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JUSTICIA: El gasto público y los medios: la SCJN ante la omisión legislativa. Entrevista con Pedro Salazar Ugarte respecto al fallo de la SCJN sobre la publicidad oficial1

Luna Mancini | 01.01.2018
JUSTICIA: El gasto público y los medios: la SCJN ante la omisión legislativa. Entrevista con Pedro Salazar Ugarte respecto al fallo de la SCJN sobre la publicidad oficial1

Presentación

En entrevista para Este País, el doctor Pedro Salazar Ugarte habla sobre las implicaciones del fallo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) relacionado con la omisión legislativa del Congreso de la Unión al no emitir la ley reglamentaria del artículo 134 de la Constitución sobre la publicidad oficial.

Dicho fallo que concede —con cuatro votos a favor y uno en contra— el Recurso de Amparo en Revisión 1359/2015,2 promovido por la asociación civil Artículo 19,3 reconoce la omisión del Legislativo y le requiere que cumpla con su obligación de regular la publicidad oficial, según lo que mandata la Constitución. Lo cual implicará contar con reglas claras que limiten el uso arbitrario del gasto y preserven, de posibles abusos, la relación entre los medios de comunicación y los poderes públicos.

Con la finalidad de proteger la libertad de expresión, entre otros muchos derechos que se analizan en la entrevista, por primera vez un amparo es procedente en contra de una omisión legislativa. Lo anterior es importante pues, hasta hace poco en México, se entendía que los amparos no podían beneficiar a terceros que no fueran parte del procedimiento judicial, a causa de la interpretación que se le daba al principio de la relatividad de las sentencias. Esta interpretación inició a evolucionar tras las reformas de 2011 en materia de amparo y derechos humanos4 y los nuevos precedentes5 que reconocen el interés legítimo como detonante de la actividad jurisdiccional, a partir del nuevo texto constitucional que ordena que el acceso a la justicia federal sea más amplio, más abierto, no restringido, no exclusivo y no excluyente. Lo cual amplía notablemente la eficacia de la figura del amparo para la protección de los derechos fundamentales de todos.

 

Sobre la explicación del caso

LUNA MANCINI: ¿Por qué es histórico el fallo de la Primera Sala de la SCJN, Amparo en Revisión 1359/ 2015, relacionado con la omisión legislativa del Congreso de la Unión al no emitir la ley reglamentaria sobre la publicidad oficial? Y ¿qué opciones se abren al asumir la procedencia del amparo en contra de figuras como el Congreso?

PEDRO SALAZAR UGARTE: Lo es, básicamente, por dos razones. Una, por el impacto que esa interpretación podría llegar a tener en los alcances del juicio de amparo como recurso de garantía y de protección de los derechos fundamentales. Si bien es cierto que, por lo que hace a la procedencia, ya había algunos precedentes que han ido ensanchando la posibilidad de que a través del interés legítimo de actores varios6 —y en este caso organizaciones de la sociedad civil interesadas en impulsar causas que puedan acreditar su interés para ser escuchados por las y los ministros (en sentido ya había algunos precedentes relevantes)—, lo cierto es que este amparo es histórico por lo que hace a los alcances o efectos, como solemos decir, de la sentencia de amparo. Esto porque no sólo se ensancha la puerta de entrada para presentar este tipo de recursos, sino que, dada la naturaleza de la decisión que se adoptó, en este caso se supera el “principio Otero”, relacionado con lo que los abogados llaman la relatividad de las sentencias de amparo. Es decir, la idea de que éstas protegen exclusivamente a la persona que lo promovió.

En cambio, en este caso, dado que lo que la SCJN ha decidido es que el Congreso de la Unión debe emitir una legislación, los efectos del amparo, en realidad, son efectos de naturaleza general. Y ése sí es un cambio histórico, porque me parece que es para bien: ensanchar y ampliar los alcances de un principio que tradicionalmente se ha interpretado de manera sumamente reduccionista.

Es verdad que, en su momento, Otero había pensado, en su contexto histórico, que era importante el principio de la relatividad de las sentencias, pero también es verdad que si uno lee con atención el pensamiento de Otero, uno puede ver que lo que querría haber ampliado —potencialmente y con el paso del tiempo— eran los efectos de las sentencias de amparo. Esto debido a que siempre concibió al instrumento como un recurso de protección de los derechos y, obviamente, de los derechos de todos y todas. En ese sentido, creo que al propio Otero no le gustaría que el principio llevara su apellido.

Así pues, creo que este fallo es histórico porque coloca sobre la mesa un debate serio sobre cuáles deben ser los efectos y cuáles deben ser los alcances de los efectos de las sentencias de amparo.

