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Exclusivo en línea: El Partido Acción Nacional y la “actualización” de los principios de política exterior

Jaime Hernández Colorado y Rainer Matos Franco | 01.10.2015

 

El jueves 17 de septiembre de 2015, el senador Víctor Hermosillo Celada presentó una iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La intención de la iniciativa, según la exposición de motivos, es la de “actualizar” los principios de política exterior de México. En el cuerpo del documento se expone una serie de argumentos para sostener que la propuesta del senador Hermosillo y de los senadores Marcela Torres Peimbert y Francisco Búrquez Valenzuela tiene bases suficientes. No es así. El contenido de la propuesta se reduce a dos cambios: incluir la “integración regional” y la “promoción y fortalecimiento de la democracia” entre los principios de política exterior y, el más relevante, eliminar de la redacción del párrafo X del artículo 89 el principio de no intervención.

A pesar de que los objetivos son esos dos, acaso por ausencia de convencimiento, el proponente ofrece un cúmulo de razones —34 páginas— para sostener ambas metas. La mayoría de aquéllas son afirmaciones cuya fortaleza tiene anclaje en la “autoridad” de quienes las sostienen. Conviene detenerse en varios elementos de la propuesta legislativa, aunque, en el transcurso de este breve análisis, intercalamos síntesis para desagregar la puerilidad de las bases conceptuales de la propuesta.

No sería necesario hablar de la mala redacción, errores ortográficos y de lógica en la iniciativa de los tres senadores del PAN; sin embargo, por lo vergonzoso de ese cúmulo de errores de lenguaje, acaso la rogativa más concreta sea que el senador Hermosillo, que fue quien presentó la iniciativa, solicite a los miembros de su equipo de trabajo que aprendan a escribir —y a pensar lógicamente. A la debilidad de fondo se suma la vergüenza por la forma.

 

1. Los principios

 

Los principios de la política exterior de México no son cosa nueva. Existen desde el siglo XIX y sus doctrinas, que se llaman así por su naturaleza de lineamientos de acción, han regido durante más de un siglo mediante la determinación de algunos límites a la política internacional de México, aunque nunca han sido una “camisa de fuerza”, como lo asume la redacción de los senadores del PAN. Esos lineamientos se enunciaron en las doctrinas Juárez, Carranza y Estrada, de contenido parecido.[1] La última de esas doctrinas, la de Genaro Estrada (1930), condensó la experiencia institucional de los cuerpos diplomáticos mexicanos en cinco principios: autodeterminación, no intervención, derecho de asilo político, reconocimiento o rechazo a gobiernos constituidos por la fuerza y condena a las guerras de agresión. En el gobierno del presidente Miguel de la Madrid, los principios de política exterior se introdujeron en la redacción constitucional, en el Artículo 89, pues las acciones internacionales son de competencia del Ejecutivo federal, si bien con opinión del Senado de la República. No fue, como sugiere el documento en cuestión, para que el gobierno mexicano en 1988 reprodujera lo que, según los senadores del PAN, ocurrió con anterioridad en la historia nacional, por ejemplo cuando “Benito Juarez (sic) y Venustiano Carranza dictaron principios políticos para poner a resguardo sus administraciones”.

Vale la pena insistir en que los principios no han constituido nunca lo que los redactores del documento llaman “esta sensación (sic) de que son una camisa de fuerza” para el ejercicio de la política exterior de México. Como instructivo de yoga la frase entrecomillada podría ser coherente, pero cabe recordar, volviendo a la realidad, que la práctica ha demostrado la inexistencia de tal cosa como una “camisa de fuerza”. La iniciativa que nos ocupa señala, por ejemplo, que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) fue una prueba importante para los principios, pues “significaba una pérdida de soberanía e intervención”. Literalmente, los redactores del documento dicen que México “intervino” durante la negociación del TLCAN en los “procesos de decisión internos de Estados Unidos y Canadá”. No fue así. El acuerdo comercial a que hace referencia no significó eso. Hay muchos estudios pormenorizados de este asunto y coinciden en sostener que ese tratado fue, en el marco del mundo cambiante en el que se hizo, la salida de México al ámbito de la globalización y la diversidad comercial.[2] En ese caso, los principios de política exterior no sólo no se vulneraron, sino que marcaron un anclaje institucional y, si se quiere, histórico, a partir del cual se llevaran a cabo, de hecho, acciones pragmáticas y basadas en intereses —tal y como los senadores del PAN esperan que se conduzca la política exterior mexicana. Más grave es que se omite por completo la transformación básica del sistema internacional a partir del inicio de la década de 1990, como consecuencia de la implosión del bloque comunista y la caída de la Unión Soviética, que terminaron con la Guerra Fría.

