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Educación: tres reformas

Gilberto Guevara Niebla | 01.09.2017
Educación: tres reformas

México vive, en educación, transformaciones institucionales bajo el impulso arrollador del cambio cultural, del cambio tecnológico y de las nuevas exigencias sociales. El ciclo histórico de las instituciones educativas que se forjaron por efecto de la Revolución mexicana parece estar cerrándose; se inicia ahora, al parecer, un nuevo ciclo de renovación que apunta a remontar la crisis educativa y a vincular estrechamente la escuela con la sociedad. En la base del cambio está el anhelo de cumplir el derecho inalienable de todas las personas a recibir una educación de calidad, pero se quiere, además, que la actividad educativa responda con eficacia a las nuevas demandas sociales: la democracia, el desarrollo económico, la pobreza, la desigualdad y la diversidad cultural; en suma, hacer de la educación un motor efectivo del desarrollo nacional.

 

Antecedentes

La lucha armada de 1910 propulsó una auténtica revolución educativa. Entre 1920 y 1940 las políticas sociales del Estado se orientaron a apoyar prioritariamente a los campesinos y a la producción agrícola, aunque, por momentos, se les vistió con ideologías socializantes. En ese contexto surgió la escuela rural mexicana y las normales rurales que ayudaron a forjar la imagen del maestro que luchaba por la justicia social; fue la época heroica de la educación mexicana que dejó una herencia perdurable en el magisterio.

Muchos datos coinciden en apuntar que entre 1935 y 1965 se produjo el apogeo del sistema educativo mexicano, pero que, terminado este ciclo, comenzó a emerger una crisis que se agravó hacia finales del siglo XX y principios del XXI.

En el periodo siguiente, a partir de 1960, se produjo una expansión sin paralelo del sistema educativo nacional: la matrícula pasó de 3 millones (1960) a 30 millones de alumnos (2000). La explosión demográfica afectó, a la larga, la calidad de la educación. En este contexto de expansión aparecieron los primeros signos de que la educación estaba experimentando una declinación, fenómeno que fue documentado por las evaluaciones que comenzaron a darse en los ochenta y los noventa (ver Tabla 1)

 

 

Las mediciones de aprendizajes que se presentan en la Tabla 1 arrojan evidencia incontestable de que la educación que impartían las escuelas mexicanas de primaria y secundaria era de muy baja calidad. México había logrado la hazaña de construir un sistema escolar de enormes dimensiones, pero los resultados de su educación eran lamentables. ¿Qué hacer para enfrentar esta crisis?

 

El acuerdo de 1992

La primera respuesta vigorosa se dio en 1992 con la firma de un acuerdo nacional para la modernización de la educación básica que introdujo cambios en varias esferas. El más importante fue la transferencia (de la operación) de las escuelas federales a los gobiernos de los estados. Junto con eso, se creó un sistema de estímulos al desempeño docente, el programa Carrera Magisterial, una red de Consejos de Participación Social, nuevos planes y programas de estudio y una renovación en la formación inicial y continua de los maestros. Es difícil evaluar a la distancia los efectos del acuerdo de 1992 porque trajo innovaciones en múltiples frentes, pero se puede concluir que, aunque introdujo una redistribución democrática de las decisiones educativas en la esfera operativa del sistema, las funciones normativas (planes de estudio y didáctica) siguieron en manos del gobierno central. Esa redistribución acarreó un efecto político indeseado: contribuyó a potenciar la fuerza de las secciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (snte) —en varios estados surgieron cacicazgos locales— e hizo posible la gestación de la llamada “doble negociación”. Los consejos escolares, que habían sido concebidos como mecanismos de presión social para la mejora de las escuelas, por razones no claras nunca funcionaron. Carrera Magisterial, al inicio, entusiasmó y movilizó a los maestros, pero al poco tiempo, por la acción de los líderes sindicales, el mecanismo se corrompió. En 1997 se realizó la renovación de planes de estudio de las normales, acción que fue recibida con beneplácito por el magisterio.

 

La alianza por la calidad (2008)

Hacia fines de los años noventa, el snte se emancipó de la tutela priista y se convirtió, por lo mismo, en un poder “autónomo” o “no partidario”. No obstante, el Sindicato se volcó a apoyar la candidatura de Vicente Fox, candidato del pan, y en correspondencia, cuando éste arribó a la presidencia en el 2000, le otorgó a aquél un fuerte apoyo bajo la forma de numerosos beneficios y privilegios. Por iniciativa de la lideresa Elba Esther Gordillo se firmó en el 2002 el Compromiso Social por la Educación (CSE), y en los años siguientes la organización gremial fue favorecida con transferencias cuantiosas de dinero que —sin justificación alguna— le hizo la SEP. En el sexenio de Fox se impulsó con éxito el programa Escuelas de Calidad, se reformaron los planes de estudio de secundaria y se experimentó el fracaso escandaloso del programa Enciclomedia. Bajo el amparo del presidente, el snte comenzó a vivir años de éxitos políticos, pero sus líderes nunca abandonaron el viejo anhelo de dirigir la educación nacional.

