youtube pinterest twitter facebook

Apuntes sobre los riesgos geopolíticos que enfrenta México: el caso del Triángulo del Norte de América Central  

Bernardo Sepúlveda Amor | 01.08.2016
Apuntes sobre los riesgos geopolíticos que enfrenta México: el caso del Triángulo del Norte de América Central  
Cuando pensamos en los lindes geográficos de México, pocos son los temas positivos que vienen a nuestra mente. En la frontera norte tenemos el tráfico de drogas, armas y personas, mientras que en la del sur hay presencia de grandes pandillas delincuenciales, una muy deficiente aplicación de las leyes y la constante violación a los derechos humanos.

Para Federico Reyes Heroles

en la celebración del 25 aniversario

de la revista Este País

 

I. La naturaleza del riesgo geopolítico

 

En términos geopolíticos, la amenaza internacional más grave que enfrenta México es la delincuencia transfronteriza que se origina en el Triángulo Norte de América Central, compuesto por Guatemala, Honduras y El Salvador.

La creciente importancia del crimen organizado transnacional que opera en México y Centroamérica incrementa la violencia y la inseguridad en toda la región, generando riesgos extremos para el ciudadano, las instituciones de seguridad pública y el mismo Estado.

El Triángulo del Norte constituye una de las regiones más peligrosas del planeta, sin contar las zonas con un conflicto bélico declarado. El área enfrenta retos sin precedentes en materia de seguridad, con la presencia activa de pandillas callejeras y de organizaciones criminales sofisticadas, y con una corrupción endémica en los órganos de seguridad del Estado, incluyendo a los responsables de la impartición de justicia. Una consecuencia de esos vacíos de autoridad es que Honduras, Guatemala y El Salvador tienen uno de los índices más elevados de homicidios en el mundo.

Con el creciente volumen de drogas ilícitas en tránsito por los corredores de México y América Central, el crimen organizado transnacional cuenta con cada vez más recursos financieros, controla mayores espacios territoriales, recluta más sicarios, almacena un arsenal impresionante de armas y municiones, y ejerce una preocupante influencia corruptora sobre varias de las instituciones gubernamentales de la región.

En el tema del narcotráfico, el asunto más delicado es el comercio de heroína y cocaína, el empoderamiento de los grupos dedicados a él y la violencia que acompaña al conflicto por controlar territorio y dominar rutas que lo faciliten. Sin embargo, aunque el tráfico de drogas ha significado generar más violencia, la razón principal de la inestabilidad en el área tiene que ver con la falta de una suficiente fiscalización gubernamental, tanto en México como en los países del Triángulo del Norte, así como con el poder de actores no estatales.

Existe una relación directa entre la violencia criminal y el vacío que se genera con la ausencia de la autoridad del Estado en ciertos espacios territoriales. Al producirse ese vacío emergen poderes alternativos que cubren los huecos que han dejado las instituciones gubernamentales. Esos son los huecos que llena el poder del crimen organizado, disputando al Estado el monopolio de la violencia y el control del territorio.1

El problema fundamental de las zonas fronterizas no guarda únicamente relación con los vacíos de poder; tiene relación también con la falta de seguridad ciudadana y la implantación generalizada de un Estado de Derecho en el área. Fortalecer el control estatal sobre la totalidad del espacio que comprenden las fronteras es fundamental. En caso contrario, la necesaria fiscalización será insuficiente para contener el flujo de un tráfico ilícito de bienes y personas en múltiples cruces fronterizos irregulares, sin presencia de la autoridad, con la desprotección del ciudadano y sin la aplicación del principio de legalidad.2

Conviene advertir que, conforme al estudio de la onu, en Estados Unidos la demanda y el consumo de cocaína han disminuido de forma significativa en fechas recientes como resultado de una reducción en la oferta. A pesar de ello, tan solo en 2010, 330 toneladas de cocaína cruzaron la frontera de Guatemala con México para su futura exportación al mercado estadounidense. Este volumen de cocaína alcanza en Guatemala un valor superior a los 4 mil millones de dólares, anota la onu.3

