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INTERNACIONAL: Centroamérica: algunas verdades “inconvenientes”

René Salgado | 01.11.2017
INTERNACIONAL: Centroamérica: algunas verdades “inconvenientes”
La región centroamericana enfrenta hoy grandes retos. Hacer un análisis certero del origen de la problemática es fundamental para resolverla. Para esto es necesario evitar las visiones paternalistas o las explicaciones que encuentran en el pasado la causa de todos los males presentes.

A comienzos del presente año, apareció publicado en la revista Nexos de México el artículo “Trump y el infierno centroamericano”, de Joaquín Villalobos, el cual contiene formulaciones sobre la explosión demográfica y la violencia pandillera en El Salvador, Honduras y Guatemala —el Triángulo del Norte (TdN)—, que, como mostramos aquí, no solamente dificultan la comprensión de los problemas que intenta dilucidar, sino, sobre todo, obstaculizan su abordaje efectivo y práctico. Además de refutar sus planteamientos, en este ensayo enunciamos algunas acciones que podrían ayudar a los países del TdN a enfrentar con un mayor grado de éxito sus retos demográficos y de violencia social.

De partida debemos señalar que coincidimos con el punto de vista, compartido por muchos tanto dentro como fuera de Estados Unidos, según el cual la llegada de Trump a la presidencia de ese país genera más desafíos y dificultades que soluciones, no solamente para el vecino del norte sino para el resto del mundo. De la misma manera, sin embargo, pensamos que esto no impide que seamos críticos de posiciones políticas fraguadas y cultivadas desde dentro de la región latinoamericana que le han causado y le siguen causando enormes daños al entorno social, económico y político de nuestros países.

El artículo al que nos referimos arriba gira en torno a dos grandes premisas: La primera es que el incontrolado crecimiento poblacional, el flujo migratorio en dirección a México y Estados Unidos, así como el incremento de la violencia de las maras en los tres países del TdN, son fundamentalmente el resultado de la inhabilidad de los gobiernos de estos países para generar empleos y su escasa capacidad de respuesta ante las necesidades de sus más de 30 millones de habitantes. Lo anterior, a su vez, tendría, como se señala en el artículo, “relación directa con los bajos niveles de recaudación fiscal” que es, además, “causa principal de inviabilidad financiera de los gobiernos de estos tres países”.

La segunda premisa se refiere a las políticas de Estados Unidos hacia la región, las cuales, de acuerdo con el artículo en cuestión, fueron el factor determinante de la violencia y los conflictos armados de hace algunas décadas. En el mismo se afirma que: “Cuando se habla de los factores que generaron el conflicto centroamericano […] muy poco se habla de cómo los giros contradictorios de las políticas de Estados Unidos fueron mucho más determinantes […] en la activación de las crisis internas que acabaron convertidas en guerras”.

A manera de conclusión, el escrito de la referencia plantea que los países centroamericanos están a merced de la potencia del norte (“Las pequeñas naciones centroamericanas sufren con sólo que Estados Unidos no las voltee a ver”), para luego subrayar que con la administración de Trump se interrumpirán los flujos migratorios y se incrementarán las deportaciones, creándose más explosión social y transformando al TdN en un infierno.

Iniciamos nuestras reflexiones formulando dos preguntas relacionadas con la primera premisa:

¿En qué medida las competencias distributivas, redistributivas o de respuesta de los gobiernos se amplían cuando se mejoran sus capacidades para colectar tributos, o cuando se abultan las arcas del tesoro público? Dicho de otra forma: ¿Qué tan cierto es que elevar la fortaleza extractiva del Estado automáticamente genera una especie de efecto cascada (trickle-down) hacia la ejecución de programas que benefician a la población, particularmente a la menos favorecida?

La evidencia nos obliga a matizar: En realidad, optimizar las competencias extractivas de la administración estatal puede desembocar en beneficios sociales siempre que se fortalezcan simultáneamente, y al menos en igual grado, la calidad y la orientación hacia resultados, así como la creatividad de la gestión pública. De otra manera, se corre el riesgo de estimular la corrupción.

Diremos en este contexto que elevar el volumen de recursos de los gobiernos del TdN ha sido el objeto de diversos programas de gobernabilidad o desarrollo institucional ejecutados durante las últimas tres décadas con el apoyo de organismos financieros internacionales.

Estas iniciativas (no siempre orquestadas por gente conocedora o con experiencia en temas de administración pública) a menudo se implementaron sin dedicar mucho esfuerzo a mejorar la calidad y la ética de la gestión gubernativa. Uno de sus impactos adversos (usualmente imprevistos) ha sido el empoderamiento de funcionarios fiscales de menor rango que, armados de nuevas normativas, dedican buena parte de su tiempo a inspeccionar carteras de clientes o facturación de comercios o manufacturas, en ocasiones por la vía de visitas sorpresivas. Igualmente, se da el caso de oficiales que, a cambio de gratificaciones, suspenden los sondeos espontáneos, contribuyendo a fomentar competencia desleal, decrecimiento económico y tráfico de influencias.