Y, en segundo lugar, también es relevante por la materia concreta del caso que es una muy relevante, como lo es el manejo y el uso de los recursos públicos para la contratación de publicidad oficial en los más diversos medios de comunicación a nivel nacional. Como sabemos, año tras año, ésta ha venido incrementando. Existe, además, un sobreejercicio de recursos públicos que se traduce en estrategias de publicidad y propaganda, de las y los funcionarios públicos, que atentan contra el sentido y la norma del artículo 134 de la Constitución.

Creo que, también, dado el tipo de relaciones que están implicadas (el poder económico, el estatal, con el poder mediático), este fallo es histórico: es el Poder Judicial haciendo lo que le toca hacer, es decir, contener, limitar a los poderes. Le ordena al Poder Legislativo que emita una norma que no ha emitido. Por un lado, pide que esa norma se ajuste a los principios que están en la Constitución (de imparcialidad, transparencia, rendición de cuentas, etcétera) y, por el otro, incide en romper la vinculación entre poder público y medios de comunicación y publicidad oficial.

 

Sobre la omisión legislativa 

¿Cuál es el riesgo de que las reformas constitucionales no vengan acompañadas de leyes secundarias?

Lo único que diría es que sin leyes secundarias y sin políticas públicas que las conviertan en realidad, las reformas constitucionales son meras cartas de buenas intenciones. Reformar la Constitución es sólo el primer paso para, a través de las leyes secundarias y las políticas correspondientes, impactar en la realidad. Éste es un perfecto ejemplo de cómo una reforma constitucional muy celebrada, muy festejada, muy aplaudida en su momento, ha sido estéril en sus efectos jurídicos.

 

Herramientas como el “Violómetro constitucional” (de la Maestría en Periodismo del CIDE)7 muestran cómo esta práctica de no legislar se ha instalado en nuestro ordenamiento constitucional; tenemos múltiples ejemplos en los últimos años. ¿Cómo es posible? Y para que ello no ocurra, ¿sólo existe el camino de las demandas judiciales ante las autoridades que incumplen sus obligaciones?, ¿cuál es el papel de la academia y la sociedad civil frente a las omisiones legislativas?

Pues yo creo que es parte de un círculo vicioso en el cual la vía política que se ha encontrado para canalizar los desacuerdos en momentos de tensión. Por ejemplo, en este caso electoral, ha sido reformar la Constitución. Es decir, generar acuerdos y pactos político-legislativos para modificar la Constitución y, de esa manera responder a las expectativas, presiones y reclamos de distintos sectores de la sociedad. Pero, en realidad, eso algunos autores lo han llamado un gatopardismo jurídico: modificar la norma para dejar la realidad intacta. Es decir, cambias la Constitución, de esa manera le bajas presión a la tensión sobre el tema. Pero dejas intacto lo que querías cambiar, lo que deberías cambiar, que son las prácticas, las relaciones de poder, las cuestiones concretas.

Tengo la impresión de que se ha vuelto una suerte de estrategia de los actores políticos que, una vez que reforman la Constitución, se les olvida la ley secundaria. Entonces, lograron su objetivo de bajarle presión al reclamo ciudadano, logrando, al mismo tiempo, mantener inalterado el mismo estado de cosas.

Por eso es tan importante que organizaciones de la sociedad civil y la academia intervengan también en estos procesos, asuman un papel activo y comprometido con la transformación jurídica y social del país, y utilicen al derecho como medio para mover a las instituciones. Esta serie de casos que se conocen, en un sentido amplio, como litigios estratégicos, son instrumentos que se orquestan, organizan y promueven desde la sociedad civil y desde la academia para remontar, a través del derecho, situaciones de injusticia, de abuso o de corrupción, o bien de opacidad. Es decir, de manera civilizada, a través de las instituciones jurídicas e incentivando a los actores institucionales a hacer su tarea. Y esto hay que reconocerlo y celebrarlo.

No es el único ejemplo, otro es la agenda de transparencia, que se ha construido hacía esa dirección. El Sistema Nacional Anticorrupción es, sin duda, el mejor ejemplo, porque incluso ahí las iniciativas —no a través de la vía judicial, sino a través de la legislativa— fueron confeccionadas y promovidas por contingentes ciudadanos. Y en el caso que nos atañe ahora, una organización como Artículo 19, que después genera una sinergia, una red de acompañamiento de otras organizaciones y de la academia (sin duda, de nosotros mismos), logró colocar el tema en la mesa de los jueces y generar el contexto propicio para que éstos tomarán la decisión que tomaron.

