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Exclusivo en línea: Diez lecciones aprendidas sobre las políticas anti-inmigrantes de Arizona y sus efectos en la vida de las familias migrantes mexicanas

Eduardo Torre Cantalapiedra | 01.09.2015
En ausencia de una reforma inmigratoria comprehensiva y mientras el magnate Donald Trump lanza su perorata en contra de los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos, en pro de ganarse el apoyo de determinadas facciones del Partido Republicano, miles de familias migrantes mexicanas siguen hoy en día haciendo frente a las políticas anti-inmigrantes aprobadas por el estado de Arizona. Por más de un decenio, el estado fronterizo ha sido un “laboratorio” donde se ensayan leyes y medidas en contra de los inmigrantes sin documentos, que algún día podrían ser promulgadas a escala nacional. ETC

 

 El 21 de marzo de 2015, la ciudad de Phoenix celebró el “Día del Inmigrante”, al ritmo de la música de los Tigres del Norte que dieron un concierto en el Teatro Comerica, para reconocer oficialmente la gran aportación que los inmigrantes han hecho al estado de Arizona. A primera vista, esta festividad nos invita al optimismo sobre la situación de las miles de familias migrantes mexicanas en Arizona [i] -que se caracterizan por desempeñar los empleos más duros y por padecer situaciones económicas precarias-. Sin embargo, la realidad requiere de una lectura menos ingenua y mucho más crítica del evento, de acuerdo a Salvador Reza, organizador comunitario y dirigente de Tonatierra, “los Tigres del Norte fueron utilizados para llevar a cabo un concierto político sólo para favorecer la imagen del gobernador de Arizona, Doug Ducey”.[ii]

Fuera como fuese, este acontecimiento evidencia la ausencia, y por tanto, la necesidad, de un análisis profundo respecto de los efectos de las políticas anti-inmigrantes de Arizona en las familias mexicanas residentes en aquel estado, en el año del quinto aniversario de la aprobación de la Ley Arizona SB 1070. Siendo esto así, en los próximos párrafos se describen sucintamente las políticas anti-inmigrantes estatales en Arizona y se señalan diez grandes conclusiones derivadas del análisis de las mismas y de sus efectos en la vida de las familias migrantes mexicanas.

Aunque las políticas anti-inmigrantes han existido en Arizona desde su nacimiento como estado de la Unión Americana hace más de un siglo, sin embargo, el fenómeno reciente de las políticas estatales en contra de los migrantes indocumentados dio comienzo en los noventas. Dos hechos son especialmente relevantes en esta década y anticipaban lo que después sucedió: 1) en 1996, la Legislatura estatal de Arizona aprobó una ley que estableció como requisito para obtener una licencia de conducir la presentación de una prueba de residencia legal en territorio estadounidense. La ley fue promovida por quién sería figura clave en el desarrollo de las políticas anti-inmigrantes en el estado, Russell Pearce, en ese entonces a cargo del Departamento de Motores y Vehículos de Arizona.

2) Un año después, la ciudad de Chandler, un municipio conurbado de Phoenix, implementó la Operation Restoration. Durante cinco días la policía detuvo a aquellos que tuvieran la “piel morena” y les exigían que probaran su ciudadanía estadounidense.

En la primera década del siglo XXI, tras el golpe psicológico de los atentados del 11 de septiembre, se produce un auge paulatino de las políticas anti-inmigrantes en Arizona. En el año 2004, apoyada por grupos anti-inmigrantes se aprueba la Proposición 200 que exige la prueba de ciudadanía para poder ejercer el voto y acceder a determinados beneficios públicos. Un año después se aprobó una ley que impone castigos a quienes realizasen actividades de tráfico de personas, como por ejemplo los “coyotes”. Esta disposición legal fue ampliamente utilizada para ir en contra de los propios migrantes, acusándolos de conspiradores.