Indudablemente, la explosión demográfica en los países del TdN es alarmante, como lo muestra una simple estadística. Mientras que un país como Uruguay, relativamente mejor posicionado económica y socialmente, tiene una densidad de población que no llega a 20 personas por kilómetro cuadrado, Honduras tiene casi 80, Guatemala se aproxima a los 160, y El Salvador está bien cerca de los 300. Sin embargo, ni la explosión demográfica ni sus problemas conexos, como la pobreza o las extorsiones mareras, tienen mucho que ver con la capacidad de la burocracia para imponer o acrecentar tributos. Se vinculan primeramente con la preeminencia de prácticas irresponsables de paternidad, como lo insinúa esta sencilla observación: si le preguntamos a un marero sobre su entorno familiar, usualmente nos dirá que desconoce quiénes fueron sus progenitores, o que de su madre solamente tiene un vago recuerdo, y de pronto agregará que sospecha tener un número indeterminado de medios hermanos con quienes tampoco tuvo ninguna relación.

Lo cierto es que este problema demográfico seguirá y se agudizará en la medida en que existan individuos que asuman que su obligación frente al retoño termina al momento del apareamiento, y que por tanto no les atañe que su descendencia crezca en desamparo, privaciones, desprecio, rechazo o exclusión. Además, cuando estos retoños se convierten en adultos, usualmente reproducen la conducta sexual tarambana de sus ascendientes y, si nunca recibieron un trato afectuoso, es bastante probable que tampoco lo ofrezcan a la sociedad. Una gran mayoría se convertirá en seres aberrados, carentes de empatía o de solidaridad humana, dispuestos incluso a quitar la vida de sus semejantes sin ningún tipo de compasión.

La paternidad irresponsable se agrava por lo que parece ser un vacío de programas efectivos de prevención y control en temas tan importantes como la salud reproductiva, junto con la ausencia de estrategias o mecanismos gubernativos o sociales que aborden de manera consecuente unos virus culturales muy enraizados en el cuerpo social (incluyendo el abuso físico, emocional y sexual en contra de la mujer). Como resultado, esos países tienen elevadas tasas de embarazos de adolescentes producto de violación o asalto sexual.

La magnitud del crecimiento desordenado de los nacimientos se refleja en algunas estadísticas básicas. El porcentaje entre la población menor de 15 años y la población económicamente activa o fuerza de trabajo en un país como El Salvador es de casi un 50%. Dicho de otra manera, casi la mitad de la población en edad de trabajar debe proporcionar bienes para sí y para cubrir los gastos de quienes todavía no tienen esa capacidad. Esta razón es menor al 30% y al 25%, respectivamente, en países de economías más pujantes como Francia o Suecia. De manera que la presión del crecimiento demográfico sobre la población en edad productiva en un país económicamente desvalido como El Salvador es considerablemente más alta que en esos dos países desarrollados, lo cual, dicho sea de paso, nos ayuda a entender mejor por qué en este último nos encontramos a tantos niños deambulando por las calles como mendigos o buhoneros.

La gestión de los temas de salud reproductiva por los gobiernos de los países del TdN a menudo empeora los condicionantes y las consecuencias del problema de la explosión demográfica. Por ejemplo, éstos condenan y penalizan el aborto terapéutico, una práctica aceptada en otros países cuando está en riesgo la vida de la madre o cuando el embarazo estuvo vinculado a la trata de personas o a violación. Uno de los argumentos esgrimidos por autoridades que se oponen a dicha medida es que la vida empieza cuando el espermatozoide penetra el óvulo y que la Constitución y las leyes establecen el respeto a la vida. Esta posición —haciendo una metáfora— suena como alegar que si la normativa establece que debemos cancelar nuestras deudas, entonces, por una peregrina implicación, estamos obligados a pagarlas aun si tuvimos que aceptarlas bajo amenaza de muerte.

Los líderes no parecen comprender y aceptar que la autoridad coercitiva en cualquier sociedad que se autodenomine democrática va de la mano con la responsabilidad gubernativa y la equidad. Esto quiere decir que si un legislador decide que toda adolescente violada debe tener su nasciturus, entonces la sociedad debe asumir la responsabilidad por el nacido. Esto demanda asegurarse de que habrá recursos para que el niño o la niña tengan una vida tan digna como los familiares allegados al legislador, hasta llegar a su mayoría de edad. Incluso, para dar ejemplo de responsabilidad, la misma autoridad debería comprometer parte de su patrimonio personal (aunque sea por razones puramente simbólicas) para ayudar a las madres, así como también asegurarse de que se diseñan e implementan programas efectivos de educación sexual, prevención de embarazos no deseados, tanto como el castigo y regeneración de los violadores (por ejemplo por medio de programas de trabajo y educación en las mismas cárceles), etcétera.