Éste es el papel que les toca a la sociedad civil y a la academia en una sociedad democrática. Esto es importante decirlo, porque probablemente existen actores políticos e institucionales a los que no les gusta que la sociedad y que la academia se inmiscuyan en cuestiones de índole legislativa y jurisdiccional. Se equivocan porque, en las democracias, los actores sociales deben estar involucrados participando activamente, controlando, dando seguimiento y generando contextos de exigencia a los poderes del Estado. Este activismo de la sociedad civil y de la academia es el idóneo para que funcione bien una democracia.

 

En el caso del fallo de la Corte, si las autoridades no cumplen llegado el plazo del 30 de abril de 2018, ¿qué tipo de sanciones podrían derivarse si se activase un incidente de incumplimiento de sentencia ante la SCJN? ¿Cómo evitar la impunidad frente a estas situaciones?

Es sumamente interesante y aquí entramos en el terreno de lo hipotético porque nunca ha sucedido. Es la primera vez que la SCJN ordena por una “omisión legislativa absoluta”,8 emitir una ley, dar un plazo perentorio. Aunque en realidad hay que decir que el mandato de emitir la ley ya estaba en la Constitución. Es decir, los legisladores ya han incumplido la obligación en dos ocasiones al menos, en el 20079 y en el 2014;10 el incumplimiento se prolonga en el tiempo. Ahora lo interesante es que es un mandato de la SCJN en una sentencia de amparo, lo que supone que lo que está en juego es la garantía de protección de derechos fundamentales, en este caso no solamente de la organización Artículo 19, sino de la sociedad mexicana en su conjunto; derechos que tienen que ver con la libertad de expresión, con el derecho de acceso a la información, con la rendi-ción de cuentas y con la transparencia. Así pues, se trata de un paquete muy relevante de derechos que, además, se vinculan también con los derechos po-líticos. Lo que está en juego es brindar la garantía legal a derechos muy sentidos para las personas.

Por eso el incumplimiento por parte de los legisladores sin duda los colocaría en una situación de responsabilidad ante la Corte. No quiero especular demasiado sobre los efectos, solamente quiero recordar que ya ha habido el caso de distintos funcionarios públicos—recientemente dos delegados en la Ciudad de México, por ejemplo— que han sido removidos por incumplir sentencias de amparo.11 Es decir, incumplir una sentencia de amparo no es una cuestión menor. Y, en el caso de que hemos estado hablando, esto se complica porque se trata del Congreso de la Unión. Entonces más vale que emitan la ley a tiempo para evitar que se genere una fuerte tensión entre dos de los poderes del Estado debido a un eventual incumplimiento o no acatamiento de una sentencia de amparo.

Es uno de los problemas que, como bien sabes, se traducen en contextos de impunidad, y vulneran, debilitan y erosionan al Estado de derecho. A saber: si la última instancia en dirimir los conflictos emite una sentencia y ésta no es acatada, se están debilitando al conjunto de las instituciones del Estado. Eso es lo que deben de tener en cuenta las y los legisladores, su obligación de acatar la sentencia de la Corte trasciende el tema del artículo 134 constitucional, trasciende el tema concreto de recursos públicos para propaganda o publicidad en medios. En realidad, se inserta en una dinámica de fortalecimiento o debilitamiento de las instituciones del Estado mexicano, de las que ellos son parte. Por eso, ante la sentencia de la Corte, lo que debería de proceder es una aprobación legislativa.

Es importante subrayar algo, y es que los ministros y la ministra no le dicen al Poder Legislativo en qué sentido tiene que legislar; solamente le dicen que reglamente el artículo 134 y que la propia Constitución es la que contempla unos parámetros y principios que deben observarse en esa reglamentación. Es decir, los parámetros de contenido están en la Constitución que es una norma que ha sido reformada por los propios legisladores; es decir, la Corte no les está imponiendo directrices sustantivas, simplemente les está diciendo “legisla, las directrices sustantivas ya están”. ¿En donde? En la norma constitucional? Y ¿quién las introdujo allí? Los propios legisladores.

 

Sobre los derechos en juego

Según del fallo de la Corte, no contar con una legislación clara y transparente para la asignación del gasto en publicidad oficial constituye un medio indirecto de restricción a la libertad de expresión y al acceso a la información. ¿Por qué es importante proteger la independencia de los medios de comunicación frente a los poderes públicos?