En el comercio de estupefacientes ilícitos el peligro más grave e importante es la heroína exportada por el narcotráfico mexicano a Estados Unidos. Hace apenas unos meses, un estudio de la dea puso de manifiesto que “las organizaciones mexicanas del crimen transnacional constituyen la mayor amenaza para Estados Unidos en materia de drogas ilegales. No hay quien compita con ellas. Ese tráfico incluye heroína, metanfetaminas, cocaína y mariguana, que se comercian por todo el territorio estadounidense. Controlan el narcotráfico a través de la frontera sudoccidental y están expandiendo su participación en el mercado, especialmente en el mercado de la heroína y las metanfetaminas”.4 Ahí mismo se afirma también que “las organizaciones mexicanas son las más prominentes traficantes de heroína al mayoreo en las zonas de Chicago, Nueva Jersey, Filadelfia y Washington, con una gran expansión de su presencia en el área de Nueva York”.5 Este fenómeno no encontraría explicación a menos que se registre un considerable grado de connivencia entre crimen organizado y autoridades locales estadounidenses.

A partir del 2006, como consecuencia de una nueva estrategia del combate al narcotráfico en México, el crimen organizado decidió trasladar un volumen importante de sus operaciones al Triángulo del Norte, donde el Cártel del Pacífico (compuesto por la Federación de Sinaloa y el Cártel del Golfo) y los Zetas han instalado sucursales regionales o se han asociado con grupos criminales de la localidad. Un estudio reciente de la onu indica que Guatemala se ha convertido en el centro neurálgico del tráfico de cocaína hacia el norte, concentrando el 90% del almacenamiento de cocaína en espera de su traslado ilegal por los territorios mexicanos en ruta hacia Estados Unidos.6

Así pues, las toneladas de cocaína almacenadas en territorio guatemalteco no habrán de permanecer por mucho tiempo en las bodegas. Serán transportadas por tierra, mar y aire, siguiendo las rutas clandestinas bajo el control de los Zetas o del Cártel del Pacífico en territorio mexicano, hasta su destino final en el mercado estadounidense.

Queda claro que “la ruta de la cocaína es de sur a norte. El valor de México es la conexión con Estados Unidos. El valor de Centroamérica es la conexión con Sudamérica. Ambas regiones son parte de una misma ruta y no funcionan por separado”.7

En el transcurso de los últimos cinco años, Centroamérica se ha convertido en el primer punto de destino de los envíos de cocaína a la región, produciéndose un mayor número de incautaciones en esa área, con la correspondiente disminución de las incautaciones en México.

Conforme al ya citado estudio de la onu, en 2012 el Ministerio de Gobernación de Guatemala “declaró 58 municipios como ‘ingobernables’ o ‘sin presencia policial’”.8 Prácticamente la totalidad de esas municipalidades se encuentra ubicada en la línea fronteriza entre México y Guatemala, en zonas bajo el control territorial y el poder de los Zetas o del Cártel del Pacífico.

En términos regionales, la frontera sur de México es ya una extensión de la crisis de seguridad que padece el Triángulo del Norte, constituyéndose en un riesgo geopolítico para nuestro país.9 Para Guatemala, Honduras y El Salvador la actividad delictiva del crimen organizado mexicano en sus territorios es una tragedia nacional de dimensiones mayúsculas, como lo es también para la sociedad y para el Estado mexicano.

 

II. Las redes transnacionales del crimen organizado

 

La delincuencia organizada expande su radio de acción a otros campos ilícitos, como lo son la extorsión, el secuestro, el contrabando y la piratería. A ello se agrega el tráfico de armas, de migrantes y de mujeres y niñas. En este último caso, la explotación criminal se realiza principalmente en la zona de Chiapas y Guatemala, con ramificaciones en territorio hondureño.

En relación con el tráfico de armas, los datos disponibles indican que la mitad del armamento de uso exclusivo del Ejército, incautado en México, tiene su raíz en Centroamérica, en donde existe un abundante y redituable mercado de armas como legado de los conflictos bélicos que padeció la región durante largos años.

