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Voces de la migración: Retos de la agenda  

Fernando Sepúlveda Amor | 01.11.2015
La llegada a Washington del nuevo embajador de México, Miguel Basáñez, abre una nueva etapa en las relaciones México-Estados Unidos. A su arribo, se encuentra con asuntos muy delicados en materia de seguridad, narcotráfico, relaciones económicas y cuestiones migratorias. A continuación revisamos, particularmente, los asuntos que comprende la agenda de migración, aquellos que por el clima político derivado de la contienda electoral estadounidense y el ambiente antiinmigrantes en amplios sectores del Partido Republicano cobran especial significación.  FSA

©iStockphoto.com/Christophe BOISSON

1. La importancia de los mexicanos en Estados Unidos

México es el país con el mayor porcentaje de su población residiendo en el exterior, en especial en Estados Unidos, donde se alojan 11.4 millones de connacionales, cifra que representa el 9.8% de la población total de nuestro país en 2015. Por otra parte, residen en Estados Unidos aproximadamente 34.6 millones de personas de origen mexicano, de las cuales 22.9 millones son mexicoamericanos, lo que ha impulsado la creación en México de una política de Estado tendente a incorporar a esta población dentro de un concepto más amplio de nación mexicana.

 

2. Nativismo y tendencias antiinmigrantes

Las recientes declaraciones del precandidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, sobre los mexicanos, así como las de otros aspirantes a la candidatura republicana que han adoptado posturas antiinmigrantes, revelan las actitudes de ciertos grupos de la población estadounidense y de las elites políticas del Partido Republicano, lo que resulta muy preocupante si se consideran además las posiciones adoptadas por el candidato republicano Mitt Romney en las pasadas elecciones presidenciales de 2012, respecto a las políticas de autodeportación de los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos y la Ley SB1070, aprobada en Arizona en 2010. Independientemente de ello, existe un conjunto de centros de investigación de extrema derecha —tales como la conservadora The Heritage Foundation, la Federation for American Immigration Reform y el Center for Immigration Studies— que tienen actitudes antiinmigrantes y difunden estudios con datos que distorsionan la realidad de la inmigración en Estados Unidos con el fin de influir en la opinión pública estadounidense y en el electorado.

 

3. Acciones antiinmigrantes en los estados

En los últimos ocho años, en que el Partido Republicano ha sido desplazado de la administración federal, la estrategia antiinmigrante de esta organización se ha centrado en la actuación de los gobiernos y legislaturas estatales en su poder, al igual que de autoridades locales republicanas, independientemente del bloqueo en las cámaras a la legislación para una reforma migratoria integral. Tal es el caso de la Ley SB1070 y de la actuación del sheriff Joe Arpaio del Condado de Maricopa, en Arizona, así como de las autoridades locales de Hazleton, Pensilvania, y Farmers Branch, Texas, que pretendieron en cierto momento tener una actuación propia en materia de inmigración, lo cual fue echado abajo por la Suprema Corte de Estados Unidos, por ser esa una función del Gobierno federal establecida en la Constitución. Destaca la labor del secretario de Estado de Kansas, Kris Kobach, como el artífice legal detrás de las maniobras antiinmigrantes del Partido Republicano antes descritas, al igual que diversas políticas para la restricción del voto mediante el requisito de identificación oficial y prueba de ciudadanía, que limita la participación electoral de la población de bajos recursos —la cual tiende a votar por los demócratas— y la población inmigrante. Como asesor en la campaña de Mitt Romney, Kobach fue el autor de la tesis de la autodeportación de los inmigrantes indocumentados, que le costó al candidato el voto latino.

Ante el fracaso de otras instancias antiinmigrantes, el Gobierno republicano de Texas ha adoptado la política de negar la expedición de actas de nacimiento a hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en Estados Unidos. De acuerdo con la Enmienda XIV de la Constitución, que establece que toda persona nacida en ese país es ciudadana estadounidense, es necesario que los padres presenten, para la expedición del acta, documentos oficiales tales como la licencia de manejo o el pasaporte con visa estadounidense que demuestre su estancia legal en el país; la matrícula consular expedida por los consulados de México en el estado dejó de servir, bajo el argumento de que se emite sin autentificar los documentos de identificación presentados por los emigrantes. Algunos precandidatos presidenciales republicanos han propuesto la modificación de dicha enmienda para eliminar los derechos de nacimiento. México ha presentado un escrito a la Corte en apoyo a la demanda introducida por los abogados que representan a los padres afectados por esta medida, afirmando que “las acciones del estado de Texas son una violación al derecho internacional que introduce un elemento preocupante y discordante en las relaciones binacionales y transnacionales”.