Si bien todos los derechos son importantes, en un sistema democrático hay dos derechos sin los cuales no se generan ni ciudadanía y ni las dinámicas que hacen posible a la democracia: el derecho a contar con información para poder formarse un juicio sobre los asuntos públicos relevantes y el derecho a expresar tus ideas en materia política. Ambos están comprometidos cuando se genera una dinámica de relación en la que los medios de comunicación dependen de los recursos públicos. Y es que si dependen del dinero que las autoridades del Estado manejan, es altamente probable que éstas incidan en la agenda periodística de los medios. Eso distorsiona la labor del periodismo, y reduce la libertad de los propios medios a realizar su trabajo, los contenidos informativos que se difunden, el espacio para el periodismo crítico, etcétera. Todo lo cual, en última instancia, termina asfixiando a la libertad de expresión.

Entonces, las razones por las cuales romper este vínculo es fundamental no son solamente las que tienen que ver con el buen manejo del dinero público, sino que tienen que ver con la salud de una sociedad democrática. Y lo que en realidad Articulo 19 y las organizaciones que promueven esta agenda han puesto sobre la mesa no es que desaparezca la publicidad oficial, no es que se termine esta relación en la que el Estado puede, a través de los medios de comunicación, comunicarle a la sociedad lo que hace. Lo que están pidiendo es: (1) que se transparente: que podamos saber con toda claridad cuántos recursos, en qué periodo, a cuántos medios y con qué fines; y (2) que se respeten las premisas del artículo 134 constitucional, los cuales prohíben expresamente que los recursos públicos para difundir la publicidad oficial se traduzcan en una promoción personalizada de las y los gobernantes. Es decir, que el dinero público que se utiliza en los medios de comunicación sirva para difundir campañas publicitarias que tengan que ver con políticas públicas, con programas de salud, con acciones de gobierno para mejorar la vida comunitaria, etcétera, y no para promover la imagen, el nombre y la carrera política de quienes están ocupando cargos públicos.

Por eso es tan importante, porque lo que está en juego es la salud de la vida democrática en México, que se ha venido deteriorando de manera muy grave, entre otras razones, por esta vinculación entre el dinero público y la política electoral.

 

Como usted mencionaba, el fallo determina que el Congreso de la Unión está violando derechos como la libertad de prensa, de expresión y de información, al permitir el uso discrecional de los recursos públicos asignados al presupuesto de comunicación social. ¿De qué manera considera que podrían aprovecharse mejor tales recursos públicos por parte de las instituciones?12

En primera yo creo que deberíamos de racionalizar los fondos, es decir, los montos se han vuelto montos ingentes que, además, rebasan lo proyectado presupuestalmente año por año por los propios gobiernos (por el gobierno federal y por los gobiernos estatales).13 Es decir, lo primero que habría que hacer es racionalizar, eso me parece fundamental. En segundo lugar, creo que deberíamos entender que la información que debe difundirse es la información socialmente relevante. Debería orientarse bajo la lógica de qué es lo que la gente debe saber para generar condiciones que mejoren la convivencia colectiva. En tercer lugar, se le debe dar prioridad a los temas de mayor relevancia para las personas, que tienen que ver con la salud, con la integridad física, con su educación, etcétera. Es decir, temas que sí tengan un impacto y una mejora en la vida concreta de las personas; ésa es una cuestión.

La otra, si se trata de difundir información que proviene desde el Estado, también debe de ser información formativa. No únicamente tener una finalidad informativa, sino aprovechar esos recursos y los medios para mejorar la calidad de la ciudadanía, haciéndola más reflexiva, más deliberativa, mejor informada pero, al mismo tiempo, mejor formada para convivir democráticamente. Y esa dimensión de la formación ciudadana ha sido sumamente deficitaria en nuestro país y en otros países en los últimos años.

 

¿Qué implicaciones tuvo en las elecciones pasadas el hecho de no contar con una legislación robusta en la materia?

Ésta es interesante. Yo creo que uno de los temas más relevantes para las democracias contemporáneas es la relación del dinero y la política. En especial la del dinero y la política electoral. Porque lo que hemos visto no sólo en México, sino en el mundo —y lamentablemente sobre todo en el continente americano, en concreto, el caso Odebrecht14— es que al mismo tiempo en que se democratizaron los países y las elecciones se convirtieron, genuinamente, en el espacio a través del cual se dirimen las disputas políticas y en el que se define quiénes serán las personas que tendrán a su cargo las responsabilidades de gobierno, se generó un incentivo perverso para que los actores económicos —estatales y no estatales (públicos y privados)— interesados en incidir en las agendas políticas y en la orientación de las políticas públicas, empezaran a invertir dinero en las campañas políticas. Esto con el fin de, desde ahí, generar compromisos, vínculos y sinergias benéficas para sus propios intereses, una vez que las personas contendientes sean electas a los cargos públicos.

