede realizar, por sí solo, los cambios en las estructuras sociales, económicas y culturales que México requiere.  

El proceso, donde la comunidad empresarial es indispensable, debe ser simultáneo y siempre consensado por los sectores público y privado.

La manera más indicada para articular los esfuerzos del gobierno y los miembros de la sociedad civil es invitar a sus representantes a compartir percepciones sobre el estado de ánimo en la comunidad nacional, con información exacta de sus carencias y necesidades, para luego, en coordinación con las autoridades competentes, evaluar propuestas de solución. El resultado de ese proceso realizado por un organismo apropiado es la formulación de recomendaciones y proyectos de legislación que formen parte de un consenso integral de desarrollo.

 

Los consejos económicos y sociales

La fórmula ya ensayada en muchos países es la de los consejos económicos y sociales (CES) que reúnen a empresarios, académicos, personalidades políticas, representantes de la sociedad civil, incluyendo el sector social, con funcionarios de gobierno responsables auspiciando un diálogo social directo y franco sobre los asuntos importantes del momento. El objetivo del diálogo social es contribuir a la definición y mejora de las políticas públicas para la inclusión social, el combate a la pobreza y el desarrollo equitativo y sostenible.

En sus sesiones periódicas se comparten planteamientos y experiencias identificando vías de solución mediante acciones colectivas. El ejercicio busca consensar criterios que guíen las decisiones políticas haciendo llegar al gobierno recomendaciones específicas o propuestas legislativas concretas.  

Según un estudio realizado por la Fundación Internacional para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (fiiapp), la democracia participativa hace llegar a los gobernantes la percepción pública sobre el estado de cosas en el país y las opiniones ciudadanas sobre las diversas esferas de su interés dentro del sistema socioeconómico total. Al participar en consultas, diálogos o concertaciones sociales, los CES construyen democracia participativa. 

Mientras más se reconoce una crisis política, más se requieren dosis de legitimación institucional, al igual que una crisis económica hace necesario intensificar el papel de la concertación social. Como instituciones públicas que forman parte del entramado institucional, los CES provocan la interlocución entre los sectores público y privado para favorecer la participación de los interlocutores sociales y las representaciones de la sociedad civil en la vida pública y, así, responder a las crisis.

El ejercicio que se menciona requiere la voluntad y atención personal del jefe de Estado como único actor político con autoridad sobre el Poder Ejecutivo, elemento imprescindible para asegurar que el proceso resulte exitoso en términos de consensos que produzcan recomendaciones o incluso proyectos de acción.

Los CES existen en Europa, América Latina, Asia y África desde hace tiempo. Hoy en día los hay en más de 60 países tan diferentes como Corea del Sur, Italia, Irlanda, Rusia y Polonia, incluyendo otro en la Unión Europea y el Mercosur.

 

El Consejo Económico y Social de Francia

El más antiguo de los CES es el francés (1958), que ha servido de modelo a muchos otros como el italiano y el portugués. Sus 231 miembros, designados por un periodo de cinco años, proceden de organizaciones sindicales, profesionales, organismos de mutualidades y asociaciones familiares.

Dicho Consejo es independiente de los poderes Ejecutivo y Legislativo, y emite recomendaciones sobre políticas sociales y económicas, además de ejercer una función evaluadora de la actuación pública.

 

El Consejo español

El CES de España fue creado en 1991 y reúne a 61 miembros: trabajadores, empresarios, consumidores, gente de los sectores agrario, marítimo-pesquero y del de la economía social, así como a expertos. Las funciones son consultivas en materias socioeconómicas y laborales. De carácter autónomo, emite dictámenes preceptivos o facultativos al gobierno o a los organismos sectoriales. Su presidente es nombrado por el gobierno con aprobación de dos tercios de los miembros del Consejo.

 

El caso brasileño

En Brasil sesionan el CES y el Foro Nacional del Trabajo. El primero, creado en 2003, presidido por el presidente de la República, e integrado por 102 consejeros entre trabajadores, empleadores, banqueros, movimientos sociales y religiosos, personalidades distinguidas y funcionarios de gobierno. El segundo, presidido por el Ministro de Trabajo, con 72 miembros procedentes de los sectores de trabajo, empresarios, gobierno, micro y pequeñas empresas.