Para los senadores del PAN es lo mismo “intervenir” al posicionarse en contra de la invasión italiana a Etiopía en 1936 que “intervenir” en los “procesos de decisión internos” de Estados Unidos y Canadá en la negociación del TLCAN. La gravedad es doble: en primer lugar, porque no es lo mismo, y no tiene nada que ver, condenar a un país por invadir un tercero con el hecho de firmar un tratado comercial con Estados vecinos, ambos procesos en contextos muy distintos. En segundo, porque el concepto de “intervención”, y es aquí donde radica acaso la mayor imprecisión en el documento, se entiende dentro del mismo como diferentes hechos. Hay múltiples acepciones para quienes redactaron el texto sobre lo que se entiende por intervención, que a ratos oscila entre posicionarse frente a un acontecimiento internacional, ofrecer ayuda humanitaria, resignarse a la globalización, negociar un tratado comercial con ventajas para México —como se hace en cualquier negociación, es decir una repartición de concesiones entre las partes—, condenar en foros multilaterales decisiones políticas internas de terceros países e “incidir todos los días en el mundo de hoy”. Los redactores del documento no se dan cuenta de la gravedad a la que puede llevar la imprecisión de los conceptos que emplean, especialmente uno tan importante en asuntos internacionales como el de “intervención”. Podrían decirnos, desde la primera página, qué entienden por ello.

La iniciativa del PAN se duele de que la política exterior no puede ser pragmática ni fundarse en intereses, a causa de los límites que imponen los principios constitucionales de política exterior. Es sencillo desmontar ese argumento con simplemente enviar a los autores a revisar cualquier historia de las relaciones internacionales de México y, sobre todo, en los últimos treinta años.[3] Cada vez más y, particularmente en los últimos quince años —doce de los cuales gobernaron presidentes emanados del PAN—, la política exterior de México ha podido bascular entre posiciones en las antípodas precisamente porque los principios constitucionales no han sido un valladar en contra de la inexperiencia e impericia de quienes han tomado decisiones de política internacional.

Entre las “propuestas” recogidas en la iniciativa que, según se dice, han resultado de encuentros de especialistas en el Senado, vale la pena revisar algunas para tener clara la idea extraña de política exterior que existe en el Grupo Parlamentario del PAN. Entre verdades de Perogrullo se halla, por ejemplo, “incluir a la política exterior en el Sistema Nacional de Planeación (SNP)”. Ignora esta “propuesta” que la política exterior es, de hecho, política de Estado. En ese sentido, es diáfano que no puede incluírsela en el SNP, pues las acciones que se incluyen en ese esquema son, al final, políticas públicas, o sea, políticas de gobierno y no de Estado. Cabe señalar que esto contradice por completo otra de las “propuestas” en la misma lista: que la política exterior no debe de “ser de un gobierno”, sino de “un Estado que represente los intereses nacionales”. La lista sigue: “los principios de política exterior deben actualizarse conforme a los intereses”. Es evidente, siguiendo con la idea de “política de Estado”, que los principios que regulen la política exterior no pueden alterarse cotidianamente. Por eso son principios, como aquellos de naturaleza jurídica, porque son valores superiores que marcan —que no imponen— algunos alcances y límites. Esto quiere decir que la preocupación de los senadores del PAN para que la política exterior se haga “conforme a intereses” no tiene sustento. Es perfectamente posible que las acciones exteriores de México se diseñen con base en intereses, aunque tengan como marco de referencia los principios de política exterior. Los intereses cambian todos los días: por eso la política exterior basada en ellos es pragmática. Los principios, como en el caso de los jurídicos, no cambian, ni deberían cambiar, pues son puntos referenciales —constituyen un anclaje. Así, el trabajo de los diplomáticos sería ajustar las acciones pragmáticas de política internacional al contexto referencial de los principios, así como la labor del jurisprudente consiste en adaptar la praxis del día a día, en un mundo y una sociedad crecientemente complejos y cambiantes, a los estándares de la ley para evitar lagunas jurídicas. Es cierto: no es sencillo. Pero el trabajo diplomático tiene en la dificultad una de sus condiciones esenciales. Una frase más, abrumadoramente simple: “México debe tener presencia y marcar diferencia”, como si fuese un “emprendedor” en el mercado de la innovación. El axioma persiste: por supuesto que sería deseable, pero depende menos de una frase añadida a la Constitución que de los cambios y reacomodos en el sistema internacional. Destaca una última “propuesta”, cuya inocencia es asombrosa si es que proviene de algunos de los académicos mencionados en la iniciativa: “Es importante ser miembro del Consejo de Seguridad de la ONU”. Pues claro que lo es, pero hasta que exista una nueva oportunidad para serlo. Los autores queremos creer que tanto los académicos sentados en los foros convocados por los senadores del PAN, como los asesores de éstos, sabrán cómo operan las rotaciones y elecciones de los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad —por no hablar, claro, de los permanentes. Va de nuevo: se trata de otra “propuesta”, más pasional que racional, cuyo carácter escueto tiene que ver con temas que escapan a los medios de posicionamiento hacia el exterior de la diplomacia mexicana.

