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Voces de la migración: El gran error

Fernando Sepúlveda Amor | 01.07.2015
Voces de la migración: El gran error
Los mexicanos residentes en el extranjero tienen derecho al voto. Sin embargo, el que este derecho se ejerza en países distintos del nuestro impide aplicar las leyes nacionales cuando hay infracciones y abre la puerta a la injerencia de intereses ajenos al proceso.

En artículos anteriores hemos señalado las fallas jurídicas y las inconsistencias legislativas en el otorgamiento del voto en el exterior a los mexicanos con doble nacionalidad, al confundir los derechos emanados de la ciudadanía con los derechos asociados a la nacionalidad, y al no emitir las normas contempladas en la Ley de Nacionalidad para evitar los conflictos derivados de la doble nacionalidad.

Ciertamente, el Estado mexicano atendió tardíamente el derecho al voto de los mexicanos residentes en el extranjero y las facilidades para ejercerlo. Las condiciones establecidas cuando este derecho se reconoció limitaron considerablemente el ejercicio del voto, tal como se manifestó en las elecciones presidenciales de 2006 y de 2012, en las que la participación del electorado fue notablemente reducida, con 32 mil 632 votos en 2006 y 40 mil 714 votos en 2012, a pesar de los esfuerzos realizados por el Instituto Federal Electoral en la segunda elección para corregir las fallas detectadas en la primera.

La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales aprobada en mayo de 2014 incorpora modificaciones tendientes a facilitar el voto mediante la credencialización de electores en el exterior y la emisión del voto electrónico, por correo, o presencialmente en los consulados de México en el extranjero, de la misma manera que los ciudadanos de otros países lo han venido haciendo desde hace tiempo.

Las objeciones al voto en el exterior presentadas anteriormente no se aplican a los mexicanos nacidos en México residentes en el extranjero que mantienen la nacionalidad mexicana, a pesar de la opinión de algunos juristas internacionales especialistas en el tema que opinan que aquellos nacionales que tienen mucho tiempo de residir fuera de su país se han desconectado de la vida diaria y de los problemas locales, por lo que no están capacitados para emitir un voto informado, lo que ha motivado que algunos países condicionen el derecho al voto de aquellos ciudadanos con largo tiempo de residencia en el extranjero.

Si bien el caso de los emigrantes mexicanos es diferente al de otros países debido al elevado número de nacionales residentes en el exterior y al alto porcentaje de ellos en relación con la población de México —lo que lo hace un caso singular—, el derecho a elegir a sus gobernantes es inalienable. El problema surge cuando el legislador extiende este derecho a los mexicanos con doble nacionalidad y otorga derechos ciudadanos a los hijos de mexicanos nacidos en el extranjero y que son ciudadanos de otro país, ubicando bajo un mismo estatuto a ciudadanos en México con derechos y obligaciones, y a nacionales mexicanos en el exterior con derechos y sin mayores obligaciones, confundiendo así los conceptos jurídicos de ciudadanía y nacionalidad.

El problema no es solamente jurídico; el problema es la incapacidad de los órganos electorales para controlar íntegramente el proceso electoral y el ejercicio del voto en el extranjero. La Ley Electoral aprobada el año pasado prohíbe a los candidatos y a los partidos políticos hacer campaña y comprar publicidad en el extranjero. Ilusamente, el legislador imaginó que con esas restricciones cubriría estos aspectos, sin advertir que las autoridades electorales carecen absolutamente de los medios para controlar la totalidad del proceso electoral en el exterior, el flujo de fondos y la capacidad para sancionar a los posibles infractores.

En este caso, las autoridades mexicanas se enfrentan a la incapacidad de controlar los recursos económicos destinados a influir en la opinión de los votantes, y a la imposibilidad de detectar los delitos electorales y aplicar las leyes correspondientes en el extranjero. En la actualidad, representantes de partidos, funcionarios federales y estatales, y exfuncionarios de las dos administraciones anteriores recorren las principales regiones de concentración de emigrantes mexicanos en Estados Unidos para realizar actos públicos y privados, promoviendo actividades en beneficio de las comunidades mexicanas en este país y procurando la adhesión de los líderes comunitarios, todo esto con fines electorales y con cargo a los presupuestos de las respectivas entidades.

Preocupa que estas mismas fórmulas puedan ser aplicadas por entidades y organizaciones extranjeras con una agenda política o ideológica propia, al igual que la cercanía de partidos políticos de México con individuos en Estados Unidos que realizan actividades políticas en este país o que mantienen nexos con grupos políticos de diversa ideología, ajenos a los intereses de México. Un ejemplo de esto es la figura del doctor Juan Hernández, profesor mexicano-estadounidense de la Universidad de Texas en Dallas, que cobró prominencia en la administración del presidente Vicente Fox como encargado de la Oficina Presidencial para la Atención de los Mexicanos en el Exterior, y que anteriormente había participado en la campaña como encargado del control de la agenda del candidato, interviniendo en la introducción y contratación de los estrategas políticos de Estados Unidos, Richard Morris y Rob Allyn, así como de Jorge Rábago de España, quienes participaron después en la campaña de Felipe Calderón.