Muchas de las granadas de mano utilizadas por las organizaciones del narcotráfico en México provienen del arsenal militar guatemalteco. Armas pesadas incautadas en nuestro país tuvieron su origen en ventas estadounidenses al Ejército hondureño. Cantidades importantes de armas, municiones y granadas han sido recuperadas en Chiapas, al borde de la línea fronteriza con Guatemala. Existe evidencia suficiente para identificar a los traficantes de todo este armamento: funcionarios corruptos y grupos del crimen organizado con control territorial en el área.10 Sin embargo, no es ocioso recordar que, de acuerdo con fuentes oficiales estadounidenses, se estima que el 87% de las armas incautadas en México tiene su fuente en Estados Unidos.11

El flujo migratorio que se traslada a México, originado en el Triángulo del Norte, representa ya un serio problema doméstico de amplias dimensiones políticas y humanitarias. El riesgo que enfrenta nuestro país es que la presencia de la delincuencia trasnacional, traficando y victimizando a personas a través de las fronteras, y operando impunemente en el territorio nacional, acarrea una simbiosis que hermana a la delincuencia organizada de México con la de Centroamérica.

Uno de los asuntos más delicados que padecen México, los países del Triángulo del Norte y Estados Unidos, tiene que ver con la migración transnacional irregular. Ello obedece a que, en años recientes la situación de violencia que sufren los migrantes indocumentados en su tránsito por el territorio mexicano se ha agravado de manera exponencial como consecuencia de la participación activa del crimen organizado que opera en toda la región.

Según datos elaborados por instituciones intergubernamentales y por organizaciones no gubernamentales (ong), los robos, extorsiones, secuestros, agresiones físicas y psicológicas, violaciones y abusos sexuales, asesinatos y desapariciones, son delitos que han aumentado en frecuencia e intensidad desde hace una década. Las víctimas son los migrantes irregulares, lo que comprende a niños, niñas, adolescentes, mujeres y hombres adultos.

Los responsables de esa violencia delictiva son, principalmente, los integrantes del crimen organizado transnacional y sus secuaces locales, actuando con la complicidad de las autoridades municipales, estatales y, en más de un caso, con la intervención del personal del Instituto Nacional de Migración, de acuerdo con lo señalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (cidh) en sus informes.

A ello se agrega la existencia de una amplia red de organizaciones dedicadas al tráfico de migrantes, cuyo radio de acción cubre rutas marítimas, aéreas y terrestres, y se extiende y abarca a los países de origen y tránsito de sus víctimas, alcanzando su brazo delictivo a las naciones de destino del transmigrante.

La cidh ha efectuado en México investigaciones de campo y ha elaborado informes periódicos que registran la magnitud del problema y la violencia continua en contra del migrante transnacional irregular.

Organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch12 llevan a cabo sus propias investigaciones y producen sus propios reportes, mismos que coinciden con los resultados obtenidos por la cidh y conducen a una seria preocupación por el trato infrahumano que recibe por parte de delincuentes y autoridades la persona que decide abandonar su lugar de origen para alejarse de un clima perenne de agresiones, y que solo encuentra un ambiente idéntico o peor en otro territorio.

En un informe reciente la cidh registra la participación del crimen organizado y, en especial, de los cárteles del narcotráfico, en la victimización del migrante irregular. De esta suerte, dicho documento pone de relieve lo siguiente:

El involucramiento de organizaciones criminales en el negocio de la migración irregular se explica por los altos beneficios que genera esta actividad, en comparación con el bajo nivel de riesgo que implica para estas organizaciones la comisión de delitos en contra de los migrantes. En la actualidad, la migración transnacional irregular representa una de las principales fuentes de ingreso para el crimen organizado en México y en la región. A su vez, factores como el amplio alcance transnacional de estas organizaciones, la convergencia entre las rutas migratorias y las rutas de tráfico de drogas y de armas, así como la colusión de diversas autoridades estatales, han facilitado la incursión de las organizaciones criminales en un negocio que anualmente les reporta millones de pesos y de dólares: la explotación de la migración irregular.13