De esa manera se ha ido comprando y generando una dinámica de corrupción que va, además, creando una distorsión durísima en la vida pública. Porque condiciona la gestión de los asuntos públicos a favor de los intereses de los grandes poderes privados. Es decir, se pierde el sentido del interés público, y son los grandes poderes económicos, estatales y privados, los que terminan condicionando la orientación de las políticas públicas. Así, quienes quedan directamente afectados son las personas más débiles, más vulnerables; la ciudadanía en sentido amplio.

En ese sentido, éste es un tema de la máxima relevancia. Si pensamos en las elecciones recientes del Estado de México y de Coahuila, encontramos que lo que todos los actores vieron, y lo que determinó oficialmente el Instituto Nacional Electoral (ine), es que hubo rebases en los topes de campaña en todos los niveles y de parte de todos los actores.15 Lo más lamentable es que, ya sea por un diseño en la legislación (que colocó topes demasiado altos) o ya sea por una decisión inaceptable del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) —que compartimentalizó la sumatoria del gasto en Coahuila—,16 las dos elecciones fueron validadas. Y esto a pesar de que hay evidencias —oficialmente señaladas por parte del ine— de que ahí se gastó mucho más de lo que estaba autorizado, de que corrieron montos y cantidades de dinero provenientes de múltiples fuentes que no formaban parte de lo legalmente autorizado.

El impacto que tiene todo esto es muy fuerte. No sólo deslegitima a los gobernantes que se benefician de esa dinámica, sino que deslegitima a las elecciones mismas, a las instituciones, crea una mayor distancia entre ciudadanía y gobierno, y genera una profunda desconfianza y desánimo ciudadano. Cuando ves lo que las personas, en sociedades como la mexicana, piensan de sus representantes y de sus gobernantes,17 entenderás que, en buena medida, eso se debe a actos de abuso, de exceso, de sobregiro de recursos a cargo de estos actores. Y, cuando se trata de personas que pertenecen al Estado, para colmo, lo que manejan son recursos públicos, es decir, que son de todas y de todos.

Y en ese sentido, desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) lo vemos con una enorme responsabilidad. Las universidades en plural —la unam en concreto, y, en particular, por lo que a mí respecta, el IIJ que dirijo— tienen la obligación de ser instituciones ejemplares. De ser instituciones que, ante el desánimo ciudadano siempre constituyan un modelo de lo que sí se puede hacer y se puede hacer bien. Instituciones que sean, además, referentes que se puedan señalar y apuntar para demostrar que con dinero público en este país se pueden hacer las cosas con transparencia, con honestidad, con rendición de cuentas y, además, destinando los recursos a donde deben destinarse; que es, en este caso, en el nuestro, a generar investigación y conocimiento de calidad, a preparar a las nuevas generaciones de mexicanas y mexicanos con los mayores estándares de formación y, también, a difundir la cultura que es la tercera obligación que nos establece la legislación universitaria.

 

¿De qué manera la resolución de la SCJN puede implicar mayor certeza en el próximo proceso electoral?

Hay piezas que faltan. El fallo da un paso importante que sienta las bases para contar con una legislación en la materia. Si se emite esa legislación, ya tendremos otra pieza que abona en la certeza jurídica. Y si los actores políticos, en general, acatan esta nueva ley, habremos cerrado el círculo de manera perfecta. Si no la acatan, lo que corresponderá es que ese incumplimiento vuelva, por otra vía y por otra ruta, a la sede jurisdiccional.

Así pues, lo que hace el fallo es aproximarnos más a contar con una legislación necesaria para que, en esta materia, exista la certeza que no teníamos. Sin él estaríamos en una situación de omisión legislativa permanente o “absoluta”, como dice la Corte, la cual ya se venía prolongando desde hace una década. El fallo es un paso importante, lo lamentable es que hayamos tenido que llegar hasta aquí, pero mejor con él que sin él.

 

El ministro Zaldívar escribió en su columna en Milenio del pasado martes 28 de noviembre que: “el fallo no pone a la Corte en situación de confrontación con el Poder Legislativo […] Es [por el contrario] una gran oportunidad para apuntalar la credibilidad de nuestro sistema político, demostrar que está en nuestras manos construir un Estado de derecho y así rescatar nuestra democracia”.18 ¿Qué nos puede contar sobre la importancia de los pesos y contrapesos para fortalecer los mecanismos constitucionales en el país?

Así es el diseño de los Estados constitucionales. Normalmente hemos estado acostumbrados a la intervención de las cortes constitucionales. Desde que quienes los imaginaron empezaron a concebirlos —hablo de Hans Kelsen, por supuesto, pero no sólo él, hay que mencionar también a Mariano Otero, por ejemplo, que lo hizo cien años antes— la idea era que el Poder Judicial le corregiría la plana al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo cuando se excedieran en el ejercicio de sus atribuciones. Es decir, cuando por exceso violentaran la Constitución. La función del Poder Judicial era una función de control frente a los actos legislativos o los administrativos.

