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COLUMNAS: Voces de la migración

El desmantelamiento del Estado por la administración de Trump

Fernando Sepúlveda Amor | 01.01.2018
COLUMNAS: Voces de la migración

La situación por la que atraviesa el gobierno de los Estados Unidos a nivel interno es motivo de enorme preocupación a nivel nacional y en el ámbito internacional. La errática conducción de las políticas por parte del presidente Trump y el desmantelamiento de los logros alcanzados por las administraciones anteriores dejan un vacío de dirección y de gobierno que amenaza seriamente la estabilidad y el rumbo de la Unión Americana.

A 11 meses de la administración de Trump, no se han materializado las promesas de campaña, y la inefectividad del gobierno en manos de los republicanos, que controlan ambas cámaras en el Congreso y la presidencia, está teniendo un impacto importante en la posición y el liderazgo de eu a nivel mundial, así como en el deterioro de la cohesión política y social al interior del país. Los lemas de campaña de “Hacer a Estados Unidos grande otra vez” y de “Estados Unidos primero” han debilitado las alianzas tradicionales de dicho país con las democracias occidentales en Europa y otros países en el resto del mundo, creando un vacío de poder que ha permitido el reforzamiento de adversarios tales como China y Rusia, y las provocaciones de un Estado paria como Corea del Norte.

A nivel gubernamental, el inicio de la administración de Trump se vio marcado por el caos y la disfuncionalidad. La renuncia del consejero de Seguridad Nacional, Michael Flynn; el despido del director del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), James Comey; la salida del jefe de Gabinete la Casa Blanca, Reince Priebus; la renuncia de Sean Spicer, secretario de Prensa; el despido de Anthony Scaramucci, director de Comunicaciones de la Casa Blanca, después de un breve periodo de diez días; la salida obligada de Stephen Bannon, estratega jefe de la Casa Blanca; y la renuncia del secretario de Salud y Servicios Sociales de Estados Unidos, Thomas Price, durante los primeros nueve meses de la administración, (todos estos casos) son un indicio del desorden imperante en el gobierno de Trump.

A nivel legislativo, el Congreso no ha podido avanzar en la agenda propuesta por los republicanos y por Trump durante la campaña, lo que aunado al fracaso de la recisión de la reforma de salud impulsada por Obama, comúnmente llamada Obamacare, una de las promesas centrales a lo largo de siete años para el Partido Republicano, muestran la incapacidad de sus legisladores para alcanzar resultados, pues no es lo mismo oponerse sistemáticamente, que construir algo. La próxima discusión para la aprobación del presupuesto amenaza el cierre de las operaciones del gobierno ante la imposibilidad de los republicanos de llegar a un acuerdo con el ala demócrata en cuestiones relativas a la extensión de la autorización para la permanencia de los hijos de inmigrantes indocumentados traídos de pequeños a Estados Unidos (conocidos como dreamers), el seguro de salud de los menores y mujeres embarazadas CHIP (Children’s Health Insurance Program), y la limitación de los gastos de defensa, entre los más importantes.

En este mismo tenor, los legisladores republicanos están concentrados en sacar adelante una controversial y radical reforma al sistema fiscal de Estados Unidos antes de finalizar el año, la cual pretende reducir drásticamente los programas sociales del gobierno, particularmente en el área de salud, para cubrir una disminución de los impuestos corporativos de las grandes empresas y de los sectores de más altos ingresos bajo la muy desgastada teoría económica de que las reducciones en el ingreso fiscal se pagan con el incremento de la actividad económica, y consecuentemente, el aumento de la inversión de capital y del empleo, detonando la distribución en cascada de los beneficios hacia la población de menores ingresos, conocida como trickle-down economics. Esta iniciativa ha tenido severas críticas de organizaciones privadas y de especialistas fiscales que destacan que la propuesta republicana incrementará la deuda pública considerablemente (1.4 trillones de dólares en diez años), disminuirá importantemente la carga fiscal de los sectores de la población más rica, y aumentará los impuestos al 60% de la población de menores ingresos para 2027.

En resumen, la propuesta republicana reduce los impuestos de las grandes corporaciones y de los sectores con mayores ingresos a costa de eliminar una serie de deducciones fiscales a las clases media y baja existentes en la actualidad, y la protección alcanzada en materia de salud a través de los subsidios para la adquisición de un seguro médico establecida por la Obamacare para millones de personas. Esto es, los pobres subsidian la disminución de impuestos de los ricos, dado que la reducción de impuestos a la población en general vencerá en 2025, y por el contrario, la reducción corporativa será permanente. Esta política de los republicanos necesariamente atenta en contra del contrato social que sostiene la equidad entre todos los ciudadanos establecida en la Constitución y en la Carta de Derechos, al favorecer a una minoría de altos ingresos en perjuicio de la mayoría de la población, acción que subvierte la esencia misma del Estado.