 

II.1. La no intervención

 

La confusión que campea en el texto de la iniciativa de los senadores Hermosillo, Torres y Búrquez surge del lío de los autores con un concepto: el principio de no intervención. Brevemente: el principio de no intervención no es un principio de política exterior de México —con los límites que eso encerraría—, es también un principio general del derecho internacional. No es menor hacer esta aclaración, pues la iniciativa que nos ocupa confunde los elementos conceptuales más básicos. Dice Michael Wood:

 

“En el derecho internacional, el principio de no intervención incluye la prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza en contra de la integridad territorial o la independencia política de un Estado, aunque no se limita a esto. El principio también significa que un Estado no debe intervenir de forma dictatorial en los asuntos internos de otro Estado. En esta materia, la Corte Internacional de Justicia caracterizó, en Nicaragua v. Estados Unidos, a la coerción como elemento de la intervención prohibida en el derecho internacional”.[4]

 

A la luz de las características del concepto, la iniciativa urge a que se modifiquen los principios de política exterior, pues considera que “la intervención es inevitable y hasta natural”, ignorando que la aversión hacia la no intervención no es asunto de cambios constitucionales en México, sino de un ámbito distinto, de nuevo: el derecho internacional.

La preocupación de los senadores del PAN por eliminar el principio de no intervención se dirige a sostener que es “irremediable la interacción que se deriva de la intervención en sus diferentes acepciones”. El interés es legítimo: relanzar la posición de México en el espacio mundializado. Sin embargo, los proponentes no se dan cuenta —o eso supone la buena fe— de que el principio de no intervención no es un valladar para la participación más activa de México en el espacio internacional. Con las condiciones que existen hoy, nadie se llama a asombro de la influencia del mundo globalizado en el país. Llanamente: la idea de que en la actualidad pesa más, y es algo que México podría ejercitar, eso que se denomina soft-power (“poder blando”, en la traducción del documento), cuyas implicaciones no tienen nada que ver con la no intervención que, como vemos, es un concepto con alcances bastante más graves. Es decir: la eliminación del principio en cuestión no tendría consecuencias ni positivas ni negativas en el ámbito por el que se preocupan los senadores panistas. Sí, en cambio, abriría la puerta a hechos que, si no fueran amenazas reales, resultarían graciosos: acciones de intervención de México en asuntos que no son de su incumbencia y, en reciprocidad, intervención de otras naciones en territorio mexicano. Habría que preguntar a los senadores Hermosillo, Torres y Búrquez, y a sus asesores, a qué tipo de interferencia se referían al sugerir esto dentro del maremágnum de acepciones de lo que entienden por “intervención”. Uno no puede dejar de asumir que hoy en día, en el seno de Acción Nacional, se lee un sistema internacional en el que es legítimo que naciones extranjeras interfieran en los asuntos internos de otras, sin darse cuenta de las implicaciones tan graves que sus propuestas conllevan. Parecería, además, que en vez de contribuir al fortalecimiento de la posición de México en el mundo, se dedicaran a calcular cómo debilitarla, pues no entienden que sobre el principio de no intervención reposa, de hecho, la estabilidad del sistema internacional.

