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 Inmovilidad social

Enrique Cárdenas Sánchez | 01.09.2015

La pobreza y la desigualdad son, sin duda, problemas ancestrales que no hemos atinado a resolver. Pero hay un problema más que los hace todavía más graves: los pobres son los mismos, generación tras generación. Solamente 3 de cada 10 personas que nacen en condición de pobreza salen de ella en la edad adulta. Para la mayoría de quienes nacen pobres, su suerte “está echada” al momento de nacer, hagan lo que hagan. En el otro extremo de la distribución las cosas no son diferentes. De quienes nacen dentro del 20% de la población más rica, prácticamente todos (78%) se mantienen en los dos quintiles más altos en su vida adulta.

Hay varias trampas que provocan esta falta de movilidad social. Una es la educativa. Los pobres difícilmente llegan a terminar la preparatoria o los estudios superiores (solo el 11% lo hace), mientras que el 72% de quienes nacen en el quintil superior estudian al menos hasta la preparatoria. Y dado que los ingresos de las personas están correlacionados con el nivel de estudios y se elevan marcadamente a partir de la preparatoria completada, la desigualdad permanece, generación tras generación.

Existen otras trampas semejantes que tienen que ver con nutrición, educación temprana, acceso efectivo a la salud, seguros de vida y contra catástrofes, y pensiones para adultos mayores. También en estos casos, quienes nacen pobres tienen desventajas enormes en comparación con quienes nacen en estratos socioeconómicos más privilegiados. Por ejemplo, la desnutrición de los niños tiene repercusiones de largo plazo en su capacidad intelectual que los afectarán por el resto de sus vidas; la muerte o enfermedad del jefe de familia en estratos pobres prácticamente condena a la familia a quedarse en ese estamento una generación más. Por ello, es mucho más probable que se mantengan la pobreza y la desigualdad, año tras año, generación tras generación, entre quienes nacen pobres.

Si a esto agregamos que la economía ha crecido apenas ligeramente durante los últimos 35 años (no más de 0.5% anual en términos per cápita), no debe extrañarnos que los ingresos reales de los diversos estratos también se hayan estancado. Aquí hay otras trampas, como la productividad, que se ha convertido en un lastre del crecimiento, pues su contribución es negativa; la productividad de la mano de obra casi no ha aumentado a pesar del incremento de la escolaridad, lo cual muestra su desconexión del aparato productivo. También está la trampa de la falta de inversión productiva y de su mala asignación, que ha dejado regiones enteras del país rezagadas, con pocas oportunidades y un largo etcétera.

¿Cómo se puede construir una sociedad más permeable, donde el mérito y el esfuerzo de las personas cuente más, mucho más, que el lugar donde nacieron para acceder a mejores niveles de ingreso y bienestar? ¿Cómo se puede lograr una sociedad menos desigual y con un futuro para todos? Es evidente que no hay una sola respuesta ni una sola política pública que lo permita. Pero quizá podríamos empezar por una definición política, un pacto social que establezca con claridad que el Estado, toda la sociedad, está de acuerdo en ciertos mínimos de bienestar para todos los mexicanos; que se está de acuerdo en intervenir, Gobierno y sociedad, para construir una sociedad más armoniosa y menos desigual. Así, lo primero es definir esos mínimos de bienestar para todos, algunos de los cuales ya existen, como la educación secundaria obligatoria y el acceso efectivo a la salud. Pero todavía falta completar la lista para determinar qué significa en México el “desarrollo social”, establecerlo como política de Estado y alcanzar los acuerdos fiscales para su financiamiento de una manera sostenible.

La forma como muchos países han logrado lo anterior ha sido la de un sistema de protección social universal, financiado con impuestos generales o ingresos de capital del Estado, como el caso de Noruega con su fondo soberano del petróleo. En México estamos cerca de lograr un acuerdo, pero casi siempre solo respecto de los derechos de la gente y no sobre sus obligaciones. Sea como sea, necesitamos de ese acuerdo político que incluya tanto los rubros de gasto en protección social como sus medios de financiación. Y, además, debe ser una solución que promueva la productividad de la mano de obra y del capital, pues si no hay crecimiento económico no habrá recursos —por más que exista un acuerdo político— para financiar los “mínimos de bienestar” que requerimos para construir una sociedad más armoniosa y desterrar, para siempre, la pobreza extrema. Necesitamos retomar la idea de establecer un sistema de protección social universal, financiado con impuestos generales, que promueva el empleo, la formalidad (entendida como personas y empresas sujetas al pago de impuestos) y la productividad. Ha habido varias propuestas, aunque casi siempre parciales. Una fue la del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) en su documento El México del 2012: Reformas a la hacienda pública y al sistema de protección social. Hay maneras de implementar una serie de políticas que lleven a ese resultado, aunque tome una generación lograrlo. 

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ENRIQUE CÁRDENAS SÁNCHEZ es director ejecutivo del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, A. C.