Lo anterior no es más que un indicio del daño que la presidencia de Trump está causando en la conducción de los asuntos de su país. Más aún, otro sector que se ha visto severamente afectado corresponde directamente a la administración de la presidencia, en la que la designación de los funcionarios al frente de las distintos órganos y agencias de gobierno ha respondido más a su línea ideológica que a sus credenciales en los temas que los ocupan, revirtiendo en su ejercicio los avances alcanzados en administraciones anteriores.

De esta manera, por ejemplo, se observa una embestida frontal en contra del sustento científico del cambio climático, el despido o marginación de funcionarios encargados de las regulaciones ecológicas y de las investigadores de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés), la eliminación de regulaciones para la protección del ambiente, y la desaparición del acceso público a estudios y a información relativa al cuidado del mismo, como parte de una torpe maniobra para eliminar los costos de su protección en aras de una supuesta competitividad mundial. El nombramiento de Scott Pruitt como administrador de la EPA, un exabogado general de Oklahoma que en el pasado demandó más de una docena de veces a la organización que ahora encabeza, es un claro indicio de la línea política de la administración de Trump, colocando a la zorra a cargo del gallinero.

Jeff Sessions, quien en su larga trayectoria como fiscal general en el estado de Alabama y luego como senador por esa entidad, ha mostrado una línea antiinmigrante y contraria a los derechos civiles. En la actualidad, como fiscal general, ha promovido en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos la instalación de jueces y de fiscales federales con base en líneas ideológicas de derecha, con efectos de largo plazo en las decisiones judiciales; ha amenazado con acciones legales y presupuestales en contra de los estados y ciudades santuario de inmigrantes indocumentados; ha defendido en las cortes la controvertida prohibición de la entrada de personas procedentes de seis países musulmanes y, más grave aún, se ha visto involucrado en la investigación sobre la interferencia de Rusia en la elección presidencial del 2016, y la posible colusión de los integrantes de la campaña con operativos rusos para elegir a Trump como presidente.

Pero quizás el daño más notable es el desmantelamiento del Departamento de Estado y la reversión de las políticas internacionales sostenidas por Estados Unidos tradicionalmente, al amparo de una supuesta revisión de las posiciones y una reorganización a cargo del que se ha calificado como “el peor secretario de Estado en la historia de la Unión Americana”, Rex Tillerson (un exejecutivo de Exxon sin ninguna experiencia diplomática), lo que se considera una magna ofensiva en contra de la institución, la cual opera, a 11 meses del inicio de la administración, con únicamente diez de los 44 cargos de nivel superior en dicho Departamento y enfrenta la salida del 60% de los diplomáticos de carrera, en un momento crítico para el país por las peligrosas tensiones en el Medio Oriente, el ascenso de China en el panorama mundial, y la amenaza nuclear de Corea del Norte, que requieren una visión clara y una política cuidadosa que permita mantener el liderazgo mundial de Estados Unidos.

Por el contrario, el abandono de las alianzas tradicionales de la Unión Americana en Europa y Asia, así como el sabotaje de la actuación diplomática del secretario Tillerson por las descalificaciones del presidente, que declara que “está perdiendo el tiempo intentando una negociación con Corea del Norte’’; o por la diplomacia secreta que conduce al margen del Departamento de Estado el yerno de Trump, Jared Kushner, en el conflicto israelí-palestino y con Arabia Saudita; al igual que el reconocimiento de Jerusalén como la capital del Estado de Israel o el rechazo del acuerdo con Irán en materia nuclear, pone en peligro la estabilidad regional y hacen propicio el estallamiento de conflictos armados. Se rumora el próximo despido de Tillerson dada su inefectividad, y también por la mala relación existente con el presidente, al que en una conversación privada calificó como “un imbécil”.

La calificación del desempeño de Trump alcanzó en noviembre su punto más bajo, de acuerdo con una encuesta del Pew Research Center, en la que el 63% de la población desaprueba su actuación en los primeros 11 meses de gobierno, lo que en unión con su pobre desempeño, los eventuales resultados incriminatorios de la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre la interferencia rusa en la elección y la colusión del equipo de campaña de Trump, e indirectamente, las acusaciones sobre hostigamiento sexual de Trump, en medio de una ola de rechazo social, pudiera conducir a su renuncia prematura o a su permanencia en la presidencia por un solo periodo.

Trump intenta proyectar entre sus seguidores la perversa imagen de hacer deshaciendo, incapaz de construir algo debido a sus limitaciones. Sin embargo, el daño está hecho, y Estados Unidos tardará un tiempo en restaurar el edificio del Estado que las acciones de Trump han deteriorado. EP

 

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Fernando Sepúlveda Amor es director del Observatorio Ciudadano de la Migración México-Estados Unidos.