En el sexenio siguiente las cosas se complicaron aún más. El presidente Felipe Calderón refrendó la alianza política del gobierno con el snte, lo que derivó, en el 2008, en la firma de la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE); los signatarios fueron exclusivamente el gobierno federal y el snte. Los propósitos declarados de la ACE fueron: (1) modernizar los centros escolares; (2) profesionalizar a los maestros; (3) procurar el bienestar de los alumnos; (4) ofrecer a los alumnos una formación integral, y (5) evaluar a todos los actores del sistema. Pero el acuerdo más importante fue que las políticas para la puesta en práctica de la ACE serían decididas, desde ese momento, por una comisión mixta central SEP-snte y
por comisiones mixtas en los estados, formadas por autoridades educativas locales y funcionarios del snte. En otras palabras, a través de una decisión cupular (en la cual no participó el legislativo ni las autoridades estatales), el gobierno federal decidió compartir (prácticamente ceder) la dirección de la educación nacional con una entidad privada con un historial tortuoso: el snte.

Por añadidura, el presidente nombró como subsecretario de Educación Básica a un pariente de la lideresa sindical. Como se observa, la alternancia en la presidencia no modificó el estilo de gestión de la educación que durante décadas impuso el pri en educación (basado en concesiones regulares y crecientes al sindicato), sino que lo llevó hasta el extremo de pisotear la regla constitucional que establece que la educación será pública y, por lo mismo, facultad exclusiva del Estado.

Los efectos negativos que tuvo esta política atrabiliaria sobre el sistema educativo son innumerables, pero la consecuencia más notable fue la generalización de la corrupción en el ámbito educativo: proliferó la venta de plazas; Carrera Magisterial fue objeto de manipulación indiscreta por parte de los líderes sindicales; los puestos de dirección educativa fueron copados por los líderes sindicales; la evaluación de aprendizajes (que se hacía por medio de la prueba ENLACE) —y que se usó para otorgar estímulos económicos a los maestros— también fue objeto de corrupción, etcétera. La postración y el desorden se instalaron en el sistema educativo. Los aprendizajes, medidos por pruebas como Excale, ENLACE y PISA, seguían siendo bajos en extremo (ver Tabla 2). Al salir Calderón la pregunta, de nuevo, fue: ¿qué hacer para superar la crisis?

 

 

La Reforma del 2013

En el 2012 el pri recuperó la presidencia y se promovió la firma de un Pacto por México que incluía un capítulo de Reforma Educativa. Esta Reforma tuvo, en un inicio, tres propósitos centrales: (1) la recuperación de la rectoría de la educación por parte del Estado; (2) el impulso a la profesionalización de los docentes, y (3) el fortalecimiento de la escuela.

El primero se logró desmantelando el sistema ilegal de “comisiones mixtas” SEP-snte y autoridades educativas locales-snte. Lo segundo se trató de lograr mediante una ley del servicio profesional docente (spd) que estableció que el ingreso, la promoción, el reconocimiento, la asignación de estímulos y la permanencia se harían conforme al mérito de cada profesor. El mérito docente sería ponderado a través de evaluaciones. Las evaluaciones estarían asociadas a programas de formación continua. Para echar a andar el spd se fortaleció y se le dio autonomía al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (inee) y se creó la Coordinación Nacional del spd bajo la tutela de la SEP. El tercer propósito es complementario del anterior: fortalecer la escuela, darle más autonomía, colocarla en el centro del sistema educativo, liberarla del régimen burocrático que la ha esclavizado históricamente, reforzar su organización académica, hacer de cada director un líder académico, activar los consejos técnicos escolares, reforzar su infraestructura, hacer de los supervisores verdaderos asesores pedagógicos, apoyar su desarrollo con su Sistema de Asistencia Técnica a la Escuela (sate), impulsar la figura de los Asesores Técnico Pedagógicos, etcétera. Después vino el Nuevo Modelo Pedagógico, que completó la agenda de la actual Reforma Educativa. EstePaís

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Gilberto Guevara Niebla es profesor de tiempo completo en el Colegio de Pedagogía de la UNAM y consejero de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.