Esto último no tendría mayor importancia si no contraviniera lo establecido en el Capítulo iii del Artículo 33 de la Constitución de México, que prohíbe la participación de extranjeros en los actos políticos en el país. Rob Allyn, estratega político del partido Republicano, expuso ampliamente en una entrevista para The Dallas Morning News su participación en el diseño de la campaña de Vicente Fox y su intervención encubierta bajo nombres falsos para ocultar su actuación en los procesos políticos de México. En esta entrevista no abordó abiertamente el aspecto relativo al financiamiento del exterior de la campaña de Fox a través de la organización Amigos de Fox, la cual, de acuerdo con investigaciones periodísticas y a una denuncia del Partido Revolucionario Institucional, recibió de manera ilegal fondos del extranjero; inexplicablemente, en 2007 la Procuraduría General de la República clasificó la investigación como reservada por un periodo de 12 años.

Juan Hernández ha tenido una participación activa en las filas del Partido Republicano: en 2008 ocupó el puesto de director de Hispanic Outreach (Acercamiento Hispano), durante la campaña presidencial de John McCain, y en 2012 tuvo a su cargo la tarea de promover el voto hispano en Texas durante la campaña presidencial de Mitt Romney; esto con un éxito reducido, después de la declaración de aquel sobre favorecer la autodeportación de los inmigrantes indocumentados.

No creo que Juan Hernández sea una persona mal intencionada; lo que sucede es que tiene una agenda propia que no se alinea necesariamente con los intereses de México, y eventualmente podría ser instrumento de agentes políticos externos sin que las autoridades electorales mexicanas pudieran impedirlo. Hay que recordar que el doctor Hernández fue conducto y cómplice de la violación de las leyes mexicanas por la intervención de estrategas políticos extranjeros en la campaña de Vicente Fox, lo que podría repetirse en el futuro.

Existen dos formas abiertas para incidir en el voto de los mexicanos en el exterior: la influencia en la opinión pública y la compra directa o indirecta del voto. Si bien los candidatos y los partidos políticos de México no pueden hacer propaganda en el exterior, se tienen múltiples caminos para conformar el sentir de la comunidad en relación a un candidato o un partido mediante campañas o el uso de los medios de comunicación; y aquí estamos hablando no solo de las fuerzas políticas radicadas en México, sino también de grupos de interés en el exterior que buscan enaltecer a un candidato o hundir a un partido político, ya sea a nivel de elecciones presidenciales o de elecciones para gobernador o senadores, según sea el caso.

Basta observar las noticias sobre México en Estados Unidos para detectar la insistencia y repetición de información negativa sobre la corrupción, los conflictos de interés, los ataques a los derechos humanos y el narcotráfico, por mencionar los temas más destacados tanto en los diarios de circulación nacional como en los medios electrónicos. De alguna manera estas situaciones negativas se asocian con el partido gobernante, minando su imagen tanto entre el público estadounidense como entre las comunidades mexicanas en Estados Unidos, lo que ciertamente incidirá en el resultado de las elecciones.

 

Existen dos formas abiertas para incidir en el voto de los mexicanos en el exterior: la influencia en la opinión pública  y la compra directa o indirecta del voto

 

Nadie está dispuesto a reconocer que existe la compra del voto y, sin embargo, esta es una realidad que tiene que aceptarse y que habrá que combatir. La compra indirecta del voto se efectúa mediante la cooptación de líderes comunitarios, quienes a su vez influyen entre sus agremiados en una u otra dirección. La compra directa del voto se hace mediante la distribución de dinero, de bienes o de beneficios entre la población votante a cambio del voto. La provisión de fondos para estos fines puede canalizarse por diversos medios, unos más institucionales que otros.

Ante estas situaciones, el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales carecen de instrumentos para vigilar, investigar, perseguir o castigar a los infractores electorales en el exterior, sobre todo si estos son nacionales extranjeros. Por otra parte, que el proceso electoral se dé en territorio de otro país impide aplicar las leyes nacionales, y el hecho de que los individuos infractores sean extranjeros o cuenten con doble nacionalidad vuelve imposible que los órganos electorales tengan jurisdicción en el exterior.

El legislador, en su gran equivocación, ha abierto potencialmente la puerta al caballo de Troya para que intereses externos puedan incidir en las elecciones en México. Habrá que buscar la forma de cerrar esa puerta.

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FERNANDOO SEPÚLVEDA AMOR es director del Observatorio Ciudadano de la Migración México-Estados Unidos.

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