Un elemento que incrementa el interés por la explotación del migrante y que se agrega a las ganancias económicas que obtiene el crimen organizado con el tráfico de transmigrantes tiene que ver, como lo señala la cidh, con ciertos beneficios colaterales, como poder obligar a los migrantes a transportar droga a Estados Unidos o, en el caso de migrantes desprovistos de recursos financieros para pagar el rescate por su secuestro, someterlos a trabajos forzados como castigo.14

Una tragedia mayúscula que envuelve a la migración transnacional irregular guarda relación con la situación de desamparo que sufren los niños y adolescentes no acompañados. La migración infantil que se origina en América Central y se traslada, en una primera instancia, a territorio mexicano, obedece a una variedad de motivos. Pero un resorte que impulsa la movilidad de niños y adolescentes es el grave riesgo que, de manera continua, padecen al enfrentar el reclutamiento forzado que les obliga, so pena de muerte o extorsiones y tormentos físicos, a ingresar a las filas del crimen organizado transnacional o a incorporarse a las pandillas de delincuentes como la Mara Salvatrucha.

En el caso de las niñas y las adolescentes el miedo se asocia con el acoso, los abusos y las violaciones sexuales, así como con la explotación por parte de las redes de trata de mujeres en complicidad con grupos vinculados al narcotráfico. Todo esto conduce a una obligada movilidad que las desplaza a otras localidades en donde el terror cotidiano no sea el patrón de vida que las atormenta constantemente.

Sin embargo, la vulnerabilidad de estos menores no acompañados en su tránsito por territorio mexicano no ha concluido, en definitiva, por el solo hecho de haber abandonado su lugar de origen. En su larga y penosa travesía, niños, niñas y adolescentes no acompañados habrán de quedar expuestos a vejaciones de la más variada naturaleza: podrán ser víctimas del crimen organizado, ya sea por la vía del secuestro, de la extorsión, de la trata de personas, de la explotación sexual o del trabajo forzado. En más de un caso, esas vejaciones cuentan con la complicidad de las autoridades locales.

De acuerdo con un estudio reciente del Senado de la República, la crisis de los niños migrantes inicia, en su manifestación más explosiva, en 2011, y cobra mayor fuerza anualmente, alcanzando niveles alarmantes. En efecto, el estudio del Senado indica que:

El número de niños no acompañados y separados que llegaron a Estados Unidos, principalmente provenientes de México, Honduras, El Salvador y Guatemala, ha aumentado exponencialmente. Las estadísticas dan cuenta de ese dramático aumento: en el año 2011 fueron interceptados en la frontera norte de nuestro país 4 mil 50 infantes no acompañados; en 2012 se detuvieron 10 mil 400 menores; para 2013 las autoridades migratorias estadounidenses aprehendieron a 21 mil 500 y en 2014 se alcanzó la cifra récord: 57 mil menores no acompañados detenidos por la Patrulla Fronteriza.15

Un dato muy preocupante, incluido en el estudio del Senado de la República, señala que el Instituto Nacional de Migración (inm) reportó que, entre octubre de 2014 y abril de 2015, Estados Unidos detuvo a 74 mil 448 niños migrantes, y México a 92 mil 889. El inm también informa que solo en los primeros cuatro meses de 2015, México deportó a 51 mil 565 niños migrantes, lo que, comparado con la cantidad de 28 mil 736 deportaciones registradas en el mismo periodo de 2014, representa un aumento del 80%.16

No es inútil recordar que todos esos menores no acompañados, deportados por México o por Estados Unidos, regresan a su lugar de origen —Guatemala, Honduras, El Salvador— para encontrarse de nueva cuenta con el infierno del que inicialmente habían huido.

Esos niños migrantes irregulares no tenían como propósito permanecer en territorio mexicano. Su intención era asilarse en Estados Unidos. Sin embargo, las autoridades mexicanas optan por arrestar y deportar a la mayoría de los infantes centroamericanos en lugar de ofrecerles protección y auxilio, reconociendo, en los casos pertinentes, su calidad de refugiados.