Claro que la teoría constitucional ha evolucionado y las interpretaciones de las cortes, incluyendo a la mexicana, han ido en la dirección que lleva al planteamiento de que no sólo los actos, sino también las omisiones que lesionan derechos, deben ser objeto de control jurisdiccional. Esto es muy importante porque lo que hace la Constitución es que mandata a los distintos poderes a realizar una serie de obligaciones que están constitucionalmente señaladas y que permiten brindar garantía y protección a los derechos. Si las autoridades responsables de realizar esas acciones son omisas en cumplir con su obligación constitucional, quienes nos vemos afectados somos las personas. El hecho de que la Corte haya intervenido para romper esta inercia hacia la omisión legislativa es un mecanismo de control, no frente a un exceso del legislativo, sino frente a una omisión que implica una lesión de nuestros derechos fundamentales.

Esto sin duda genera una dinámica de tensión institucional porque las democracias constitucionales viven en un estado permanente de tensiones institucionales, una de las cuales se presenta ineludiblemente por el diseño institucional entre los poderes legislativos y las cortes constitucionales que, precisamente, están ahí para llamar la atención, así como para, eventualmente, corregir o, en este caso, obligar a los órganos legislativos a cumplir con su responsabilidad.

 

¿Hay algo que quiera añadir?

Me parece muy bien que una revista como Este País le dedique un apartado, en uno de sus números, a una decisión judicial. Quizás eso es algo que deberíamos hacer notar: cómo, en las últimas décadas, las sentencias judiciales —en distintos temas y por muy buenas razones, y a veces por malas razones, a veces por ser malas sentencias— se han vuelto cada vez más un objeto de reflexión, de análisis y de estudio, y cómo cada vez hay opinadores y estudiosos más avezados, más capaces de hacer valoraciones sobre los méritos o deméritos de las decisiones judiciales. En este caso, estamos celebrando una decisión de la Primera Sala de la Suprema Corte. En otros casos, por ejemplo, cuando decidieron avalar o prolongar el mandato de los magistrados del Tribunal Electoral19 —una decisión que desde ningún punto de vista tiene sustento constitucional—, se tuvo que criticar a la Corte. Y creo que el papel de las instancias académicas es mantener este criterio de imparcialidad técnica y rigor metodológico al analizar las decisiones de la Corte para que no sean nuestras convicciones ideológicas, sino que lo que la Constitución establece, lo que nos permite aplaudir una decisión como ésta y criticar de manera radical otra como la de la ampliación del mandato de los Magistrados del TEPJF.20 EP

 

NOTAS

1. Las notas al pie fueron elaboradas con la finalidad de facilitar materiales de consulta relacionados con la entrevista a los lectores.

2. Proyecto de sentencia, ministro ponente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, resuelto el 15 de noviembre del 2017 por la Primera Sala de la SCJN. Disponible en:

<https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/listas/documento_dos/2017-10/AR-1359-2015-171025.pdf>. Consultado el 29 de noviembre del 2017. Los votos particulares y concurrentes estarán disponibles en: <http://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=190443> Consultado el 11 de diciembre del 2017.

3. Campaña Global por la Libertad de Expresión A19. Sitio web: <https://articulo19.org/>. Consultado el 29 de noviembre de 2017.

4. Las reformas constitucionales en materia de Amparo y Derechos Humanos, publicadas el 6 y 10 de junio de 2011 respectivamente pueden consultarse en el: Diario Oficial de la Federación, (DOF), “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 94, 103, 104 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el DOF el 6 de junio de 2011”. Recuperado de:  <http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5193266&fecha=06/06/2011>. Consultado el 8 de diciembre de 2017. Y, Diario Oficial de la Federación, (DOF), “Decreto por el que se modifica la denominación del Capítulo I del Título Primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el DOF el 10 de junio de 2011”. Recuperado de: <http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5194486&fecha=10/06/2011>. Consultado el 8 de diciembre del 2017.

5. Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Contradicción de tesis 111/2013, “Análisis del interés legítimo para efectos del juicio de amparo, establecido en la Constitución a partir de la Reforma de 6 de junio de 2011”. Recuperado de: <http://www2.scjn.gob.mx/AsuntosRelevantes/pagina/SeguimientoAsuntosRelevantesPub.aspx?ID=149308&SeguimientoID=595&CAP=inter%C3%A9s%20legitimo&Promoventes=&ActoReclamado=> . Consultado el 8 de diciembre de 2017.