Por supuesto que la explosión demográfica y sus impactos adversos serían menos agudos si los países del TdN contaran con sistemas económicos capaces de multiplicar panes y expandir oportunidades de forma constante y sistemática, pero éste no es el caso. El asunto de fondo es que las del TdN son sociedades cuyos sistemas productivos presentan dos graves deficiencias: (1) Carecen de instrumentos sólidos —de apoyo de aprendizaje, entrenamiento o financiero— para estimular la multiplicación del emprendedurismo creativo e innovador, mientras que concomitantemente, (2) tienden a fomentar prácticas contrarias a la sana competencia, como el tráfico de influencias, la corrupción o los tratamientos especiales para los allegados al poder político (de “izquierdas” o de “derechas”) que violan principios de equidad o justicia.

Son sistemas en donde se aplaude el capitalismo del “vivo” (que algunos analistas suelen llamar “capitalismo oligárquico”) en contubernio con el poder, en los que el emprendedor de espíritu seriamente industrioso debe nadar continuamente a contracorriente en un mar de tiburones extorsionistas (mareros y no mareros), y batallar día a día para pagar regularmente a sus trabajadores y sostener su negocio formal en un entorno de desventajas económicas y políticas.

Hace varios años, economistas como Tullock y Baumol comentaron en varios de sus escritos los efectos económicos perversos y destructivos del capitalismo mafioso sobre el emprendedurismo serio y el desarrollo económico y social de los países. No hay necesidad de haber leído a estos autores para aceptar que sus conclusiones son ciertas. La mejor evidencia en América Latina es Venezuela, un país rico en todo el sentido de la palabra, destruido durante los últimos 17 años por un sistema de capitalismo parasitario que enriqueció a unos pocos, arruinó la economía, desmanteló todo vestigio de institucionalidad y demolió buena parte de las reservas morales de la sociedad.

El pobre desarrollo de la creatividad emprendedora tiene resultados deletéreos en otros ámbitos sociales, y abordarlos escaparía a los propósitos de nuestro ensayo. De manera que nos limitaremos a destacar solamente que uno de sus múltiples efectos adversos es que erosiona la imaginación e inventiva que se requiere para la solución de los innumerables problemas (de salud, ambiente, educación, etcétera) que padecen los países del TdN, muchos de los cuales se podrían enfrentar por la vía de emprendimientos sociales con prácticas o estrategias de subsidios cruzados, junto con la utilización eficiente de recursos de donaciones y mecanismos de mercado. En suma, el déficit de habilidades emprendedoras es contraproducente tanto para el desarrollo económico como para el social.

Vayamos ahora a la segunda premisa del artículo que discutimos aquí para preguntarnos qué tan cierto es que políticas estadounidenses han estimulado de manera determinante la violencia política en los países del TdN. De nuevo, esta idea es también bastante debatible, y dado que el artículo dedica mayor espacio a El Salvador, destacamos aquí los eventos que marcan el arranque de la violencia política masiva, sobre la base de análisis serios de la historia y evolución política de ese país.

En El Salvador la violencia política de grandes proporciones se remonta a los años treinta y tiene como antesala los veinte, cuando los precios del café, entonces principal producto de exportación del país, experimentaron alzas que condujeron a la ampliación de espacios dedicados a su producción a expensas de otros cultivos. Con altos precios, los niveles de empleo eran razonables y se facilitaba la importación de alimentos desde Honduras y Nicaragua. Cuando los precios del café se desplomaron a finales de los años veinte, el impacto negativo más dramático lo sufrieron los trabajadores agrícolas y las familias pobres del campo, aunque también lo experimentaron los artesanos y trabajadores de las ciudades.

Ante esta crisis, hubo dos líderes políticos de El Salvador —Pío Romero y Arturo Araujo (este último influido por las ideas del partido Laborista de Gran Bretaña, en donde había completado estudios)— que trataron sin éxito de llevar a cabo un programa de compra de tierras cafeteras con bonos del Estado para destinarlas a la siembras de productos alimenticios como el maíz. Farabundo Martí y su grupo rechazaron las intenciones de Romero y Araujo atacándolas de “burguesas” (e inconsistentes con las posiciones de su grupo de incrementar las contradicciones de clase y avanzar hacia el socialismo), mientras que los terratenientes y sus aliados boicotearon el programa por considerarlo atentatorio contra sus intereses inmediatos.

