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Perímetro de seguridad: La brecha entre las fuerzas armadas y la sociedad civil

Athanasios Hristoulas | 01.06.2015
La participación de la sociedad civil en temas de seguridad nacional es muy limitada. ¿Cómo remediar esto?

©iStockphoto.com/lineartestpilotEn México hay una amplia brecha de comunicación entre las fuerzas armadas y la sociedad civil. La desconexión se debe en gran medida a un supuesto pacto posrevolucionario que, de manera informal, habría establecido que los militares no se inmiscuirían en asuntos civiles, ni al revés. Este arreglo funcionó bien por décadas. Tan es así que se evitó que la cúpula militar cayera en la tentación de entrometerse en los asuntos públicos y tomara el poder, como sí ocurrió en varios países de Latinoamérica. Esto, a su vez, contribuyó a que el Ejército y la Marina se consolidaran como dos de las instituciones en que más confían los mexicanos.

Hoy, este viejo acomodo resulta obsoleto frente a los cambios internacionales. En la mayoría de los países democráticos, las relaciones cívico-militares han madurado y han alcanzado altos niveles de transparencia e institucionalización. En sociedades modernas, los canales de comunicación son múltiples: van desde la publicación y difusión de libros blancos de defensa y seguridad hasta la impartición de conferencias y cursos de especialización abiertos al público.

La transformación de las actividades del Ejército y la Marina ha ocasionado que se deba reconsiderar la autonomía originalmente planteada en el pacto. En casi todo el mundo, las misiones de las fuerzas armadas han pasado de la defensa del territorio a la protección directa de la sociedad. Un ejemplo es la lucha contra el narcotráfico, que abruptamente puso en contacto a la población y el instituto armado, a consecuencia de la militarización de varios estados del país.

En una democracia, la sociedad civil requiere mecanismos de comunicación institucionalizados. En este sentido, una de las primeras medidas que el Congreso debería considerar es obligar a la Sedena y a la Semar a publicar regularmente lo que se conoce como libros blancos: documentos públicos en los que se explica la doctrina militar, sus adecuaciones según el contexto internacional, los riesgos y amenazas enfrentados, las estrategias a seguir y los recursos que se utilizarán. Hasta ahora, este tipo de informes solo se elabora de manera voluntaria, a veces con fines de difusión más que estratégicos, y algunos de ellos son de carácter reservado.

Otro mecanismo de vital importancia que valdría la pena considerar es la impartición de especialidades, como maestrías y diplomados, en los que civiles y militares estudien y discutan las es­trategias de defensa y seguridad implementadas por el Gobierno. Esto ayudaría a cambiar la óptica bajo la cual la comunidad intelectual analiza las amenazas que enfrenta el país. Mientras que en países como Colombia y España cualquier persona puede obtener un posgrado en áreas de estudios estratégicos, en México no es posible. Otros ejemplos son el Departamento de Estudios sobre Terrorismo de la Universidad de Saint Andrews, en Escocia; la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, en Chile; las maestrías en temas de defensa en universidades argentinas, como la Nacional de la Plata, y el Departamento de Estudios en Defensa en el King’s College de Londres. En México, las únicas dos maestrías que existen sobre el tema —una en la Sedena y otra en la Marina— solo están abiertas a personal militar y altos mandos del Gobierno.

Además, la participación académica de los educadores civiles es limitada. En la Sedena y la Marina los profesores de tiempo completo son militares, mientras que en centros como el Royal Military College of Canada la mayoría de los profesores de planta son civiles. De igual manera, el número de think tanks en temas de seguridad en México palidece en comparación con el estadounidense, que incluye el Instituto de Estudios Estratégicos, la Corporación rand y el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales.

Esta limitada participación civil en temas de seguridad nacional, a su vez, restringe la comprensión de la defensa en México a una perspectiva estrictamente castrense. Para solucionarlo, hay que ampliar la oferta académica y permitir que haya profesores civiles de planta en los colegios militares, a fin de contribuir a la formación profesional y la contratación por parte de las secretarías de especialistas civiles que hagan aportaciones al desarrollo de estrategias y políticas de seguridad.

La democracia es un sistema político complejo. Uno de sus componentes principales es, sin duda, una sociedad civil bien educada y formada, capaz de retroalimentar e influir en las decisiones del Gobierno. Por desgracia, en lo que respecta a los asuntos militares y de seguridad, en México eso no existe. 

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Athanasios Hristoulas es profesor-investigador en el Instituto Tecnológico Autónomo de México.

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