Al final, el principio de no intervención es de carácter proactivo y no defensivo, como sostiene la iniciativa, que se pierde en la trayectoria histórica de los principios que pretende “actualizar”. El ejercicio de las acciones de no intervención ofrece a las naciones la capacidad de colocarse en una posición de excepción. Si un Estado no interviene en los asuntos domésticos de otro espera la reciprocidad: que otro no interfiera en los suyos. Pues bien: la iniciativa del Grupo Parlamentario del PAN en el Senado se interesa, al parecer, por lo contrario al sentido teórico de este principio jurídico.

En el mismo tema, la iniciativa de la que hablamos ofrece una miscelánea de menciones bibliográficas y de ejemplos que no tienen desperdicio. Reparando en las citas, no es menor que las frases de autores como Lorenzo Meyer, Rosario Green o Ana Covarrubias carecen del contexto amplio en el que se insertaron como parte de publicaciones académicas. Sin embargo, los ejemplos de presunta intervención son todavía más elocuentes. Según la iniciativa, México ha “intervenido” en reiteradas ocasiones en otros países: (1) Defensa de Etiopia (sic) en la Sociedad de las Naciones; (2) Guerra Civil Española; (3) Visado mexicano en la II Guerra Mundial; (4) TLCAN; (5) Carta Democrática Interamericana; (6) Defensa de los Derechos Humanos; (7) Grupo de Río, y; (8) Cascos azules mexicanos. Veamos uno por uno.

 

(1) Dice la iniciativa: “Alejados de la corriente y de la inercia de la mayoría, la posición mexicana se mostró firme apoyando a Etiopia (sic), evidenciando que al intentar fortalecer la soberanía se intervino en asuntos que no eran particularmente nuestros, pero si (sic) de la escena mundial y como actores con responsabilidad global actuamos en consecuencia”.

Obviando las carencias de redacción y ortografía, conviene puntualizar que el ejemplo se cancela por sí solo. Primero: México no “intervino”, porque no actuó en contra de los límites del principio de no intervención. Segundo: México hizo precisamente lo contrario a lo que pretenden mostrar los senadores. La protesta mexicana, en aquel caso, fue una defensa del principio de no intervención, ante la invasión italiana en Etiopía. Tercero: si una situación así sucediera ahora, la diplomacia mexicana podría actuar de forma idéntica, pues el principio constitucional que los senadores del PAN pretenden abrogar no se opone a ese tipo de acciones. Cuarto: en aquel caso, México no sólo se manifestó defendiendo el principio de no intervención sino también el de autodeterminación, el de igualdad jurídica y, por supuesto, en contra de la que fue una guerra de agresión.

 

(2) Dice la iniciativa: “(…) durante el régimen del General Francisco Franco en España los conflictos armados ocasionaron caos y miseria para algunos de sus ciudadanos. Por esa razón el Gobierno del General Lázaro Cárdenas abrió las fronteras de nuestro país a los españoles que huían de la dictadura. (…) La intervención positiva de nuestro país no sólo radico (sic) en negar el consentimiento de la dictadura en España, sino que se abrieron las puertas de nuestro país al pueblo ibérico”.

De nuevo: busque el lector una referencia en ese párrafo que evidencie la violación del principio superior de no intervención. México no reconoció al gobierno de Franco porque, de acuerdo con la Doctrina Estrada, el país no otorgaba reconocimientos. A eso súmese que, cuando se redactan párrafos así, uno espera que los asesores hayan hecho su tarea y al menos buscado someramente las razones del exilio español en México; pedir que lean un libro sería un despropósito. Resulta no sólo molesto sino oprobioso que se ignore por completo la situación de guerra civil prevaleciente en España entre 1936 y 1939, y que encima de ello se mencione el “talento” de los intelectuales españoles exiliados para justificar toda la perorata. Habría que recordar a Acción Nacional, cuyos miembros quizás estaban más ocupados en crear su partido por aquellos tiempos, que la Casa de España en México se fundó en 1938 a iniciativa de Daniel Cosío Villegas para albergar de manera temporal —esto es, en lo que terminaba la guerra, amén del resultado incierto— a los intelectuales españoles. Y, por si fuera poco, al haber habido un conflicto bélico en el que participaron activamente Alemania e Italia —como Estados—, el gobierno que actuaba conforme a la Constitución Española de 1931 seguía existiendo y México manteniendo relaciones con él. Por lo demás, la moción Quintanilla del 19 de junio de 1945 prohibió la entrada a Naciones Unidas a los países cuyos gobiernos se hubieran establecido con ayuda de las potencias del Eje. Por si fuera poco, la política de puertas abiertas de Cárdenas no transgredió el principio de no intervención y, aunque lo hubiera hecho, se basó en el derecho de asilo político. En todo esto, viene a cuento la definición de intervención de Ana Covarrubias que, paradójicamente, cita la iniciativa: “para que un acto se considere intervención debe romper las convenciones prevalecientes y dirigirse a la autoridad del Estado intervenido”. Sobra dejar claro a los proponentes que el exilio español fue resultado de una guerra, no del establecimiento inmediato de otro régimen y, por tanto, si el gobierno mexicano actuó en territorio español —privilegiando el derecho de asilo—, lo hizo con la anuencia de la autoridad del Estado intervenido, es decir, el gobierno constitucional.