En el año 2006 se aprobaron un total de cuatro leyes mediante iniciativa legislativa: la Proposición 100, que impedía a los migrantes indocumentados que hubieran cometido un delito acceder a libertad bajo fianza; la Proposición 102, que impide a los migrantes indocumentados recibir compensaciones monetarias por demandas civiles; la Proposición 103, que convierte al idioma inglés en la lengua oficial del estado; y la Proposición 300, que impide a los migrantes indocumentados acceder a los servicios educativos financiados por el estado y a los fondos de asistencia. Esta última, dificulta el acceso a los sistemas educativos superiores, ya que las tasas para acceder a los estudios se triplicaron para los estudiantes que carecían de papeles. Ese mismo año, Joe Arpaio, jefe de la Oficina del Sheriff del Condado de Maricopa (MCSO), firmó con el U. S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) uno de los más amplios acuerdos 287(g) en la nación, por el cual varias decenas de agentes estatales fueron entrenados para poder realizar tareas que, por lo general, sólo corresponden a los agentes federales de migración. Varias agencias policiales del estado obraron de manera similar y firmaron sus correspondientes acuerdos con ICE. Arpaio y sus alguaciles hicieron redadas en los lugares de trabajo así como se apostaron en las carreteras con el objetivo de “capturar” a los migrantes indocumentados.

En enero de 2008 entró en vigor “Legal Arizona Workers Act” (LAWA), ley que ha obligado a muchos empleadores a verificar si sus trabajadores están autorizados para trabajar en Estados Unidos. Luis F. B. Plascencia, investigador de Arizona State University, señala que sólo en dos ocasiones se implementó LAWA, según este autor esto se pudo deber a que la aplicación de la ley del alguacil Arpaio y del fiscal del condado Andrew Thomas, estuvo enfocada en la aprehensión de los trabajadores sin autorización mediante las redadas en los lugares de trabajo y a través de las inspecciones de tráfico.[iii] Especialmente dramático fue el caso de los trabajadores que utilizaron documentos de terceras personas, ya que se les acusó del delito de robo de identidad, a pesar de que hacían uso de los mismos con el único fin de emplearse.

El 23 de abril de 2010, la gobernadora de Arizona por el Partido Republicano, Janice K. Brewer, firmó la Ley de Arizona SB 1070. Esta ley estatal de carácter ómnibus fue propuesta por Pearce –entonces senador estatal– y contenía principalmente dos tipos de disposiciones: aquellas que trataron de criminalizar a la inmigración indocumentada en el estado y aquellas referentes a la aplicación policial de la ley. Diversas demandas de inconstitucionalidad se presentaron frente a la misma y algunas de sus disposiciones fueron cautelarmente suspendidas antes de su entrada en vigor en julio del mismo año. Debido a la SB 1070 se produjo un boicot, que como es sabido generó importantes pérdidas económicas al estado; lo que a la postre supuso que los lobbies económicos frenaran todas las leyes anti-inmigrantes que fueron propuestas en lo sucesivo. En cualquier caso, esto no sirvió para que derogasen las ya existentes, ni evitar los abusos en la implementación de las mismas.

Una de las propuestas que fracasó después de SB 1070 fue la impulsada por Pearce en el año 2011. Por medio de la misma se pretendía negar la ciudadanía automática a los hijos de migrantes indocumentados nacidos en territorio estadounidense. Ese mismo año, el propio Pearce enfrentó una “Recall election” propuesta por el grupo “Ciudadanos para una mejor Arizona”, mediante la cual perdió su lugar en el senado frente al también republicano Jerry Lewis.

En el año 2012, la Corte Suprema en su dictamen respecto a la Ley Arizona anuló y bloqueó algunas de las disposiciones, pero dejó en funcionamiento la polémica Sección 2(B), por la que cada agente de policía en el estado en cualquier “contacto legal” y si existe “sospecha razonable” debe hacer un intento razonable por determinar el estatus migratorio de la persona. Lo cual puede conducir a prácticas policiales basadas en el perfil racial[iv] en Arizona, donde ya se habían producido actuaciones incorrectas en este sentido.

Ese mismo año, en respuesta a la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) de la administración del presidente Barack Obama, Brewer firma sendas acciones ejecutivas para impedir que los participantes en DACA puedan obtener licencias de conducir en el estado y acceder a ciertos beneficios públicos.

También en 2012, Janet Napolitano rescinde los acuerdos 287(g) firmados en Arizona, debido a la cantidad de problemas que causaban y quedando sólo en vigor Secure Communities. La MCSO, en el desempeño de la actividades antes descritas, se destacó por sus prácticas policiales inconstitucionales, lo que le hizo ser merecedora de una demanda por parte de American Civil Liberties Union (ACLU), Ortega Melendres et al. v. Arpaio. En el año 2014, el juez federal de Distrito, G. Murray Snow dictaminó que el alguacil Arpaio y la MCSO habían realizado actuaciones basadas en el perfil racial y llevado a cabo detenciones ilegales para ir en contra de los latinos en sus redadas y paradas de tráfico. Asimismo, emitió una decisión en la que se ordenaba a Arpaio y a su agencia a realizar cambios para que cesasen las malas actuaciones y evitar futuras violaciones de derechos constitucionales.