6. Ver supra nota al pie 6. Además, el lector interesado puede consultar el Amparo en Revisión 152/2013, resuelto el 23 de abril de 2014 por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), relacionado con el tema del matrimonio igualitario en el Estado de Oaxaca. Recuperado de: <http://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=150476>. Consultado el 7 de diciembre del 2017.

7. Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), “Violómetro Constitucional. El verdadero reloj legislativo”. Recuperado de: <http://periodismocide.org/eventos/violometro/#r_acuatles> . Consultado el 5 de diciembre de 2017.

8. Los tipos de omisiones legislativas se encuentran descritos en la Tesis del Pleno de la SCJN 11/2006: “En atención al principio de división funcional de poderes, los órganos legislativos del Estado cuentan con facultades o competencias de ejercicio potestativo y de ejercicio obligatorio, y en su desarrollo pueden incurrir en diversos tipos de omisiones. Por un lado, puede darse una omisión absoluta cuando aquéllos simplemente no han ejercido su competencia de crear leyes ni han externado normativamente voluntad alguna para hacerlo; por otro lado, puede presentarse una omisión relativa cuando al haber ejercido su competencia, lo hacen de manera parcial o simplemente no la realizan integralmente, impidiendo el correcto desarrollo y eficacia de su función creadora de leyes. Ahora bien, combinando ambos tipos de competencias o facultades —de ejercicio obligatorio y de ejercicio potestativo—, y de omisiones —absolutas y relativas—, pueden presentarse las siguientes omisiones legislativas: (a) Absolutas en competencias de ejercicio obligatorio, cuando el órgano legislativo tiene la obligación o mandato de expedir una determinada ley y no lo ha hecho; (b) relativas en competencias de ejercicio obligatorio, cuando el órgano legislativo emite una ley teniendo una obligación o un mandato para hacerlo, pero lo realiza de manera incompleta o deficiente; (c) absolutas en competencias de ejercicio potestativo, en las que el órgano legislativo decide no actuar debido a que no hay ningún mandato u obligación que así se lo imponga; y (d) relativas en competencias de ejercicio potestativo, en las que el órgano legislativo decide hacer uso de su competencia potestativa para legislar, pero al emitir la ley lo hace de manera incompleta o deficiente”. Tesis P./J. 11/2006. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época. 175 872. Pleno. XXIII, febrero del 2006, p. 1527. Jurisprudencia (Constitucional) [J], 9a. época, pleno, S. J. F. y su Gaceta, XXIII, febrero del 2006, p. 1527. Controversia constitucional 14/2005, Municipio de Centro del Estado de Tabasco, 3 de octubre del 2005. Unanimidad de diez votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Laura Patricia Rojas Zamudio y Raúl Manuel Mejía Garza. El Tribunal Pleno, el 3 de enero de 2006 aprobó, con el número 11/2006, la tesis jurisprudencial que antecede.

9. Diario Oficial de la Federación (DOF), “Decreto que reforma los artículos 6o., 41, 85, 99, 108, 116 y 122; adiciona el artículo 134 y deroga un párrafo al artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, publicado el 13 de noviembre de 2007. Recuperado de: <http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5005999&fecha=13/11/2007> . Consultado el 7 de diciembre de 2017.

10. Diario Oficial de la Federación, “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia política-electoral” publicado el 10 de febrero de 2014. Disponible en: <http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5332025&fecha=10/02/2014> . Consultado el 7 de diciembre de 2017.

11. El incidente de inejecución que ordenó la destitución del delegado de Venustiano Carranza en la Ciudad de México puede consultarse en: Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Incidente de Inejecución de Sentencia 296/2016, resuelto el 7 de noviembre de 2017 por el tribunal en Pleno. Recuperado de: <http://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=207619> . Consultado el 7 de diciembre del 2017. Por otra parte, los incidentes de inejecución que dieron lugar a la destitución de la Tesorera y del Presidente Municipal del Municipio Emiliano Zapata en el Estado de Morelos, debido al incumplimiento de la sentencia del juicio de amparo 1641/2014 dictada el 12 de agosto del 2014 llevó, tras pasar por múltiples instancias, al incidente de inejecución 752/2014, resuelto el 25 de agosto del 2014 por el Pleno de la SCJN. Recuperado de: <http://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=174308>. Consultado el 8 de diciembre del 2017.

12. “Del 2013 a agosto del 2017, el gobierno federal erogó 38 mil millones de pesos en Comunicación Social”. Diana Lastini y Carina García, “Corte ordena a congreso regular publicidad oficial”, El Universal, 16 de noviembre de 2017. Disponible en: <http://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/corte-ordena-congreso-regular-publicidad-oficial>. Consultado el 29 de noviembre de 2017.