Se agudizó la polarización política cuando el vicepresidente, el militar Hernández Martínez, apodado el Brujo —cuyo estamento había sido organizado a comienzos de siglo por militares chilenos— le dio un golpe de Estado al mismo presidente Araujo (quien había sido escogido en lo que muchos observadores consideran la elección más limpia de El Salvador hasta ese momento) y lo expulsó del país junto con su predecesor aliado de causa.

Subsecuentemente, el movimiento obrero y los pobladores del campo recrudecieron las protestas cuando Hernández rehusó aceptar las victorias del Partido Comunista en algunas municipalidades, y se multiplicaron manifestaciones dentro y fuera de las ciudades, algunas violentas, que fueron brutalmente reprimidas por órdenes del Brujo, en lo que se conoce como “La Matanza”, la cual dejó un saldo estimado de 30 mil muertos, incluyendo a Martí, en los primeros meses del año 1932.

De manera que la polarización y extendida violencia política de El Salvador no se inició en los setenta ni fue implantada por Estados Unidos, sino que data de comienzos de los treinta y es de origen netamente criollo, aunque se reavivó y exacerbó décadas más tarde con la polarización internacional estimulada por la Guerra Fría entre Estados Unidos y la otrora URSS y la participación cubana en el conflicto centroamericano.

Dejando de lado lo anterior y aun en los casos en donde potencias externas generaron efectos desafortunados, seguir repitiendo que los desafíos de los países del TdN son causados por otros o por variables históricas que escapan a nuestro control no nos lleva a ningún lado. Culpar al pasado —sea éste el ex-Imperio español por la ferocidad de la Conquista, o la United Fruit por su apoyo a Ubico o Carias, o Ted Roosevelt porque hace un siglo intervino en Nicaragua o separó al otrora departamento de Panamá de Colombia— es algo estéril y contraproducente. Es de sobra conocido, por ejemplo, que en nada benefició a la gente de Cuba que Castro dedicara extensas peroratas para referirse a la malevolencia del “Imperio estadounidense”, un rosario de letanías quejumbrosas repetidas cansonamente por Chávez en Venezuela. La desafortunada situación actual tanto de Cuba como de Venezuela es una muestra elocuente de lo infructuoso de ese tipo de calistenias retóricas.

Si hay un consejo sabio que el expresidente Obama ofreció a sus colegas latinoamericanos en alguna reunión regional fue la importancia de mirar hacia delante, porque sobre el futuro podemos incidir, pero el pasado no lo podemos cambiar. Una actitud tan sencilla como ésta es, hoy en día, la base de las relaciones extraordinariamente productivas de Israel con Alemania o del Japón con los Estados Unidos.

Cierto que los planteamientos expresados aquí son verdades “inconvenientes” para algunos, tanto dentro como fuera de la región centroamericana, pero es hora de abordar los problemas de estos países sin culpar a otros, sin paternalismos, con una fuerte dosis de sentido común y, sobre todo, tomando en cuenta que la apreciación que tenemos de los desafíos incide y a menudo determina la búsqueda de alternativas de solución, de forma que si la percepción es inapropiada, la exploración de opciones será igualmente frustrante.

Como expusimos a lo largo de esta presentación, los desafíos poblacionales y la violencia criminal en los países del TdN son en gran medida el resultado de tres factores interrelacionados susceptibles de ser abordados internamente: (1) Unos comportamientos individuales que aunados a decisiones políticas locales contribuyen a empeorar en lugar de reducir el problema de la explosión demográfica; (2) unos sistemas económicos que obstaculizan la creatividad, la innovación y el crecimiento, y (3) unas actitudes y conductas con las que se opta por rechazar verdades “inconvenientes” y culpar al pasado y a extraños de los problemas locales en lugar de tratar de abordarlos con un sentido serio y práctico.

En la medida en que persista esta combinación de factores, y particularmente si en lugar de buscar y ejecutar soluciones responsablemente se mantiene la actitud de desperdiciar energías en prédicas fatalistas, se creará una explosiva combinación que conducirá a los países del TdN al infierno del que habla el artículo que motivó nuestra réplica y comentarios. En este sentido es pertinente recordar, como nos advierte Dante en su Divina Comedia, que no son las disposiciones ajenas o de los extraños las que imponen el derrotero; más bien, son usualmente nuestras propias decisiones las que determinan si finalmente terminaremos regocijándonos en el cielo, purificando nuestras almas en el purgatorio o sufriendo los padecimientos del fuego eterno.  

 

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René Salgado es editor colaborador de la sección de Latin American Politics and Political Economy, Handbook of Latin American Studies, United States Library of Congress.