Habría que explorar las razones del Gobierno mexicano para detener, en su propio territorio, a niños migrantes no acompañados cuyo objetivo único no es radicar en este país, sino trasladarse a Estados Unidos para buscar refugio y asilo. Habrá quien sospeche que las autoridades de nuestro país decidieron asumir como problema propio algo que es fundamentalmente un asunto estadounidense. Con ello México adquirió, de manera gratuita, un tema de graves consecuencias humanitarias, con los costos políticos correspondientes.

Otro asunto que tiene un vínculo con la migración transnacional es el cambio climático. A pesar de que América Central aporta una mínima parte de gases de efecto invernadero, es una de las regiones más vulnerables del planeta a las consecuencias negativas del cambio climático. La paradoja es que quienes menos han contribuido a generar el problema son los que habrán de sufrirlo mayormente.

La región centroamericana ya padece, como resultado del cambio climático, prolongadas sequías, tormentas tropicales, serias inundaciones, un incremento en la temperatura, modificaciones a los patrones de precipitación pluvial, una elevación del nivel del mar y los efectos nocivos del fenómeno de El Niño.17

Otro tema que afecta profundamente a Centroamérica y que tiene secuelas importantes en la migración transnacional irregular tiene que ver con los desastres naturales. Como se indica en el ya citado estudio del Senado mexicano:

Los desastres naturales han jugado un papel importante en las migraciones centroamericanas, ya que en 1998, por ejemplo, el paso del huracán Mitch devastó económicamente a países como Honduras, Nicaragua, El Salvador y Guatemala, originando un nuevo flujo de movilidad humana hacia el norte del continente. A pesar de la situación de emergencia, Estados Unidos concedió pocas visas humanitarias. En consecuencia, la mayoría de los migrantes optaron por ingresar a ese país de manera ilegal, empleando a México como un puente. Otros ejemplos han sido el terremoto en El Salvador en 2001 y el huracán Stan en 2005, que dañó a El Salvador, a Guatemala y —en menor medida— a Nicaragua, a Honduras y al sur de México, generando de esta suerte un mayor desplazamiento de la población de esos países hacia el norte.18

La violencia doméstica que afecta a la población de los tres países integrantes del Triángulo del Norte, las consecuencias negativas que produce el cambio climático en América Central, y los periódicos desastres naturales que han asolado a esa región, constituyen una dramática combinación de factores que conducen a una importante movilización de migrantes irregulares que buscan refugio al norte del continente. El crimen organizado transnacional, al aprovechar este fenómeno migratorio para sus actividades delictivas, acarrea una afectación del interés nacional de México, generando un serio peligro para su seguridad pública y ciudadana, y provocando un indudable riesgo geopolítico.

Un fenómeno que no ha sido lo suficientemente explorado tiene que ver con la deportación de mexicanos y nacionales de los tres países del Triángulo del Norte que han sido condenados por la comisión de delitos y expulsados a su lugar de origen por las autoridades estadounidenses. Para dar datos recientes, entre 2011 y 2013 dichas autoridades deportaron a México a 442 mil personas con antecedentes penales. A los tres países del Triángulo del Norte les correspondió un total de 107 mil nacionales expulsados. Esto significa un total de 549 mil individuos deportados a su país de origen bajo el rubro de criminales.19

Como consecuencia de esas deportaciones, las dos pandillas más importantes, originalmente radicadas en Los Ángeles —la Mara Salvatrucha y el Barrio 18—, se han convertido en los dos grupos delictivos transnacionales más importantes del Triángulo del Norte, con un contingente criminal de aproximadamente 100 mil integrantes.20

Un problema grave para los cuatro países destinatarios de las deportaciones es la falta de información, por parte de las autoridades estadounidenses, en torno a los antecedentes penales de cada uno de los deportados. Tampoco se proporcionan datos que identifiquen al deportado como pandillero o miembro del crimen organizado transnacional. El fbi solo aporta información sobre antecedentes penales con base en una solicitud expresa de la autoridad correspondiente.21

 

III. Un futuro incierto y una propuesta

 

En un plazo inmediato no hay solución mágica que resuelva en su totalidad el problema del crimen organizado transnacional y el tráfico ilícito de drogas. A mediano y largo plazos un programa político y económico que comprometa eficazmente a los Estados involucrados en el problema —México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Colombia y Estados Unidos— ayudará a reducir la actividad de la delincuencia transfronteriza. Se requiere, como medida urgente, la implantación de un Estado de Derecho confiable en la región, con instituciones gubernamentales y ciudadanos que respeten el principio de legalidad, y con unas autoridades que cubran, en forma legítima y democrática, los vacíos de poder abandonados por el narcotráfico, sin corruptelas ni impunidad.

