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INTERNACIONAL: A tirar la primera piedra: defensa chavista de la crisis humanitaria en Venezuela

Piero Vásquez Agüero | 01.01.2018
INTERNACIONAL: A tirar la primera piedra: defensa chavista de la crisis humanitaria en Venezuela

“Hay que ser realmente inmoral para que, teniendo las realidades que no atienden para sus propios pueblos, pretendan señalar a Venezuela en materia de derechos humanos, en materia de democracia” dijo Delcy Rodríguez, la excanciller venezolana en una conferencia de prensa celebrada antes del inicio de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el pasado junio, en Cancún. Con cifras de las Naciones Unidas en la mano, arremetió contra todos los Estados que expresaron su apoyo a la adopción de una declaración sobre la situación en Venezuela, país que, hoy en día, ya inició las gestiones para retirarse de la OEA. Sin pudor alguno llamó a México “Estado fallido”; a Perú, “perrito simpático para el imperio”; a Costa Rica, “analfabeto político”. Y al resto de Estados de la región, ante cualquier muestra de apoyo a la adopción de la resolución, les recordó sus bajos índices de desarrollo humano, las cifras de feminicidios, los efectos del narcotráfico, las desapariciones forzadas y los asesinatos de periodistas, la persecución a defensores de derechos humanos, entre otras violaciones de derechos humanos que sabemos que aquejan a las Américas.

Por lo general, el argumento favorito de Venezuela para la defensa del régimen chavista se concentra en el resguardo del viejo principio del derecho internacional de no intervención en los asuntos internos de los Estados al margen de su tamaño, su poder o su régimen político. Por eso es que esta última versión de la defensa de Venezuela resulta bastante novedosa. Básicamente se trata de cuestionar la legitimidad de los Estados americanos que buscan la adopción de mecanismos concertados en el plano internacional con el fin de reencauzar la democracia en Venezuela, bajo la premisa de que ellos tienen sus propias deudas impagas en materia de derechos humanos. Es una manifestación del “no te fijes en la paja en el ojo ajeno” o “¿quién se atreve a tirar la primera piedra?”, en clave de relaciones internacionales.

Encuentro en ese argumento una falaz lógica contractualista relacionada con el cumplimiento de obligaciones en materia de derechos humanos. En un contrato, dos o más partes acuerdan sus voluntades para imponerse entre sí diferentes obligaciones. Piense en su contrato de trabajo —tan escasos en estos días—: usted pone en disposición de su empleador sus habilidades, su conocimiento técnico o profesional o simplemente su tiempo, y en contraprestación recibe un salario. Con la particularidad de es que si una de las partes no cumple con sus obligaciones, la otra parte puede suspender el cumplimiento de las propias. Nuevamente, si usted no va a trabajar un día sin justificación, sabrá que su recibo de pago tendrá un día de descuento al final de la quincena.

Cuando son países los que entran en un acuerdo de voluntades, este tipo de contrato recibe diferentes nombres: convenio, acuerdo, protocolo, concordato; pero el más común de todos es el nombre de “tratado”, cuyas reglas funcionan más o menos igual que en el caso de los contratos. En términos simples, un contrato entre países es un tratado internacional. En estos casos, dos o más Estados se pueden comprometer, por ejemplo, en la creación de un puente transfronterizo, pero si uno de ellos deja de pagar sus cuotas, el otro podría unilateralmente suspender la construcción, y es que estos acuerdos están regidos por un principio de cumplimiento de obligaciones recíprocas. Si uno no cumple, el otro puede suspender sus obligaciones.

Ahora bien, dentro del universo de tratados, un tipo especial de ellos son los que contienen obligaciones internacionales de derechos humanos. Jurídicamente, estos tratados rompen con la lógica contractual que antes describí, es decir, hay un compromiso no recíproco por el respeto y garantía de las obligaciones en materia de derechos humanos. Esto significa que si un Estado no puede o no quiere cumplir con los derechos consagrados en un tratado internacional de derechos humanos, los otros Estados parte de dicho tratado no pueden alegar ese incumplimiento para excusar el desconocimiento de sus compromisos internacionales. En derecho internacional, esto se conoce como “el carácter no sinalagmático” de los derechos humanos. Entonces, defender la tan documentada y reportada crisis humanitaria en Venezuela, bajo la pretensión de que los otros Estados tampoco cumplen con el respeto y la garantía de los derechos humanos, es un argumento que tiene un efecto político bastante mediático; pero resulta falaz y sobre todo desconoce los principios del derechos internacional.

La máxima sanción que prevé el sistema de defensa colectiva de la democracia en la OEA ante el quebrantamiento democrático de uno de sus Estados miembros, es la suspensión de sus derechos en la organización y la no participación en la Asamblea General. Tomando en consideración que Venezuela ya inició el proceso de retiro de la OEA, su máximo mecanismo de presión democrático ha quedado obsoleto. Entonces ¿qué otro foro internacional podría tener algún impacto en la situación de los derechos humanos y la democracia en Venezuela? El presidente de Estados Unidos indicó ante la Asamblea General de Naciones Unidas que la situación en Venezuela es inaceptable y que es un objetivo recuperar la libertad del pueblo venezolano, y en otras declaraciones no ha descartado el uso de la fuerza armada para ello. Si bien la intervención humanitaria, de tipo de armado, es un mecanismo previsto en la Carta de Naciones Unidas, este tipo de intervenciones sólo son posibles de adoptar ante una amenaza a la paz y seguridad internacionales declarado por su Consejo de Seguridad. Este argumento hasta ahora no había sido construido, ya que cuenta con precedentes muy limitados en situaciones relacionadas con la afectación de la democracia (Haití, 1991), sin embargo, el pasado noviembre el propio Secretario General de la OEA asistió a una reunión del Consejo de Seguridad, instalada bajo la “fórmula Arria” (tipo de sesión del Consejo de Seguridad en la que se invitan actores relevantes no miembros del Consejo para facilitar información sobre conflictos en proceso) solicitó la intervención de las Naciones Unidas, aunque con un lenguaje un tanto político, sin especificar sobre la base de que competencia podría actuar dicho Consejo.

Finalmente, pareciera que la OEA  no se conforma con su posición y no quiere dejar de cumplir un papel en la recuperación democrática de Venezuela, y está virando hacia un escenario novedoso para las Américas: la declaración de la responsabilidad penal internacional individual de sus líderes, a través de la Corte Penal Internacional (CPI). En septiembre de este año, se iniciaron una serie de audiencias en Washington D.C. para la determinación de crímenes de lesa humanidad en Venezuela ¿Y si Venezuela se retira también del Estatuto de Roma que creó la CPI? Pues ese tratado tiene una cláusula muy particular, por la cual cualquier persona puede ser juzgada ante la CPI, siempre que el caso sea remitido a través del Consejo de Seguridad, lo que ha ocurrido en situaciones como las de Sudán o Libia. Al margen del éxito de esta iniciativa, resulta valioso que la OEA no se deje ganar la lucha por la recuperación del Estado de derecho y de la democracia en Venezuela, labor que nos toca muy en el nervio a los latinoamericanos, para quienes la democracia pareciera ser siempre un bien esquivo.  EP

 

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Piero Vásquez Agüero es maestro en Derechos Humanos por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente trabaja como abogado para la Sección de Casos y Peticiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.