 

(3) Dice la iniciativa: “Gilberto Bosques contraviniendo a las autoridades locales, otorgó visas y dio asilo en la embajada mexicana en Francia para esos refugiados, hasta que fue detenido con sus empleados por la Gestapo de Hitler en mayo de 1942. La valiente intervención de Bosques avalado por el gobierno mexicano “violentando la soberanía” de la administración en turno en Francia, le salvo la vida a miles y el reconocimiento mundial a la diplomacia mexicana”.

El argumento del párrafo reproducido es incluso ofensivo. Varias cosas: la iniciativa ignora, en sus pretensiones, detalles de la historia de Gilberto Bosques, pese a que el Senado de la República tiene un “centro de estudios” con ese nombre. Los proponentes ignoran que en las acciones de Bosques no hubo ninguna vulneración al principio de no intervención, ignoran el contexto de la II Guerra Mundial, ignoran la ilegitimidad del gobierno de Vichy, ignoran que Bosques no “violentó” ninguna soberanía simplemente porque en aquel momento Francia estaba ocupada por Alemania Nazi. No vale la pena poner otros puntos de discusión, sino reiterar que es grave que un documento que pretende alterar el estado de cosas de la política exterior de México adolezca de problemas cuya gravedad, a más de dar vergüenza, genera preocupación extrema.

 

(4) Dice la iniciativa: “El acercamiento, negociación, firma y ratificación, del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, impulsó a México a abandonar la resistencia a participar en los procesos de decisión internos de Estados Unidos y Canadá, para emprender una muy intensa y exitosa campaña de cabildeo en Washington. De igual manera la liberación del comercio de aranceles es una contundente prueba de que la no intervención está sobrepasada en los hechos desde la década de los 90. Es claro que desde la conformación del bloque comercial, se generó la industria exportadora de nuestro país y pilar de nuestro crecimiento económico”.

Otra vez: busquemos la transgresión al principio de no intervención. No sólo no aparece, sino que, es evidente, los proponentes confunden términos e incluyen sus premisas en la conclusión, por las dudas. Es risible, por lo demás, que México tenga capacidad para intervenir en los asuntos internos de Canadá y no se diga de Estados Unidos, como ya se mencionó más arriba. Claramente, los senadores Hermosillo, Torres y Búrquez no saben qué quiere decir principio de no intervención. Lo ignoran, también, los becarios que redactaron la iniciativa, lo cual genera dudas graves acerca de los lineamientos y la calidad de las carreras de relaciones internacionales en las instituciones de educación superior de las que proceden.

 

(5) Dice la iniciativa: “Durante sesión extraordinaria de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos en Lima, Perú, el 11 de septiembre de 2001 nuestro país firmó una serie de principios y compromisos en defensa de la democracia. Además de adherirse a la condena a la situación de los Derechos Humanos en Cuba, que intervino en los asuntos del gobierno de la isla, en beneficio de su población”.

 

(6) Asimismo, dice la iniciativa: “En abril de 2002 México votó a favor, una propuesta de Uruguay, en la sesión de la 58 Asamblea de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), donde se hizo una llamada de atención a la situación en Cuba, circunstancia en sentido estricto intervencionista, pero consecuente con las nuevas políticas que se implementaban en nuestro país y la exigencia de la comunidad internacional”.