Una efectiva colaboración entre los servicios de inteligencia y seguridad de los Estados de la región —lo cual incluye de nuevo a Guatemala, Honduras, El Salvador, Colombia, México y Estados Unidos— será un factor indispensable para proteger a los individuos de los maleficios que produce el tráfico ilícito de drogas.

Adicionalmente, un mecanismo obligado será instalar un sistema transnacional, con la participación de ministerios de hacienda y bancos centrales, que detecte y confisque, con oportunidad, los recursos financieros del narcotráfico, e implante instrumentos eficaces para el control del lavado de dinero.

Un coadyuvante esencial para la reducción del crimen organizado descansa en la creación de instituciones políticas sólidas y en el impulso al desarrollo económico y social de la región, para lo cual se requiere un grado superior de presencia y funcionalidad de los sistemas de cooperación internacional que operan en el área. Solo así se habrá de desterrar la violencia, la migración forzada, la preeminencia del crimen organizado transnacional y, en fin, algunos de los riesgos geopolíticos que enfrenta México.  EstePaís

1 Joaquín Villalobos, “Bandidos, Estado y ciudadanía”, Nexos, enero de 2015.

2 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), “Delincuencia organizada transnacional en Centroamérica y el Caribe: Una evaluación de amenazas”, 2012, p. 13.

3 UNODC, op. cit., p. 43.

4 US: Areas of Influence of Major Mexican Transnational Criminal Organizations, DEA Intelligence Report, julio de 2015, p. 2. Traducción del autor.

5 Ib., p. 4.

6 UNOCD, op. cit., pp. 19-20.

7 Joaquín Villalobos, “Centroamérica: Zetas, mara y violencia”, El País (Tribuna), 20 de junio de 2011.

8 UNODC, op. cit., p. 67.

9 Joaquín Villalobos, “El infierno al sur de México”, Nexos, septiembre de 2014.

10 UNODC, op. cit., pp. 62-63.

11 Michael Shifter, “Countering Criminal Violence in Central America”, Council Special Report, núm. 24, abril de 2012, p . 21.

12 Ver Human Rights Watch, “Puertas cerradas: El fracaso de México en la protección de niños refugiados y migrantes de América Central”, marzo de 2016; Amnistía Internacional, “Los retos de México en materia de derechos humanos” y “Migrantes en movimiento en México”.

13 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana en México, 2013, p. 51, §. 101.

14 Ib., p. 52 § 102.

15 Senado de la República, México en la encrucijada: Implicaciones internas e internacionales de la migración, Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, noviembre de 2015, pp. 52-53.

16 Ib., p. 53.

17 Cepal, La economía del cambio climático en Centroamérica, 2010, pp. 13-15.

18 Senado de la República, op. cit., p. 45.

19 Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, “Estadísticas de la Oficina de Migración”, 2015.

20 Steven Dudley, Transnational Crime in Mexico and Central America, Woodrow Wilson Center, 2012, p. 9.

21 Ib., p. 9.

_____________

BERNARDO SEPÚLVEDA AMOR es jurista, político y diplomático. Fue secretario de Relaciones Exteriores durante el sexenio de Miguel de la Madrid. Ha sido embajador de México en Estados Unidos y el Reino Unido. Entre 1997 y 2005 fue miembro de la Comisión de Derecho Internacional de la ONU. Fue juez de la Corte Internacional de Justicia de 2006 a 2015, y vicepresidente de la misma de 2012 a 2015. Actualmente se dedica a la resolución de disputas por la vía del arbitraje internacional.