 

Casos mexicanos

Un estudio del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la unam menciona como un antecedente mexicano de los consejos la propuesta en 1927 del presidente Plutarco Elías Calles de crear un Consejo Consultivo Oficial Permanente “abierto a todos los sectores, que tendría como función de consultar y tomar en cuenta los distintos sectores del país para promover su desarrollo”.

 

Comisiones estatales mixtas de comercio exterior

En el sexenio del presidente Luis Echeverría, se crearon las comisiones estatales para el comercio exterior, dependientes del Instituto Mexicano de Comercio Exterior (IMCE) para promover la participación ciudadana en ese campo.

Estas entidades mixtas fueron establecidas en cada estado de la República para poner a los productores locales en contacto con sus posibles clientes extranjeros, a la vez de promover en cada localidad la creación de nuevas ofertas de productos y servicios exportables que eran comunicadas a las consejerías comerciales en el exterior para ser promocionadas en sus respectivos mercados. En cada sesión se estudiaban para su posible aprobación proyectos para crear “ofertas exportables”.

Las comisiones se formaron con productores locales, funcionarios estatales y municipales, representantes de bancos oficiales de desarrollo y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC). Cada comisión elegía su presidente de entre sus miembros y el secretario ejecutivo era el representante del IMCE en la entidad.

La composición mixta aseguraba coordinación y compromisos de las autoridades para extender los apoyos administrativos y financieros necesarios.  

 

Otros ejemplos

Hay otros ejemplos actuales de organismos de diálogo social, como el Consejo Técnico Consultivo de la Ley Federal al Fomento de las Actividades de la Sociedad Civil, el Comité Nacional de Productividad de la SHCP o los consejos de Chihuahua, Jalisco y la Ciudad de México, que revisaremos enseguida.

 

Consejo estatal de Chihuahua

Fundado en diciembre de 2004, el Consejo Económico para el Desarrollo de Chihuahua (Codech) ha reanudado ahora una intensa actividad con el nuevo gobierno estatal encabezado por Javier Corral. Integrado por empresarios rurales e industriales y los funcionarios responsables de cada área, monitorea la marcha del Plan Económico del Estado, formula recomendaciones para éste y para el gobierno del estado, y promueve nuevas unidades de producción con especial visión al campo. En 2017 ya emprende proyectos industriales y científicos en materia de biotecnología y desarrollo regional.

 

Jalisco

El Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco para el Desarrollo y la Competitividad (Cesjal) fue creado en 2005 por el gobernador Francisco Ramírez Acuña. Se trata de un órgano ciudadano, colegiado y autónomo diseñado para ser consultado por las autoridades estatales y municipales sobre proyectos de leyes y sobre políticas económicas y sociales.

Integrado por siete representantes de cada sector público, académico, social y privado, el Consejo realiza estudios de prospectiva, recomienda proyectos de alto impacto, monitorea la marcha del Plan Estatal de Desarrollo, formula proyectos de legislación y organiza simposios y conferencias sobre el desarrollo del estado. El Consejo se reúne al menos una vez al mes.

 

Consejo para el Diálogo con los Sectores Productivos

El Consejo para el Diálogo con los Sectores Productivos fundado en 2001 se integraba por 64 consejeros empresariales, trabajadores y de la academia, las secretarías de Estado, organizaciones de los sectores obrero, campesino, empresarial y educativo e invitados permanentes como la Comisión de Abasto, INEGI, STUNAM, Stinfonavit, AMIB, SNTSS y Comce.

Encabezado por el presidente de la República y con el secretario del Trabajo actuando como secretario ejecutivo, el Consejo funcionaba como órgano de consulta para políticas sociales, fiscales, laborales, agrícolas y hasta las relativas a la reforma política.

 

CES de la Ciudad de México

En diciembre de 2009 se creó el CES de la Ciudad de México, constituido por 62 miembros que incluyen representantes de sectores de empresarios, sindicatos, académicos, sociedad civil, organizaciones profesionistas, legisladores federales y asambleístas y jefes delegacionales. El Consejo está encabezado por el jefe de Gobierno del Distrito Federal.

Las funciones del Consejo son estudiar los problemas de la ciudad, promover la participación ciudadana en los proyectos de Plan General de Desarrollo y presentar recomendaciones para éste.

 

Asociación Internacional de CES

México fue recibido en 2006 como miembro de la Asociación Internacional de Consejos Económicos y Sociales e Instituciones Similares (AICESIS) que reúne a los CES de todo el mundo. La AICESIS sesiona al menos dos veces al año para revisar y coordinar actividades y proponer nuevas. Su presidente actual es el presidente del CES de República Dominicana.  