Veamos con detenimiento este ejemplo. Primero: la defensa de la democracia es una causa que a nadie le provoca extrañeza. Segundo: la “condena” a Cuba no “intervino” en los asuntos de gobierno de la isla, puesto que Cuba ni siquiera era, en 2001-2002, miembro de la OEA. Tercero: como consecuencia, al estar Cuba al margen de la OEA —y de sus “condenas”—, las declaraciones a las que se adhirió México no sólo no tuvieron ninguna consecuencia negativa ni positiva —ni para el gobierno ni para su “población”—, sino que provocó un cúmulo de diferendos con Cuba que desembocaron en el enfriamiento de relaciones bilaterales que habían sido cercanas por varias décadas. Quinto: el resultado evidente de estas acciones exteriores de México fue el casi rompimiento de relaciones con Cuba, alejamiento que se prolongó casi una década y, actualmente, se traduce en la incapacidad de México para mediar en posición de excepción en el acercamiento de Cuba con Estados Unidos. Un resultado más: el extrañamiento de algunos países de América Latina cercanos a Cuba, entre ellos, Venezuela y Argentina. Cabe un botón de muestra adicional: estas acciones de México, que fueron motivadas por los “intereses”, son sólo un ejemplo de lo dicho antes. La toma de decisiones erráticas de política exterior en los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón no se topó nunca con los principios constitucionales como valladar. Se entiende, así, que el principio de no intervención, ni los demás, han sido nunca una camisa de fuerza para que la política exterior de México responda de forma pragmática a los intereses.

 

(7) Dice la iniciativa: “En el bienio 2008-2010, México tuvo la secretaria (sic) pro témpore del Grupo de Rio, donde intervino positivamente en el acercamiento de posturas entre. (sic) Colombia y Ecuador luego de la incursión colombiana en territorio ecuatoriano en el marco de un ataque de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). La intervención de nuestro país propicio (sic) la adopción de posturas y declaraciones sobre temas de interés común”.

Una vez más: ignore el lector las faltas de redacción y ortografía y busque la ruptura del principio constitucional de no intervención en el ejemplo que ofrece la iniciativa. No existe. La capacidad de liderazgo que antaño tenía México en el ámbito regional no tuvo nunca —ni tendrá— relación con la transgresión del principio de no intervención.

 

(8) Por último, dice la iniciativa que la participación de México en las fuerzas de paz de Naciones Unidas y la participación en el Consejo de Seguridad de la ONU son indicadores de intervención. No es así. La presencia de México en las Operaciones de Mantenimiento de la Paz está, por la naturaleza de los “cascos azules”, mediada por la intención de establecer condiciones de paz en regiones que lo requieren. Eso no viola el principio de no intervención, pues la acción de esos cuerpos internacionales requiere la anuencia de la autoridad legítima del territorio en el que actúan. La consideración de que “la simple participación de nuestro país en el Consejo de Seguridad implica intervención en la política de otros países” es una broma que se cuenta sola. México no tiene un asiento permanente en ese cuerpo de la ONU y, por tanto, suponer que tiene capacidad de “intervenir” en otros países por su presencia temporal en el Consejo es más un deseo que una realidad.

 

Una vez vistos todos los ejemplos, es claro que el principio constitucional de no intervención no se opone a ninguno de ellos. En caso de que una situación obligara a la diplomacia mexicana a pasar por encima del principio de no intervención, esa situación creada tendría que vulnerar otros principios jurídicos superiores. Así, de nuevo, el principio de no intervención no es una camisa de fuerza que impida acciones positivas de México en el ámbito internacional. Sólo que, para que esas acciones positivas se lleven a cabo y termine por obviarse la no intervención, tendrían que transgredirse principios superiores y definir la línea reactiva de política exterior por medio de una ponderación, siempre teniendo en cuenta los intereses nacionales.

De los ejemplos que proponen los senadores Hermosillo, Torres y Búrquez, es evidente que entre los representantes del PAN existen confusiones graves. No es complicado develar la ignorancia con la que trabajaron los tres senadores autores de la iniciativa —y los miembros de su equipo. La argumentación es pastosa, intrincada, contradictoria. Las premisas, las bases lógicas, son más que endebles. El razonamiento —la conclusión— carece de sustento. Al menos en lo que hace al principio de no intervención, que tiene preeminencia en este análisis por ser el que pretende eliminarse, la iniciativa deja ver faltantes conceptuales graves que serían anecdóticos de la ignorancia jurídica y de política exterior del Senado de la República, si no fuera porque es sumamente grave que esos olvidos —o franco desconocimiento— conceptuales y de derecho internacional primen en un documento que pretende alterar la situación del artículo 89 de la Constitución.