13. “... según datos obtenidos por diversas organizaciones respetables, el gasto de dinero público destinado a la publicidad oficial en los más diversos medios de comunicación, sólo este año, rondó a nivel nacional los 10 mil millones de pesos.” Pedro Salazar, “Quien paga, manda”, El Financiero, 15 de noviembre del 2017. Recuperado de: <http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/quien-paga-manda.html>. Consultado el 6 de diciembre de 2017.

14. El lector interesado puede consultar: Elisa Alanís, “#Odebrecht: justicia en América, impunidad en México”, El Universal, 8 de diciembre de 2017. Disponible en: <http://www.eluniversal.com.mx/columna/elisa-alanis/nacion/odebrecht-justicia-en-america-impunidad-en-mexico>. Consultado el 8 de diciembre de 2017.

Así como la entrevista a la Dra. Issa Luna Pla, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en el “Observatorio Cotidiano” de TV UNAM conducido por el Dr. Pedro Salazar. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=l4KCFks2-eA>. Consultado el 6 de diciembre del 2017.

15. El lector interesado puede consultar el Comunicado de prensa No. 379. del Instituto Nacional Electoral, Resuelve Comisión de Fiscalización queja sobre gastos en la elección a gobernador de Coahuila. Recuperado de: <https://centralelectoral.ine.mx/2017/10/27/resuelve-comision-de-fiscalizacion-queja-sobre-gastos-en-la-eleccion-gobernador-de-coahuila/>. Consultado el 6 de diciembre del 2017.

Así como la resolución del Instituto Nacional Electoral: “Acuerdo del Consejo General por el que se da cumplimiento a la sentencia de la H. Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación respecto de las irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes de campaña de los ingresos y gastos de los candidatos a los cargos de gobernador, diputados locales y ayuntamientos, correspondiente al proceso electoral local ordinario 2016- 2017 en el Estado de Coahuila de Zaragoza”. Recuperado de: <http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93875/CGor201710-30-ap-12-3.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Consultado el 6 de diciembre del 2017.

16. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Recurso de apelación, Expediente: sup-rap-221/2017, resuelto el 16 de agosto de 2017. Recuperado de: <http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0221-2017.pdf>. Consultado el 8 de diciembre de 2017.

17. Al lector le pudiera interesar los resultados de la Encuesta Nacional realizada en viviendas a 1200 personas mayores de 15 años o más durante el mes de octubre del 2016: “Los mexicanos y su Constitución. Tercera Encuesta Nacional de Cultura Constitucional en México”, Autor(es): Julia Isabel Flores / Héctor Fix Fierro / Diego Valadés. Departamento de Investigación Aplicada y Opinión del IIJ-UNAM, 2016. Disponible en: <http://www.losmexicanos.unam.mx/MexicanosConstitucion/pdf/Mexicanos_Constitucion.pdf>. Consultado el 6 de diciembre de 2017.

18. Arturo Zaldívar, “Fallo histórico para la democracia mexicana”, Milenio, 28 de noviembre de 2017. Disponible en <http://www.milenio.com/firmas/arturo_zaldivar/fallo-historico-democracia-mexicana-propaganda-comunicacion_social-milenio_18_1075272492.html>. Consultado el 29 de noviembre de 2017.

19. SCJN, Acción de inconstitucionalidad 99/2016, resuelto el 27 de junio de 2017 por el tribunal en Pleno. Recuperado de: <http://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=207074>. Consultado el 7 de diciembre del 2017.

20. Sobre el tema, al lector le pudiera interesar consultar: Pedro Salazar, “El Tribunal No tiene la culpa”, El Universal, 17 de noviembre del 2017. Recuperado de: <http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/columna/pedro-salazar-ugarte/nacion/2016/11/17/el-tribunal-no-tiene-la-culpa>. Consultado el 7 de diciembre de 2017.

 

* Ilustración de Aisel Wicab <http://aiselwicab.blogspot.mx/>

 

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Pedro Salazar Ugarte es director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, conductor del programa Observatorio Semanal y Observatorio Cotidiano de TV UNAM y miembro del Consejo Asesor de Impunidad Cero. La entrevista al doctor Salazar se realizó el 5 de diciembre del 2017 en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM por Luna Mancini, coordinadora de proyectos de Impunidad Cero; maestra en Derechos Humanos y Democracia por Flacso México; licenciada en Derecho por la Universidad de Unilíder de Sonora; licenciada en Derecho por la Universidad Pompeu Fabra y miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona desde el 2008.

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