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Exclusivo en Línea: El (momentáneo) Enroque inteligente de Peña Nieto

Iván Salinas  | 14.09.2015
Exclusivo en Línea: El (momentáneo) Enroque inteligente de Peña Nieto

 La escena política mexicana ha vivido fuertes sacudidas a raíz del reporte del GIEI sobre la desaparición y asesinato de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Consecuencia principal de los resultados obtenidos por la comisión al cabo de seis meses de trabajo, la versión oficial mantenida hasta ahora ha sufrido un fuerte golpe de credibilidad. Contra lo afirmado, se documenta entre otras cosas la presencia de fuerzas federales y del ejército, se señala el escamoteo de pruebas (el 5° autobús), se pone en duda la incineración de los cuerpos en el basurero de Cocula… Sorpresivamente, casi a la par de la conferencia en la que fue presentado el informe, el presidente Peña Nieto afirmó su voluntad de esclarecer la desaparición forzada de los jóvenes estudiantes a cualquier precio.

Para quienquiera que siga un poco la ajetreada situación de México y el manejo en medios que la presidencia de este sexenio realiza sobre la gobernabilidad del país, la noticia pudo sorprender. ¿Cómo es posible que Peña Nieto, escudado anteriormente en la defensa acérrima de la “verdad histórica” enarbolada por Murillo Karam, pudiera cambiar de postura tan pronto, al grado de que no sólo permitió la investigación del grupo designado por la comisión interamericana de derechos humanos, sino que se comprometió a tomar en cuenta las conclusiones del reporte que echaban por tierra la tesis defendida hasta el momento?

Asediado, entre otros, por los escándalos de la fuga del Chapo y los numerosos casos de corrupción de varios miembros del gobierno, incluido él mismo, el presidente ha intuido que la mejor opción para manipular la atención del grueso de la población es la de dar la imagen de querer aplicar la ley en el caso Ayotzinapa. La razón de esto es sencilla: Peña Nieto quiere mostrar su intención de cambiar las cosas al pretender atacar la desorganización del gobierno en la aplicación de justicia desde la base.

Al obrar de este modo, el primer mandatario intenta hacer creer que enfrentará problemas que todo el mundo conoce y para los que no ha habido solución: hacer que las fuerzas policiales y armadas reciban por fin la formación indispensable para cumplir con sus funciones de forma profesional; instaurar pautas únicas para realizar un peritaje luego de la comisión de un delito; trabajar en la limpieza de cuadros infiltrados por los delincuentes, etc etc. De solucionar dichos escollos de seguridad, la gente podría sentirse más protegida al saber que las instancias de aplicación de justicia (policías, federales, ministerios públicos, jueces) harían su trabajo “conforme a derecho”. Esto representaría nada menos que la solución al problema que los ciudadanos ordinarios temen más: ser víctimas de una maquinaria ciega que puede echarle a perder la vida a uno “por error” (o para cargarle el muerto a alguien más), sabiendo que todos los interlocutores oficiales están corrompidos/coludidos con el crimen organizado.

Si esta actitud es loable, no se percibe lo mismo al preguntarse qué pasa con la corrupción de altos vuelos, la que afecta el orden político y económico desde las esferas del poder. Como pudo verse con la exculpación que Virgilio Andrade hizo sobre cualquier tipo de culpa legal que hubiese podido surgir por el posible conflicto de interés a Peña Nieto y a Luis Videgaray, la voluntad para instaurar un estado de derecho a todos los niveles no es de la misma magnitud. Distraer a la escena pública con la adhesión a los resultados del caso Ayotzinapa, lleva la discusión de la reforma de la justicia al plano “terrenal”, y evita plantear la posibilidad de solicitar a la CIDH (o a alguna otra instancia internacional como la OEA o la ONU), que haga la misma revisión a los conflictos de interés del Gobierno con contratistas. El temor de que la gente exija una investigación externa debe ser aún mayor al ver lo que pasó en Guatemala, en donde una mirada independiente sobre la información que se tenía respecto a los actos de corrupción a nivel estatal, condujo a la renuncia y encarcelamiento (preventivo hasta ahora), del expresidente Ríos Montt.

Es difícil pensar que la intención mediática del gobierno de Peña Nieto vaya en esta dirección. También es complicado creer que lleve a cabo los cambios en el rubro de justicia que proyecta como consecuencia del caso Ayotzinapa, dada la trayectoria del gobierno priista en lo que va su mandato. Con todo el escepticismo del mundo, ojalá al menos dichos cambios se vuelvan realidad, así la desaparición de los 43 no habrá sido en vano.