La Asociación cuenta con un Fondo de Desarrollo que se emplea en proyectos para mejorar condiciones sociales y competitivas. El Consejo y su Comité Directivo se reúnen cuatro veces al año.

 

La ONU y los CES del mundo

El Consejo Económico y Social de la ONU (Ecosoc) tiene la función de estudiar los problemas económicos y sociales del mundo y formular recomendaciones a los gobiernos, promover la coordinación de recursos financieros y humanos, y las actividades de los Fondos adscritos a él, como las de un gran número de entidades económicas, científicas y sociales como las comisiones económicas regionales. El Ecosoc mantiene constante relación con los gobiernos miembros y con asociaciones académicas y empresariales y con más de 2 mil 100 organizaciones no gubernamentales del mundo. Elige 54 países miembros por periodos de tres años y sesiona una vez al año.

 

Evaluación de la CEPAL

Un examen hecho por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en 2006 describió las diferentes modalidades de operación de los CES latinoamericanos. Entre ellos, el de Perú funciona como Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo reuniendo a trabajadores, empleadores y funcionarios de gobierno bajo la égida del Ministerio de Trabajo. En todos los casos los CES son un elemento de contribución tangible al desarrollo socioeconómico nacional.

 

Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar

Promovido por el gobierno, y firmado en enero de 2017, este Acuerdo es resultado de una concertación de acciones compartidas de los sectores obrero y empresarial: proteger a la economía familiar, apoyar inversiones de 2017 y 2018, promover nuevos proyectos y mantener la creación de empleos, y el crecimiento económico y la competitividad. Por su parte, los gobiernos federal y locales asumieron compromisos como el control presupuestal y de la inflación y la promoción de inversiones. El seguimiento de esos acuerdos corre a cargo del Comité Nacional de Productividad presidido por el secretario de Hacienda y Crédito Público.

 

Conclusiones 

1. Hasta ahora la responsabilidad de dar solución a los problemas económicos y sociales de México ha recaído básicamente en la acción oficial. Hoy en día el carácter y la magnitud de esta tarea rebasa con mucho las funciones y la capacidad del gobierno.

2. La sociedad civil ya atiende con éxito un sinnúmero de aspectos de la vida y el desarrollo nacional con sus asociaciones, organismos no gubernamentales, fundaciones, instituciones privadas y una exitosa actividad empresarial.

3. La sociedad civil no es un simple componente del Plan Nacional de Desarrollo previsto en la Constitución, sino que tiene igual importancia que el gobierno en la tarea de construir un desarrollo nacional equilibrado e integral.

4.  No se necesitan más entidades oficiales como los conocidos pactos y acuerdos o el recién creado Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, sino concertar las acciones de los sectores público y privado, particularmente de la contribución determinante del empresariado, en una respuesta clara y eficaz a los muchos retos que el país enfrenta.

5. El diálogo social abierto y dinámico que se da en los CES es el instrumento adecuado para identificar y examinar los temas de relieve en la agenda socioeconómica nacional, como son la atención a las demandas sociales en materia de salud, educación, empleo, distribución del ingreso, reducción de las desigualdades económicas y culturales y alternativas para el desarrollo.

6. Un CES Nacional como los que funcionan en más de 60 países y algunos de nuestros estados ofrece el ámbito práctico de diálogo social para definir y coordinar las responsabilidades de los representantes del gobierno con las acciones de las organizaciones sociales y del empresariado. Crea, también, espacios para concertar planteamientos y producir recomendaciones al gobierno y al Poder Legislativo dentro del objetivo de un desarrollo nacional integral, cumpliendo, de paso, con los artículos 25 y 26 constitucionales que prevén la preparación del Plan Nacional de Desarrollo al que todos los sectores sociales están obligados a contribuir.  

7. Para que el CES Nacional no sea percibido como la responsabilidad de sólo uno de los altos funcionarios, será necesario que sea presidido por el jefe del Ejecutivo Federal.

8. La puesta en marcha de un CES Nacional sería un histórico paso hacia la democracia económica participativa que falta en la vida de nuestro país. EstePaís

 

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JULIO FAESLER CARLISLE es  abogado y economista, activo en movimientos cívico-electorales, ha sido el primer director del Instituto Mexicano de Comercio Exterior, diputado federal y embajador en la India. Actualmente es consultor.