 

III. México en las grandes ligas

 

La línea transversal que evidencia la ignorancia de los tres senadores sobre el asunto que toca su iniciativa considera que la “actualización” —es decir: añadir dos frases al texto constitucional y quitar otra— de los principios de política exterior es urgente para que México relance y recupere la posición de liderazgo que tenía antaño en el ámbito internacional. La realidad es que esa posición anterior no se perdió por causa de los principios de política exterior, sino por decisiones de política internacional erráticas, carentes de sentido de Estado y, precisamente, por ignorar los principios constitucionales. Lo que es más: se perdió por decisiones tomadas en su mayoría en las dos administraciones del PAN. Cuando México llegó a “liderar” de alguna forma fue precisamente cuando la conjunción de factores como un sistema internacional más o menos predecible pero estable como la Guerra Fría —que los senadores del PAN llaman “inestable”, por cierto— y una diplomacia mexicana apegada a sus principios, no sin dejar todo el espacio posible al pragmatismo que aprovechaba las lagunas jurídicas del derecho internacional, permitieron a la Secretaría de Relaciones Exteriores tener un margen de maniobra que predicó con el ejemplo en las relaciones internacionales de México durante décadas.

No es tarea fácil dilucidar qué resulta más engorroso de la iniciativa de los senadores del PAN: si la redacción tan descuidada, las faltas ortográficas o el contenido del documento. Sin embargo, lo que sí alarma es el último punto. Es no sólo grave sino impertinente —y, de algún modo, hasta irresponsable— proponer modificaciones al texto constitucional, y en especial a un artículo tan delicado como el 89, en aras de incluir un par de frases con una justificación nula, ignara e imprudente. Entiéndase: las frases que se buscan añadir al Artículo 89, fracción X, son lo de menos, puesto que en su vaguedad no tendrían consecuencias trascendentales para la política exterior mexicana. En cambio, eliminar el principio de no intervención sí implica un problema más allá de las lagunas jurídicas, pues minaría no sólo una de las principales causas a favor de las cuales se pronuncia el derecho internacional, sino que privaría al Ejecutivo federal de una base jurídica sólida para evitar la interferencia de terceros países en los asuntos nacionales y, también, se prestaría a interpretaciones tan variadas como las que los propios senadores del PAN entienden por “intervención”.

La “actualización” de los principios, como la caracterizan los senadores Hermosillo, Torres y Búrquez, parece un remedio que por ensalmo solucionará los problemas que tiene la presencia exterior de México. No es así. La exigencia del Senado de la República debería ser al Ejecutivo federal, para que defina líneas de acción y modifique la situación pasiva de la política exterior de México hasta la fecha. Culpar a los principios es la estrategia más sencilla, pero no la más sensata —ni correcta.

 

 

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Jaime Hernández Colorado. Licenciado en Política y Administración Pública por El Colegio de México y máster en Derecho Constitucional por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (España). jhcolorado@colmex.mx.

 

Rainer Matos Franco. Licenciado en Relaciones Internacionales por El Colegio de México. Actualmente cursa su Maestría en Estudios de Rusia y Eurasia en la Universidad Europea de San Petersburgo. rmmatosf@gmail.com.

 

[1] Patricia Galeana de Valadés, “La doctrina Juárez”, Decires, vol. 8, núm. 8, 2006; Daniel Cosío Villegas, “La doctrina Juárez”, Historia Mexicana, vol. 11, núm. 4, 1962; Arnaldo Córdova, La ideología de la Revolución Mexicana, México, ERA, 1973.

[2] Entre los más recientes: Gustavo Vega Cánovas, México y Estados Unidos: La economía política del libre comercio, México, El Colegio de México, 2014.

[3] Por ejemplo: Roberta Lajous Vargas, Historia mínima de las relaciones internacionales de México, México, El Colegio de México, 2012.

[4] Michael Wood, “Non-Intervention (Non-interference in domestic affairs)”, en The Princeton Encyclopedia of Self-Determination, http://pesd.princeton.edu/.