Pero las actuaciones de Arpaio y sus alguaciles probablemente fueron sólo “la punta del iceberg”; ya que en ausencia de un escrutinio adecuado, las agencias del estado pueden estar de facto cometiendo impunemente violaciones flagrantes de los derechos civiles. En este sentido, es difícil saber cómo se está implementando actualmente la SB 1070, especialmente en lo referente a la sección 2 (B); dada la existencia de múltiples agencias, la discrecionalidad con la que estas ejercen sus funciones y la ausencia de datos confiables sobre su funcionamiento. Alessandra Soler, directora de ACLU Arizona, señaló que la implementación de la Ley Arizona por varios departamentos estaba siendo muy agresiva.[v] Aunque la carencia de datos y estadísticas no permitan dar una respuesta más definitiva, hay dos hechos que son muy significativos y que ilustran cómo está siendo la implementación: 1) las propias familias migrantes mexicanas siguen actualmente reportando ser víctimas del perfil racial por parte de la policía, y 2) la existencia de múltiples demandas y reclamaciones por parte de las organizaciones de abogados que defienden los derechos civiles de los inmigrantes. La ACLU declara haber reunido numerosas evidencias de que los oficiales que aplican la ley en el estado están cometiendo actuaciones basadas en el perfil racial y realizando detenciones ilegales. Asimismo, en 2014 se interpuso la primera demanda respecto a la implementación incorrecta de la SB 1070 por parte de los oficiales de policía.

Diez lecciones:

  1. Escrupuloso seguimiento de la terrible doctrina de la attrition trough the enforcement. Los líderes políticos republicanos en el estado han tratado hacer la vida imposible a los migrantes indocumentados sin que los demócratas hayan hecho mucho por evitarlo. Más y más políticas anti-inmigrantes fueron aprobadas antes y después de la llegada de SB 1070. Un ejemplo ilustrativo del empecinamiento en tratar de perjudicar a los migrantes indocumentados, es la acción ejecutiva de Brewer para impedir que los participantes de DACA pudiesen lograr licencias de conducir. También en la implementación de la ley se muestra un afán desmesurado por castigar y perjudicar a los migrantes indocumentados, llevándose a cabo prácticas policiales inconstitucionales (cometiendo perfil racial) y con aplicaciones torticeras de la ley (como en el caso mencionado de la ley anti-coyote).
  2. Acumulación de efectos. Las políticas estatales acumulan y combinan sus efectos nocivos para hacer más difícil la vida a los migrantes indocumentados y sus familias. Deportaciones que comenzaron con un arresto de la MCSO u otras agencias, multas de mil dólares por conducir sin licencia a causa de la ley que les impide obtenerla, despidos causados por la LAWA, pérdidas de empleo por las redadas del Sheriff Arpaio, jóvenes que sueñan con estudiar un carrera pero no pueden debido los altos a costes de colegiatura, y otros inconvenientes vitales causados por las políticas anti-inmigrantes, se dan con facilidad bajo un mismo techo. Es por ello, que para algunos inmigrantes la SB 1070 fue la gota que colmó el vaso y decidieron marcharse del estado.
  3. Difusión de efectos. Las políticas en el estado no sólo aquejan a los migrantes indocumentados sino también a los que residen legalmente admitidos y a los propios ciudadanos estadounidenses, debido a la difusión de sus nocivos efectos, principalmente, a través de los lazos familiares. El ejemplo paradigmático son los hijos de los migrantes mexicanos nacidos en Estados Unidos, que sufren indirectamente las condiciones que las leyes imponen a sus padres. Además, la ruptura del tejido social a medio y largo plazo puede conllevar consecuencias nefastas para la sociedad en su conjunto.
  4. Importancia de la implementación. El contenido de la leyes es importante, pero también es fundamental la cuestión de cómo las mismas son aplicadas. Los agentes de policía han tendido a abusar de su posición como autoridades en la ejecución de la ley ante una población vulnerable. Esto hace que de facto las disposiciones sean más nocivas de lo que cabría esperar ateniéndose exclusivamente a lo que dice el texto legal.
  5. Efectos más allá de lo legal. Íntimamente ligado a lo anterior, los efectos de las leyes sobrepasan a los que se deducen del texto legal. Uno de los ejemplos más claro, es que el miedo generado por la actuación policial de la MCSO y la SB 1070, ha supuesto que los migrantes no denuncien los delitos, incluso los más graves, en los que con frecuencia, ellos mismos son víctimas. También son numerosos los abusos de los empleadores sobre los inmigrantes que carecen de papeles, dada la situación de vulnerabilidad de estos últimos.
  6. Sanciones a empleadores conducen a la precarización laboral. Debido a la LAWA muchos migrantes indocumentados perdieron sus empleos y fueron reintegrados en otros de manera más precaria (por ejemplo, los empleos informales fueron adoptados como una estrategia de adaptación de las familias ante un entorno hostil) o migraron. Y los que se quedaron en sus empleos ahora son más vulnerables. Según Plascencia, la LAWA no conduce a la exclusión generalizada de los trabajadores migrantes indocumentados del mercado laboral, sino que los incluye de una manera más precaria.[vi]
  7. Círculo vicioso de la vulnerabilidad. La teoría de la vulnerabilidad desarrollada por Jorge A. Bustamante encaja perfectamente con el caso de Arizona. Las políticas generan procesos sociales de discriminación y vulnerabilidad de los inmigrantes, que a su vez permiten políticas más restrictivas, que nuevamente generan más discriminación y vulnerabilidad, produciéndose un ciclo vicioso en contra de los migrantes. La vulnerabilidad de los migrantes les hace susceptibles de recibir abusos por parte de los agentes de policía y de los empleadores.
  8. El boicot y las demandas ante los tribunales han resultado parcialmente exitosos para acabar con estas leyes en el medio y largo plazo. El boicot a Arizona presionó a que los grupos de interés económico impidieran que entraran nuevas leyes anti-inmigrantes en el estado. Las demandas en los tribunales acabaron con ciertas partes de la SB 1070 y comienzan a revertir las implementaciones incorrectas de las leyes. Sin embargo, por el momento no han logrado que se retiren las leyes ya aprobadas ni el cese de su dañina implementación.
  9. Las redes sociales y las organizaciones comunitarias son fundamentales para reducir los impactos negativos en el corto plazo. Mientras se hacen frente a las políticas anti-inmigrantes en los tribunales y con el boicot, la realidad es que, al menos por un tiempo, los migrantes se enfrentan a una implementación muy agresiva de la ley, por lo que deben defenderse. Las redes con las que los migrantes cuentan y su pertenencia a organizaciones comunitarias (por ejemplo, los Comités de Defensa del Barrio) son fundamentales para reducir los impactos nocivos de las leyes, puesto que a través de las mismas no sólo se difunde información de gran importancia sino apoyo e inclusive asesoría legal, y por tanto, se empodera a las personas.
  10. La información y la defensa legal personal son fundamentales. La información permite a los migrantes defender mejor sus derechos, y la defensa legal se ha mostrado muy eficaz para defender los casos particulares de los migrantes. Estas fueron dos de las estrategias más importantes que implementaron los Consulados mexicanos en Arizona, pero gran parte de la población mexicana en el estado no pudo beneficiarse de ninguna de ellas.

 

[i] En el año 2013, aproximadamente 250 mil hogares mexicanos –hogares con jefe de hogar y/o cónyuge mexicano– en Arizona, estimación propia con base en la Encuesta de la Comunidad Americana.

[ii] Salvador Reza citado en Marco Arreortúa, 21 de Marzo de 2015, Protestas por el concierto de los Tigres del Norte, Mixed voices, Recuperado de: http://mixedvoces.com/comunidad/protestas-por-el-concierto-de-los-tigres-del-norte-21020#.VRttRuGhuDk

[iii] Luis F. B. Plascencia, 2014, “Employer Sanctions”, en Anna Ochoa O’Leary ed., Undocumented Immigrants in the United States: an Encyclopedia of Their Experience. Volume I: A-J, Santa Bárbara, California, Greenwood, pp. 215-218.

[iv] Por ejemplo, si una o varias agencias policiales del estado dirigen sus actuaciones exclusiviamente a los inmigrantes latinoamericanos por su color de piel y rasgos fenotípicos.

[v] Entrevista a Alessandra Soler de Salvador Reza y Silvia Herrera, Programa semanal de los Comités de Defensa del Barrio en Radio 1190 AM, Phoeniz, Arizona.

[vi] Comunicación personal, 2015.

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Eduardo Torre Cantalapiedra estudia el doctorado en Estudios de Población en el Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales de El Colegio de México.