 

4. Voto latino

Una de las formas de cambiar las acciones antiinmigrantes prevalecientes en ciertos estados es el voto. Un total de 23.3 millones de votantes hispanos eran elegibles para votar en las elecciones presidenciales de 2012; no obstante, únicamente 11.2 millones ejercieron ese derecho. El resto de los votantes potenciales no participó en el proceso debido a que no estaba registrado en el padrón o no acudió a las urnas a votar. En el caso de Texas, se tiene una cifra de 2.6 millones de electores hispanos elegibles que no están registrados pero que podrían votar. Los mexicanos en Estados Unidos tienen el índice más bajo de naturalización entre todos los grupos de inmigrantes: los mexicanos naturalizados representan solamente el 33% de los 5.5 millones de mexicanos con estancia legal en ese país, de los cuales cerca de 2.9 millones son elegibles para naturalizarse y votar. Es indudable que el voto hispano tendrá cada vez más peso en la configuración electoral de Estados Unidos, considerando que el grupo hispano registrará el mayor crecimiento demográfico en los próximos 50 años.

 

5. Enlaces académicos

Los gobiernos de México y Estados Unidos han planteado un programa tendente a crear una Región del Conocimiento en Norteamérica, con la que se plantea un intercambio educativo, tecnológico y científico que permita, hacia el 2018, ubicar a 100 mil estudiantes mexicanos en Estados Unidos y a 50 mil estadounidenses en México.

 

6. Conexión de la comunidad mexicoamericana con México

Actualmente más de 2/3 de la población de origen mexicano en Estados Unidos son descendientes de mexicanos de primera y segunda generación, denominados comúnmente como mexicoamericanos, esto es 22.9 millones de personas que equivalen a cerca del 20% de los habitantes de México, y que constituyen una población mayor que la de muchos países centroamericanos. Los mexicoamericanos guardan una liga emocional con México como su país de origen, y celebran sus fiestas y tradiciones como una herencia cultural que se transmite de generación en generación. Sin embargo, este grupo guarda agravios ancestrales y recientes en contra del Gobierno de México y el sistema mexicano en general debido a que sus padres tuvieron que salir del país por falta de oportunidades económicas y de ascenso social, así como por la corrupción, la violencia y la fallida impartición de justicia.

La Ley de Nacionalidad que amplió el concepto de nación mexicana para los mexicanos naturalizados en otro país y sus descendientes de primera generación concedió derechos y prerrogativas anteriormente exclusivas para los ciudadanos mexicanos en territorio nacional. Sin embargo, no derivó de ello una política pública tendente a integrar culturalmente a los miembros de la diáspora mexicana en el exterior. La creación del Instituto de los Mexicanos en el Exterior ha sido un primer paso para atender las necesidades de los nacionales residentes en el extranjero, particularmente en Estados Unidos, pero no existe un programa estructurado que aproxime a esta población a sus raíces nacionales.

 

7. Votación de los mexicanos en Estados Unidos

Las modificaciones a la Ley de Nacionalidad y a las leyes electorales que permitieron la doble nacionalidad y el voto en el exterior a los mexicanos naturalizados en otro país y a sus descendientes de primera generación, y las reformas político-electorales para la creación del Instituto Nacional Electoral y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como el dictamen de modificación de la Ley General de Partidos Políticos aprobada en mayo de 2014 —que permite la credencialización en el extranjero y la emisión del voto por vía electrónica, por correo o en forma presencial mediante boleta en consulados y embajadas de México— plantean retos particulares por la complejidad de la operación y el número potencial de votantes en el exterior en las elecciones de 2018.

De acuerdo con todo lo anterior, el Estado mexicano, por una parte, no tiene jurisdicción sobre los mexicanos con doble nacionalidad que viven en el extranjero, aquellos que se rigen por las leyes del país de residencia, por lo que en esta situación carece de los medios para ejercer su poder y aplicar las leyes electorales en otro territorio. Por otra parte, se estima que hay aproximadamente 15.3 millones de mexicanos y mexicoamericanos residentes en Estados Unidos mayores de 18 años con derecho a credencializarse y votar en las elecciones de 2018. Realizar esta tarea tomará tres años y requerirá una enorme labor de coordinación con el Instituto Nacional Electoral y los consulados de México para el ejercicio del voto y la resolución de conflictos electorales después de los comicios.

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Fernando Sepúlveda Amor es director del Observatorio Ciudadano de la Migración México-Estados Unidos.

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